El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe resolvió hacerse cargo de los gastos de la defensa legal de los seis policías imputados en la causa que investiga la muerte de Mauro Daniel González, de 35 años, ocurrida el 17 de enero pasado en la Comisaría Octava de la ciudad de Santa Fe.

Según indicaron fuentes de la cartera provincial, la decisión fue adoptada con el objetivo de "acompañar" a las familias de los efectivos detenidos, al considerar que el hecho investigado ocurrió mientras cumplían funciones de servicio.

Los seis agentes fueron arrestados por orden del fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández, y el pasado viernes fueron imputados durante una audiencia realizada en los tribunales santafesinos.

Imputaciones

En la causa se encuentran imputados L. A., M. D., F. S. A., S. D. B., S. P. y J. C. B., quienes fueron asistidos por distintos abogados particulares.

Cinco de ellos —M. D., L. A., S. D. B., F. S. A. y S. P.— fueron imputados por el delito de tortura seguida de muerte, un delito cuya pena máxima es la prisión perpetua. En tanto, J. C. B. fue acusado por vejaciones calificadas.

La investigación tendrá un nuevo capítulo este miércoles, cuando se lleve adelante la audiencia de medidas cautelares. En esa instancia, la Justicia resolverá si los seis imputados continúan detenidos con prisión preventiva o si transitan el proceso bajo otras medidas.

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La investigación

La causa se originó a partir de la muerte de Mauro Daniel González, ocurrida el 17 de enero, luego de ser detenido por personal policial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación, ese día, alrededor de las 14.30, González se encontraba en la zona de Chaco y Hermanos Figueroa, en barrio Yapeyú, atravesando una crisis subjetiva.

Tras un llamado al 911, un móvil policial acudió al lugar y, posteriormente, se sumaron otros efectivos que redujeron al hombre, lo esposaron y lo trasladaron en un patrullero.

Según la Fiscalía, durante el procedimiento no se aplicaron los protocolos previstos para intervenir en situaciones que involucran a personas con padecimientos mentales o consumos problemáticos.

La acusación sostiene que, durante el traslado por distintos sectores de la ciudad, González recibió múltiples golpes que le provocaron lesiones de gravedad y lo dejaron inconsciente.

Posteriormente fue alojado en un calabozo de la Comisaría Octava, donde habría vomitado y sufrido una asfixia como consecuencia de su estado físico.

Horas más tarde, cuando un fiscal de turno dispuso su libertad, los policías acudieron a notificarlo y constataron que ya no presentaba signos vitales.

La causa continúa bajo la órbita del fiscal Ezequiel Hernández, quien sostiene que existen elementos suficientes para atribuir responsabilidades penales a los seis efectivos involucrados en el procedimiento.