El 1 de mayo de 1853 en Santa Fe se sancionó la Constitución Nacional. Desde esa fecha comenzó a regir la tercera y más estable Carta Magna del país, después de los proyectos fallidos de 1819 y 1826. Esta permitió abrir la etapa de la organización nacional y gracias al cual pasó a elegirse un presidente electo cada seis años, sin reelección inmediata, y a través de un colegio electoral. La Confederación Argentina no incluyó a Buenos Aires, que quedó como un estado independiente hasta 1860.

Trascurridas dos décadas de régimen autocrático, Justo José de Urquiza retomó el tema con su Pronunciamiento en Concepción del Uruguay el 1° de Mayo de 1851, un acto insurreccional con el cual comunicó a Juan Manuel de Rosas que su provincia, Entre Ríos, reasumía la soberanía territorial incluyendo las relaciones exteriores, apartándose del gobierno de Buenos Aires; aclarando que tal decisión duraría hasta la reunión del Congreso General Constituyente para la organización definitiva de la Nación.

Este alzamiento fue completado meses después por el propio Urquiza enfrentando a Rosas en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, que culminó con su derrocamiento. Con este triunfo pudo proseguir con lo enunciado en su Pronunciamiento, invitando a los demás gobernadores a una reunión preliminar para definir y acordar la organización constitucional. Esta reunión se celebró en San Nicolás de los Arroyos, donde se trataron los puntos preparados por el propio Urquiza, firmándose el histórico Acuerdo el 31 de Mayo de 1852, sirviendo el Pacto Federal de 1831 de acuerdo base. Con ello, se inició el camino directo al Congreso General Constituyente que se reuniría seis meses después en Santa Fe. La provincia fue elegida por su gravitación histórica, su ubicación geográfica y su pronta adhesión a las ideas que llevaron a la victoria del general Justo José de Urquiza en los campos de Caseros.

Se determinó que cada provincia enviaría dos diputados a la asamblea constituyente “siendo todas iguales en derechos, como miembros de la Nación”. Se creó una autoridad nacional y fuerza militar, comprometiéndose las provincias a “sufragar los gastos que demande la administración de los negocios nacionales”. Se nombró al General Urquiza director provisorio, encargado de las relaciones exteriores y de velar por el cumplimiento del qcuerdo. Se facultó al Congreso General Constituyente a arreglar la administración general del país a través de una constitución que estableciera el sistema federal como forma de gobierno.

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Fueron el Acta de la Independencia Nacional de 1816 y el Pacto Federal los hitos más significativos; y el Acuerdo de San Nicolás como resultante, los puntos esenciales que facilitaron las coincidencias necesarias, en cuanto a organización política, para la redacción de la Constitución Nacional, dejándose atrás un largo período de acuerdos facciosos. No lo entendió así la provincia de Buenos Aires, celosa defensora de su monopolio comercial, que resolvió, con Bartolomé Mitre a la cabeza, no adherir al Acuerdo por considerar excesivas las atribuciones que se conferían a Urquiza. En el fondo, Buenos Aires se resistía a perder el dominio comercial que le daba el puerto.

La reacción del entrerriano contra la Legislatura porteña provocó el alzamiento del 11 de noviembre de 1852, que se concretó en el acto oficial de separación de Buenos Aires de las 13 provincias. Siendo la ciudad de Santa Fe sede designada para la reunión, el Congreso celebró allí su reunión inaugural el 20 de noviembre de 1852, con la presidencia de Facundo Zuviría, Manuel Leiva como vicepresidente, y Juan Francisco Seguí y Delfín Huergo como secretarios. En ese acto, jurando por Dios y los Evangelios, comprometiendo su esfuerzo “para dar a la Nación la Constitución más conforme a sus necesidades y a sus votos”, comenzaron las sesiones.

En la sesión del 24 de diciembre se designó la Comisión de Negocios Constitucionales encargada de estudiar y redactar el proyecto de constitución. La integraron los diputados constituyentes Manuel Leiva, Juan María Gutiérrez, José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero y Pedro Ferré. Luego se incorporaron Santiago Derqui, Juan del Campillo, Martín Zapata; Ferré fue reemplazado por Salustiano Zavalía. Lamentablemente, no se conservaron papeles ni borradores de sus sesiones, aunque sí trascendieron algunas ideas generales.

El proyecto terminado de 107 artículos y un preámbulo, fue presentado el 18 de abril por la Comisión redactora, acompañándolo de un extenso informe explicativo, siendo sus expositores Gorostiaga y Gutiérrez. Allí quedó definida la forma de gobierno representativa, republicana y federal para la organización del estado argentino, admitiéndose la facultad de las provincias de darse su constitución, sus leyes, sus instituciones y elegir sus gobernantes; como así también conservar competencias y ceder otras para la conformación del Gobierno Federal.

Se puso emotivo énfasis al destinar la primera parte a las declaraciones, derechos y garantías, que, en su conjunto, representaba la filosofía e ideología del nuevo Estado. De inmediato dio comienzo la discusión por el cuerpo en pleno, con una significativa afirmación del diputado Gorostiaga: “El proyecto está vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos, único modelo de verdadera federación que existe en el mundo”. Luego se verá que nuestra Ley Suprema no respondió a afirmación tan contundente, pues adoptó un federalismo atenuado, siguiendo el sabio realismo de Juan Bautista Alberdi.

Con algunas aclaraciones, escasas discusiones y modificaciones, el debate terminó el 30 de abril y la Constitución Nacional ya redactada fue firmada el 1° de mayo.

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