Un grupo de accionistas se presentó en la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario para solicitar “ser admitidos como querellantes por considerarse víctimas de las maniobras defraudatorias de los miembros del directorio que llevaron a la empresa al default” a finales de 2019.

El tema es que ahora la empresa deberá transitar la apelación en Cámara a la decisión del juez Lorenzini de decretar el cram down con un frente interno en la que existen opositores, que además se manifestarán a favor de que el proceso de salvataje avance, porque entienden que ninguna solución cierta puede existir de parte de aquellos que defraudaron a propios y ajenos,

A raíz de esto, acreedores de Vicentin evalúan presentar una denuncia contra la camarista María Eugenia Chiapero por entender que, aún cuando formalmente se excusó de intervenir en la causa, existirían evidencias de que estaría intentando influir sobre sus colegas de sala en favor de la aprobación de la propuesta rechazada por Lorenzini.

A estas denuncias debe agregarse la cuestión que argumentan los acreedores de que su intervención no se basaría solo en una cuestión de amistad con alguno de los miembros de la empresa, sino que su interés radicaría en que su esposo Julio Godoy sería socio de algunos de ellos y de sus familiares en distintos negocios, como por ejemplo en la sociedad Los Amores de Vista Flores SA.

En otro orden de cosas, el sindicato de Aceiteros de General Obligado intimó por carta documento a Belen Gianeschi a que se retracte por decir en la prensa que “el sindicato es mojado por alguien políticamente más arriba” en el marco de una marcha convocada contra el juez Lorenzini por rechazar la propuesta de pago de la empresa y decretar el cram down.

Gianeschi es miembro de la familia dueña, como otros que ocupan cargos en la administración de la aceitera y sobre los que pesa la afirmación de que envalentonan al personal para que marche en defensa del directorio de la compañía.

“Dicen que el gremio no se pronunció, pero sí se pronunció. El sindicato observó críticamente la propuesta de pago porque no contempla futuro para el nodo norte”, cuenta el abogado del sindicato, Sebastián Spiller. “La propuesta de pago deja librada a su suerte las instalaciones del norte. Por eso no queríamos la homologación, que para el nodo norte solo hablaba de tomarse 150 días para ver qué hacer”, insiste el abogado.

En lo que hacen hincapié los acreedores es que las marchas en favor de la oferta de Vicentin se realicen en Avellaneda no se explica sin la motivación de accionistas y familiares del directorio.

“Una de las razones de Lorenzini para no homologar fue que, como señala en su escrito, que no contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cuál será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda. Por eso estamos satisfechos de que el juez señalara que la propuesta debe contemplar todos los activos porque es una sola empresa. Y de esa forma sí estamos defendiendo a todos los trabajadores”, concluyó Spiller.