Romeo Díaz Duarte, el abogado defensor de Alberto Martínez, el líder de la agrupación policial Apropol y actualmente imputado en la causa que investigó el alzamiento policial del 2013, dijo que no está acreditado que los mensajes que le envió su defendido al exgobernador, Antonio Bonfatti, se puedan configurar como amenazas.

Sus dichos fueron en el marco de la formulación de elevación a juicio que presentó el fiscal federal N° 1 de Santa Fe, Gustavo Onel, ante el juez Reynaldo Rodríguez para que la causa sea trasladada al Tribunal Oral Federal para su posterior juicio.

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Martínez, junto a tres exsargentos de la fuerza, Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani, fueron acusados de haber instigado y arengado el conflicto para lograr una recomposición salarial de parte del gobierno provincial.

En este sentido, el defensor del líder de Apropol, sostuvo: "Esto fue una maniobra política que se judicializó. Pareciera que todo tiene un tinte político. Estamos dispuestos con nuestras herramientas jurídicas a dar frente a esta cuestión", explicó el letrado a UNO en la Radio por FM Sol.

Sobre las amenazas al entonces gobernador Bonfatti, el abogado destacó que no existe ningún tipo de delito en esos mensajes que le envió su defendido al primer mandatario santafesino en pleno conflicto policial. "Si usted analiza el texto concreto me va a decir: "¿dónde están las amenazas?" y en ningún lado puede advertir que hubo amenazas y menos amenazas coactivas. Usted puede decir, quien habla es un guarango, perfecto, que denostó la figura del gobernador, sí, puede ser, pero para eso hay una Justicia contravencional. Pero de ahí al delito de amenazas coactivas hay una distancia muy grande".

—Si usted tuviera que relatar qué fue lo que sucedió en 2013, ¿cómo lo describiría?

—Yo contaría que lo del 2013 ha sido una criminalización de la protesta social sindical de un sector de la sociedad que venía realmente muy vapuleado. En ese año, los salarios de la policía eran muy malos, terribles. Lo pueden decir los mismos agentes. La provincia no escuchó a esas personas que venían dialogando y pidiéndole por favor una recomposición, cristalizar un salario que medianamente pudiera ser digno y que por lo menos cubra las necesidades. El derecho a la protesta social es un derecho constitucional. Estos conflictos sociales no se pueden profundizar de esta manera. El Estado los debe solucionar y no de esta manera. Esta gente el único medio idóneo que encontró fue este.

"Camioneros hace paros, otros gremios interrumpen la libre circulación, las protestas sociales en la autopista o en cualquier sector de la ciudad interrumpen el tránsito y muchas veces hay que ser tolerante. No he visto que haya otra causa en la Justicia Federal respecto a estas cuestiones, solamente la de los policías", cuestionó el defensor.

Por otro lado, criticó la acusación del fiscal al sostener que "habla de un arrancamiento. Los decretos no se arrancan, los decretos son analizados por Fiscalía de Estado y luego de eso, si es aprobado, el gobernador los dicta. Entonces, si el gobernador mismo ha dictado ese decreto, cómo va haber un "arrancamiento", cuya palabra fue utilizada por la Fiscalía. Es un absurdo esto".

"En algunas provincias se han desactivado esas causas y acá siguen presentes. Es decir que hay una animosidad política", agregó Díaz Duarte.

Por último, recordó: "El personal policial en todo momento garantizó el servicio mínimo, nunca se interrumpió el servicio policial, eso me gustaría que el fiscal lo dijera. Entonces con los médicos ocurre lo mismo. He visto médicos que protestan y usted dice: "tienen que cubrir, es el tema de la salud", pero sí, si le garantizan el servicio mínimo".

"Acá que no se asombren si hubo robos o saqueos. Acá, con policías, con Gendarmería hay robos, saqueos, búnkeres de droga y de todo en Santa Fe. Entonces que no venga el gobierno de la provincia con esa letra barata que realmente como ciudadano no se la puedo permitir", sentenció.