El juez Nicolás Falkenberg ordenó bloquear la salida de la Argentina para Camila Dos Santos Rizzi, implicada en las presuntas estafas de la constructora de Facundo Zuviría al 6.600. La fiscal Jésica Bernard y la querella habían logrado extender las cautelares sobre los bienes de la firma. El caso fue archivado por el fiscal Grimberg, pero Cecilia Vranicich ordenó su reapertura.
18:23 hs - Viernes 26 de Junio de 2026
La megacausa penal que investiga las presuntas estafas inmobiliarias cometidas por la constructora de viviendas prefabricadas Moderno House en la ciudad de Santa Fe sumó una resolución clave este viernes en los Tribunales santafesinos.
Este viernes 26 de junio de 2026, el juez de Primera Instancia, Nicolás Falkenberg, dictó de manera formal la prohibición de salida del país para Camila Dos Santos Rizzi, una de las principales investigadas y señaladas como el cerebro financiero de la firma comercial que operaba sobre la avenida Facundo Zuviría al 6600.
La medida del magistrado santafesino fue comunicada con carácter de urgencia a la Dirección Nacional de Migraciones para bloquear de forma inmediata cualquier puesto fronterizo, terminal aeroportuaria o fluvial. Debido a que Dos Santos Rizzi posee nacionalidad brasileña, Falkenberg le impuso además la obligación de entregar su pasaporte de forma inmediata. Idéntica restricción ya pesaba sobre Néstor Segovia, pareja de la mujer y encargado general de la firma, quien también entregó sus documentos migratorios semanas atrás.
Contratos millonarios y obras fantasmas bajo la lupa de Delitos Complejos
El avance sustancial de la investigación es impulsado por la fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Jésica Bernard, en conjunto con el abogado querellante, Ignacio Chigal, quienes lograron ante el tribunal de alzada la extensión de todas las medidas cautelares sobre los activos de los implicados.
Ambos directivos se encuentran formalmente imputados por el delito de estafas reiteradas. La hipótesis principal de la Fiscalía sostiene que, entre enero de 2021 y mayo de 2024 (fecha de la primera detención de Segovia), la pareja montó una estructura empresarial con una apariencia de solvencia económica y capacidad técnica "pantalla" con el único fin de captar ahorros. Bajo este formato, habrían rubricado decenas de contratos por montos que, a valores nominales de 2024, superaban los 27 millones de pesos, cobrando adelantos y cuotas mensuales por construcciones que sabían de antemano que jamás ejecutarían.
El giro definitivo: el día que la Fiscal General revocó el archivo del caso
El actual escenario judicial de los responsables de Moderno House representa un vuelco radical respecto al estancamiento que sufrió la causa en sus primeros meses. El escándalo estalló formalmente en 2024 con un aluvión de denuncias penales de clientes particulares que veían cómo los lotes permanecían vacíos o con las plateas de hormigón abandonadas.
El fiscal original asignado al expediente, Federico Grimberg, resolvió archivar las denuncias al dictaminar que el conflicto no encuadraba en una estafa del Código Penal, sino que se trataba de un simple "incumplimiento contractual" de órbita civil. Este criterio de archivo fue respaldado en una segunda instancia por el fiscal regional de Santa Fe, Jorge Nessier.
Sin embargo, el abogado querellante Ignacio Chigal impugnó los dictámenes de la cúpula local del MPA y recurrió en queja directamente ante el despacho de la máxima autoridad de la provincia. La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, revocó las resoluciones de Grimberg y Nessier, ordenó el desarchivo total del expediente y reactivó la persecución penal en Delitos Complejos, lo que derivó en las detenciones, la inhibición general de bienes y el actual arraigo obligatorio que hoy mantiene a los directivos cercados por los tribunales santafesinos.