Judiciales

Condenaron a otros dos integrantes del Comando Radioeléctrico de la Costa

Se trata de Ariel Alejandro Sanabria, de 44 años, y Exequiel Maximiliano Mendicino, de 33. Cometieron ilícitos en 2017

Viernes 05 de Marzo de 2021

Dos policías que integraban el Comando Radioeléctrico de la Costa fueron condenados por ilícitos que cometieron en 2017 mientras cumplían funciones en la ciudad de Rincón. Se trata de Ariel Alejandro Sanabria, de 44 años, y Exequiel Maximiliano Mendicino, de 33. Al primero de ellos se le impuso una pena de seis años y seis meses de prisión, más la inhabilitación por trece años. Por su parte, Mendicino fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo –e inhabilitación por cuatro años–, no obstante, se ordenó que recupere su libertad a raíz de que estaba en prisión preventiva.

De esta manera, los ocho policías que fueron investigados fueron condenados.

Apelación

La sentencia que se conoció este viernes fue resuelta por unanimidad en el marco de un juicio oral y público llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El tribunal estuvo integrado por los jueces Susana Luna (presidente), Rodolfo Mingarini y Pablo Ruiz Staiger.

“Valoramos que los dos acusados fueron condenados”, señalaron los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández. “A Mendicino se le impuso la pena por la autoría del delito de severidades en perjuicio de una de las víctimas, mientras que Sanabria fue condenado como coautor de allanamiento ilegal; falsedad ideológica en instrumento público; vejaciones; severidades; apremios ilegales; amenazas coactivas; y privación ilegítima de la libertad”, precisaron.

No obstante, los representantes del MPA manifestaron que “las penas no fueron por todos los hechos ilícitos que les habíamos atribuido”.

También aclararon que “en relación a algunos de los hechos ilícitos por los que fueron acusados tanto Mendicino como Sanabria, el tribunal resolvió absolverlos”. Agregaron que “en relación a otros ilícitos, los jueces no receptaron la calificación legal que habíamos propuesto desde la Fiscalía, fundamentalmente las de los delitos de tortura”.

“Aguardaremos los fundamentos del tribunal”, sostuvieron los fiscales Jiménez y Hernández, pero adelantaron: “Apelaremos el fallo. Lo haremos respecto de las calificaciones que decidieron adoptar los jueces y por la autoría de algunos de los delitos que los magistrados consideraron que no se acreditaron en el debate”.

Vulnerabilidad

“En noviembre de 2017 se inició una investigación a ocho policías que cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico de la Costa”, explicaron los fiscales Hernández y Jiménez. “A partir de la previa distribución y asignación de tareas, los policías investigados vulneraron múltiples derechos constitucionales de gran cantidad de víctimas”, precisaron.

“Entre las víctimas hay mujeres, niños y personas con discapacidad", sostuvieron los funcionarios del MPA y añadieron que "los acusados actuaron con desaprensión hacia la integridad física, la libertad y la propiedad de otras personas, y lo hicieron a través de los conocimientos y de las herramientas de trabajo que les fueron provistas por el Estado”.

Los fiscales a cargo de la investigación explicaron que “los agentes policiales insertaban declaraciones falsas en las respectivas actas de procedimiento luego de cometer los delitos, con la clara intención de ocultar los ilícitos que habían cometido”.

“Los instrumentos que se falsearon en casi la totalidad de los hechos son actas de procedimiento, es decir, documentos que tenían como fin anoticiar a la Justicia Penal de la probable comisión de hechos ilícitos” añadieron Hernández y Jiménez.

Los fiscales valoraron la decisión de las víctimas y subrayaron que “a pesar de que muchas de ellas tenían miedo por lo que había ocurrido, todas brindaron su testimonio”. También destacaron que “se trata de personas muy vulnerables y que tienen dificultades para trasladarse hasta los tribunales locales y, sin embargo, cumplieron y declararon”.

Una mujer que fue víctima del accionar del personal policial se constituyó como querellante en la investigación. Tuvo la representación de las abogadas Vivian Galeano y Laura Gerard de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Centro de Asistencia Judicial.

Subjefa

En el marco de la misma investigación, ya fueron condenadas las otras seis personas que fueron investigadas. Una de ellas es la subcomisaria Nadia Lucrecia Soperez, de 38 años. Se le impuso una pena de ocho años y seis meses de prisión por delitos que cometió mientras se desempeñaba como subjefa del Comando Radioeléctrico de la Costa.

La condena impuesta a Soperez es por la coautoría de los delitos de tortura; apremios ilegales; vejaciones; severidades; privación ilegítima de la libertad; amenazas coactivas; falsedad ideológica en instrumento público agravado (por ser ejecutado por funcionario público con abuso de sus funciones); allanamiento ilegal; robo calificado y hurto calificado (por ser en poblado y en banda y por ser ejecutado por personal policial). La pena también se le impuso por la autoría de los delitos de abuso de armas, violación de secreto y amenazas coactivas; y por su participación necesaria en el delito de robo calificado (por ser cometido por personal policial).

“La condenada aceptó su culpabilidad. También manifestó su conformidad con los hechos ilícitos atribuidos, la calificación legal de todos ellos, la pena que solicitamos –en cuanto a su monto y en cuanto a su modo de ejecución–, y el procedimiento abreviado elegido”, destacaron los fiscales. Asimismo, remarcaron que “fue el primer caso en el que un policía fue condenado por el delito de torturas en el ámbito de la justicia provincial”.

Otros condenados

Las otras cinco personas ya condenadas en el marco de la misma investigación son Juan Emilio Torres, Claudio Cerf, Gabriela Cerf, Carlos Javier Núñez y Luis Ezequiel Gómez.

Claudio y Gabriela Cerf fueron condenados –cada uno de ellos– a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y para tener o portar armas de todo tipo.

Por su parte, a Torres se le impuso una pena de cinco años de prisión domiciliaria mientras que Núñez y Gómez fueron condenados a ocho años de prisión cada uno –también de cumplimiento domiciliario– e inhabilitación absoluta perpetua.

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