El juez federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, citó a indagatoria a su par, Reinaldo Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal N°1 en el marco de una causa que investigó el cobro de bonos defaulteados del 2001 a través de un irregular amparo judicial presentado en el estrado federal, en 2004, por un ingeniero y un abogado de Buenos Aires.

La citación está prevista para el próximo 6 de abril y es en base a la solicitud del fiscal federal N° 2, Walter Rodríguez, quien inició una pesquisa judicial surgida en base a la sentencia dictada en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, donde fueron condenados Miguel Ángel Dubarry y Carlos Mario Clerc, ambos beneficiados por dicho amparo presentado en el juzgado del juez que está bajo la lupa.

En aquel fallo, el tribunal de jueces, compuesto por Luciano Homero Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella, hizo lugar al pedido del fiscal general, Martin Suárez Faisal, que solicitó que se inicie una investigación para determinar si existió delito por parte del juez Rodríguez al hacer lugar al amparo que le permitió cobrar al ingeniero Dubarry y al letrado Clerc, la suma de $649.023,66, lo cual significó un fraude al Estado Nacional.

Los magistrados del Tribunal consideraron que era necesario remitir a primera instancia lo develado en el juicio y que a partir de allí se comience una pesquisa para determinar si el juez Rodríguez brindó privilegios a los hoy condenados para que puedan cobrar ese amparo que fue presentado en suelo santafesino.

El caso

El caso tuvo su inicio en 2005 cuando en aquel entonces el subsecretario legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles, denunció en la Fiscalía Federal N° 1 de Santa Fe, que el ingeniero Dubarry -con el patrocinio legal de Clerc-, pudo cobrar una serie bonos denominados"bocones previsionales".

Dichos bonos pudieron ser cobrados tras presentar un amparo judicial en el Juzgado Federal N° 1 mediante un ardid que tuvo como fin saltar los corralitos financieros establecidos en el 2001 por leyes, decretos y resoluciones del Ministerio de Economía y del propio Estado nacional.

La denuncia sostuvo que el mismo Dubarry, junto con Clerc, litigaron en la ciudad de Santa Fe con el fin de que se dicte una medida que obligue al Estado a que no pesifique los bonos y que abone la suma de 167.067,68 dólares o, en su defecto, que pague en pesos pero al cambio de la fecha, que por ese entonces fue fijada en $1,40.

A raíz de ello, en 2004, Clerc interpuso en el Juzgado Federal N° 1 una acción de amparo para que declare inconstitucional los decretos 471/2002, 316/2002, las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003 y también la ley 25.725, que se oponían al pago de los bonos que fueron adquiridos post crisis 2001.