A días de cumplirse nueve años de la desaparición de Natalia Acosta en el centro de Santa Fe, la Fiscalía Federal N° 2 de Santa Fe, a cargo de Walter Rodríguez, indicó en qué estado se encuentra la causa que tiene detenida a una persona desde el 2017. El caso se remonta al 29 de mayo de 2009 cuando la joven, en momentos en que ejercía la prostitución, desapareció en la esquina de 25 de Mayo y Suipacha.

Mediante un comunicado oficial, el organismo judicial explicó, paso por paso, qué procedimientos se efectuaron y qué tipo de pruebas se recolectaron desde el inicio de la investigación.

En este sentido, se aclaró que se recibió un total de 24 declaraciones testimoniales a personas que, en su mayoría, nunca habían sido convocadas. A su vez, a partir del análisis de cinco líneas telefónicas consideradas vitales para la investigación, "se conformó un mapa geográfico que consignó la ubicación física de sus usuarios en períodos críticos, además de incorporarse los listados de llamadas entrantes y salientes omitidos y, una vez incorporada la información necesaria, se amplió el entrecruzamiento de abonados totalizando aproximadamente 2.600 líneas telefónicas".

"Se efectuaron dos peritajes técnicos sobre el aparato de telefonía celular de Natalia Acosta (en su poder al momento de la desaparición), que originariamente fue suspendido al no lograrse el encendido del equipo", precisaron desde la Fiscalía.

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Por su parte, el comunicado aclaró que la investigación se dividió en dos líneas: la principal, donde se persiguió establecer un hecho imputable y sus responsables, y otra paralela bajo la denominación "legajo de identificación". En la segunda se realizaron las siguientes medidas:

-Se solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación el cotejo de las huellas dactilares de Natalia Acosta con las obrantes en su base de datos bajo la denominación NN (personas no identificadas), por cuanto la medida no se había practicado con anterioridad (y sigue vigente ante el eventual ingreso de nuevos registros).

-Se solicitó a todos los gobernadores del país y al jefe de Gobierno CABA que canalicen los pedidos de informes a las morgues y cementerios de su jurisdicción, policías provinciales y órganos de asistencia a la víctima (sus resultados todavía se encuentran incompletos).

-Se tomaron muestras a los padres de Natalia para eventuales cotejos de ADN, que podría ejecutarse por primera vez si el Cuerpo Médico Forense de la Justicia nacional obtiene información genética en el marco de un caso actualmente en trámite ante la Fiscalía de Homicidios del MPA de Santa Fe.

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Sobre los posibles autores del hecho investigado, desde la Fiscalía remarcaron que se promovió la declaración indagatoria de Osvaldo Gabriel Cerri, al tiempo que en su domicilio particular -en avenida General Paz al 7300- se efectuaron excavaciones con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense. "En su consecuencia, ante el hallazgo de prendas de vestir enterradas, se ordenaron diligencias tendientes a lograr la decodificación de perfiles genéticos con fines comparativos, además de encontrarse pendiente el reconocimiento físico de la ropa por parte de los familiares directos de la víctima", detalló el comunicado.

En otro de los puntos explicativos, la Fiscalía señaló que el 28 de diciembre de 2017 el juez interviniente dictó el auto de procesamiento y prisión preventiva de Osvaldo Gabriel Cerri por el delito de trata de personas agravado, confirmado el 10 de mayo por la CFAR, en ocasión de acoger favorablemente el pedido de profundizar la pesquisa contra los sujetos señalados por la parte querellante (con asistencia letrada de la DGN) y atender la solicitud de llamar a prestar declaración indagatoria a Juan Carlos Cisneros y Marcelo Boscarol.

Por último, el organismo judicial aclaró que "durante el mes de enero del corriente año puso a consideración de Osvaldo Gabriel Cerri y su defensa las herramientas procesales reguladas por la ley 27.304 (figura del arrepentido), sin recibirse hasta hoy una respuesta favorable en el sentido indicado".