La Justicia fijó para esta semana la audiencia oral en la que se definirá si los rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa reciben el beneficio del arresto domiciliario o continúan en prisión.
La justicia definirá esta semana si los rugbiers recibirán prisión domiciliaria

La Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores fijó para el 19 de marzo la audiencia en la que el juez deberá resolver si confirma o modifica las prisiones preventivas de los ocho rugbiers detenidos por el crimen ocurrido en enero en Villa Gesell.
Además, el tribunal autorizó la televisación de la audiencia por parte de un canal local a pedido de la defensa de los imputados. De la audiencia se espera que participen los ocho imputados detenidos; su abogado defensor, Hugo Tomei; el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, en representación del Ministerio Público Fiscal; y los abogados del particular damnificado, Fernando Burlando y Fabián Améndola.
Además, la Cámara aconsejó a la defensa que evalúe si es necesario que también estén presentes los otros dos imputados sin prisión preventiva en el marco de la investigación, Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.
En la jornada deberá tratar la recusación de la fiscal de instrucción Verónica Zamboni y las nulidades de las indagatorias realizadas el día de la detención de los imputados y todo lo actuado desde entonces.
También se pondrá en consideración el pedido de la defensa respecto de morigerar la prisión preventiva de los rugbiers con una prisión domiciliaria. Al respecto, el juez Mancinelli ya recibió los informes de la Dirección de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que indican que los domicilios propuestos por los imputados son aptos para un eventual arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Esto, no obstante, no significa que se les vaya a otorgar el beneficio.
De todos modos, el magistrado también espera los informes socioambientales que ordenó a la Asesoría Pericial del Departamento Judicial Zárate-Campana para conocer quiénes viven en los domicilios de cada imputado y quiénes serían eventualmente los tutores de conducta, qué dinámica familiar existe y la situación habitacional y laboral del grupo.