El diputado provincial Fabián Palo Oliver, junto a su asesor legal, el abogado Rodrigo Fernández, formalizó ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe la ratificación del pedido de juicio político contra los jueces que intervinieron en el tribunal de primera instancia en el caso de Juan Trigatti. La acusación sostiene que hubo mal desempeño, falta de imparcialidad y presuntas irregularidades en el tratamiento de la prueba.

Según detalló Fernández, la presentación plantea que los jueces se apartaron de los parámetros legales al momento de evaluar el material probatorio y avanzaron sobre una reconstrucción de los hechos que no se ajustaría a lo ocurrido en la causa. “Se elaboró una base fáctica distorsionada que no refleja lo que surge del expediente”, explicó a LT10.

En ese sentido, el abogado remarcó que la querella considera que existió una parcialidad en perjuicio de las denunciantes, al punto de que en la instancia inicial se dispuso que las madres de las víctimas afrontaran las costas del proceso. “Esto agrava la situación, porque desalienta la denuncia en casos sensibles”, advirtió.

Uno de los puntos centrales del planteo apunta a la teoría utilizada por el tribunal para sostener la absolución en primera instancia. De acuerdo con la denuncia, los jueces basaron su decisión en la hipótesis de una supuesta “sugestión colectiva”, que habría influido en los testimonios. Sin embargo, desde la querella sostienen que esa línea argumental no tuvo respaldo probatorio.

“Se incorporaron elementos que no estaban en el expediente, se modificaron secuencias temporales y se interpretaron comunicaciones de manera arbitraria para sostener esa hipótesis”, indicó Fernández, quien además cuestionó la utilización de enfoques que —según afirmó— carecen de validación forense.

Criterios

El planteo también hace foco en el contraste con lo resuelto posteriormente por el tribunal de alzada, que terminó condenando a Trigatti. Para la querella, esa instancia permitió revisar y corregir los criterios adoptados inicialmente, en especial en relación con la valoración de testimonios obtenidos mediante Cámara Gesell.

“El fallo de primera instancia desestimó relatos de las víctimas apoyándose en criterios ajenos a la práctica pericial”, señaló el letrado, quien subrayó que no se habrían considerado adecuadamente indicadores de trauma presentes en las declaraciones.

Por su parte, Palo Oliver vinculó lo ocurrido con un contexto más amplio dentro del sistema judicial. A su entender, este tipo de resoluciones puede tener un efecto negativo en la confianza de las víctimas al momento de denunciar. “El Estado tiene la responsabilidad de acompañar y garantizar procesos adecuados, no de generar obstáculos”, expresó.

El legislador sostuvo que la gravedad institucional del caso radica en que, de confirmarse las irregularidades señaladas, se estaría ante un accionar que excede un simple error judicial y que amerita la intervención de los mecanismos de control constitucional.

Acusación

Tras la ratificación del pedido, ahora será el tribunal de enjuiciamiento el que deberá analizar la admisibilidad de la acusación y definir los próximos pasos. Entre ellos, se prevé la notificación a los jueces involucrados para que puedan ejercer su derecho de defensa.

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe aún tiene pendiente la resolución de recursos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de Trigatti, en un expediente que continúa generando repercusiones públicas.

Fernández, finalmente, insistió en que la iniciativa no apunta al resultado del fallo en sí, sino a los procedimientos utilizados. “Lo que se cuestiona es la metodología empleada. Cuando aparecen elementos que no están en la causa para justificar una sentencia, corresponde que intervengan los órganos de control”, afirmó.