Luego de un extenso debate oral iniciado el pasado 20 de abril, el tribunal integrado por los jueces Celeste Minniti, Pablo Busaniche y Pablo Spekuljak dará a conocer este jueves a las 12:30 la sentencia en la causa que investiga las presuntas estafas millonarias de la agencia Maros Turismo.

El expediente se inició el 3 de enero de 2017, cuando decenas de damnificados descubrieron que el local de calle 1° de Mayo al 6.900 cerró de forma imprevista dejando sin efecto sus viajes al exterior.

La causa cuenta con más de un centenar de víctimas acumuladas. En el banquillo de los acusados se encuentran la expropietaria de la firma, Marcela Arévalo; su madre y titular registral, Ana Felice; la exempleada Lucila García; y la idónea de la agencia, Ivana Álvarez Flores.

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Las puertas cerradas y falta de respuestas

El origen del conflicto judicial se remonta a los primeros días de enero de 2017, cuando los clientes que habían abonado paquetes turísticos hacia destinos del exterior —muchos de ellos contratados para ser disfrutados durante las vacaciones de verano— se encontraron con las puertas del comercio cerradas y sin respuestas por parte de los responsables. La indignación inicial derivó en una oleada de denuncias policiales y judiciales que expusieron una presunta maniobra sistemática de cobro de señas y pasajes que nunca fueron emitidos ni concretados ante los operadores mayoristas.

A lo largo de los casi diez años de tramitación del expediente, la causa atravesó diversas complejidades procesales, incluyendo la rotación de los fiscales intervinientes y el procesamiento de una copiosa cantidad de prueba documental y testimonial.

La extensión temporal del proceso se convirtió, de hecho, en uno de los ejes centrales sobre los cuales las defensas articularon sus pedidos de sobreseimiento, señalando que el transcurso de nueve años hasta el inicio del debate oral vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Las defensas solicitaron la absolución de las cuatro imputadas y plantearon la prescripción del delito de falsificación de instrumento privado por el paso del tiempo.

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Pedidos de pena de la Fiscalía, Querella y planteos defensivos

Durante la etapa de alegatos de clausura, las partes acusadoras expusieron posturas diferenciadas sobre las responsabilidades penales de cada una de las involucradas:

Posición del MPA: las fiscales Gabriela Arri y Rosana Marcolín solicitaron 9 años de prisión para Marcela Arévalo, 4 años para Lucila García y 3 años de prisión domiciliaria para Ana Felice. En tanto, retiraron la acusación contra Ivana Álvarez Flores al no acreditarse su participación.

Reclamo de las Querellas: los abogados querellantes (en representación de 68 víctimas) pidieron la condena de las cuatro mujeres, solicitando 3 años de prisión para Álvarez Flores al considerarla garante técnica indispensable para el funcionamiento de la firma.

Estrategia de la Defensa: los defensores públicos y particulares exigieron la absolución total de sus representadas y remarcaron que el dilatado plazo de nueve años hasta llegar al juicio oral afectó las garantías del proceso.