Un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó que un sargento de la Policía provincial, identificado como Edgardo Baigoría, y dos agentes de inteligencia de la Gendarmería Nacional, Damián "Perro" Sosa y Santiago Alejo, continúen en prisión preventiva hasta que llegue el juicio en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Los tres fueron detenidos en abril de este año luego de haber sido acusados por el fiscal federal N° 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, como los integrantes de una megaorganización narco que traficaba cocaína desde Bolivia y marihuana desde Paraguay y la trasladaban hasta la ciudad de Santa Fe, para distribuirlas en la venta al menudeo de la capital provincial.

Por el caso también se encuentra detenido Emanuel "Enano" González, el hijastro de Luis Paz, el padre del "Fantasma", quien fue asesinado con seis balazos el 8 de septiembre del 2012 en Entre Ríos y 27 de Febrero, de la ciudad de Rosario, y cuya muerte se les atribuyó -a pesar de nunca haber sido esclarecida- a sicarios vinculados a la banda de Los Monos.

Para los investigadores del caso, la organización logró asentarse en la capital provincial y consolidarse como líder en el negocio de la venta de cocaína, tras la caída de Sergio "Zurdo" Villarroel en 2016, cuando este oficiaba como dueño del Cable Alto Verde y dirigente del Club Defensores del barrio costero de Santa Fe. El mismo fue condenado el pasado 30 de mayo a nueve años de prisión como "organizador del comercio de estupefacientes".

En su fallo, los jueces camaristas de Rosario, Fernando Barbará, Aníbal Pineda y Jorge Gallino, rechazaron los planteos expuestos por los abogados defensores de los seis imputados en la causa y procedieron a confirmar lo resuelto por el juez federal N° 2 de Santa Fe, Francisco Miño, que en abril procesó a González y Baigoría como "organizadores del comercio de estupefacientes". Sobre este último, el magistrado agravó su situación por su calidad de funcionario público, ya que el mismo, al momento de su detención, se encontraba prestando funciones en una comisaría de la ciudad de San José del Rincón. Anteriormente, se desempeñó como agente de la ex-Drogas Peligrosas.

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El procesamiento también fue para Sosa y Alejo, a quien el juez los consideró autores penalmente responsables del delito de "encubrimiento agravado por ser respecto de un delito especialmente grave, por su condición de funcionarios públicos y el ánimo de lucro". Los dos formaban parte de la Unidad Especial de Investigaciones y Procedimientos Judiciales y a través del mismo tenían acceso a información exclusiva que se tramitaba en las fiscalías y juzgados federales de Santa Fe.

En tanto, también quedaron bajo la lupa del magistrado, un vendedor barrial de drogas, Cristian Alberto Mansilla, de la ciudad de Santo Tomé, el cual fue imputado por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", y un "arbolito" de la Peatonal santafesina, Carlos Alberto Ferrero, acusado de haber "facilitado a Baigoría dólares estadounidenses por fuera del circuito legal de cambios, destinados al pago del material estupefaciente fuera del país".

Para los jueces camaristas, "la elucidación de esos diálogos hecha por el juez Miño no resulta antojadiza ni carente de fundamento sino, al contrario, ajustada a las circunstancias del presente y respaldada por elementos objetivos de criterio -secuestro de estupefacientes, teléfonos celulares, chips, dinero en efectivo, máquina digital de contar billetes, balanzas digitales-, sobre lo que luego se ampliará, se aprecia suficiente para surtir el juicio de probabilidad que es característico de esta etapa del proceso".

En otro tramo del fallo, los magistrados de alzada consideraron que "los agravios que esgrime la apelante no logran desvirtuar las acertadas apreciaciones que efectuó el juez". En esa línea, indicaron que la investigación "se ha nutrido de una copiosa prueba, debiéndose tener especialmente en consideración la información recabada por la preventora a lo largo de toda la pesquisa y que diera lugar a una extensa lista de partes prevencionales".

Por otro lado, la resolución de los jueces destacó que sería "de suma importancia" que se lleve a cabo un "completo relevamiento patrimonial de estos imputados y sus familiares", ante un posible delito de lavado de activos.

Cuatro casos claves

El desbarate de la organización se dio a raíz de una investigación instruida en la Fiscalía Federal N° 2 a cargo de Walter Rodríguez, donde se detectó que un procedimiento llevado a cabo el 12 de diciembre de 2015 en la ruta nacional 11, en jurisdicción de Clorinda, Formosa, tenía estrechos lazos con Baigoría y González.

En ese hecho fueron detenidos, en un Mercedez Benz B200, con 32 kilos de cocaína, Javier Maximiliano Domínguez -agente de la Policía de Santa Fe, en ese entonces- y César Andrés Castagnino, ambos con destino la ciudad de Santa Fe. Los dos fueron condenados en septiembre de 2017, en el Tribunal Oral Federal de Formosa, a siete y cuatro años de prisión efectiva por transporte de estupefacientes. De aquel procedimiento surgió el dato de que Castagnino era el cuñado de Baigoría.

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El otro caso que investigó la Justicia ocurrió el 8 de julio del 2016, cuando en la zona rural de Apóstoles, en la provincia de Misiones, la policía secuestró 561 kilos de marihuana. En aquel procedimiento fueron demoradas tres personas que circulaban delante de la Ford Ranger que transportaba los más de quinientos kilos de marihuana y que habrían oficiado como "barredores" del cargamento. Se trababa del propio Baigoría y otras dos personas. Con el paso de las horas, los tres quedaron libres por falta de elementos probatorios. Ese Susuki Fun, en el cual iba Baigoría, había cruzado a Paraguay por el puerto fronterizo El Dorado, unos días antes con el "Enano" González a bordo.

La investigación cruzó más datos y destacó que Ramón "Flaco" Correa, un misionero que fue arrestado el 13 de diciembre de 2017 en la ruta provincial N° 5 de la provincia de Salta, con 4,140 kilos de cocaína cuando iba a bordo de una Chevrolet S-10 gris y tenía como destino Santa Fe. El mismo tenía vínculos con el agente Baigoría. Ambos habían estado juntos en una escribanía de calle 1° de Mayo en Santa Fe, con el fin de tramitar que el propio Baigoría pueda circular la Chevrolet S-10 que terminó secuestrada en Salta días después.

El último caso que fue investigado y que tuvo conexión con la organización ocurrió el 17 de marzo de este año, en un allanamiento llevado a cabo en un domicilio ubicado en la ruta nacional 19 -en el kilómetro 2-, en la ciudad de Santo Tomé. Allí se secuestró un kilo de marihuana y más de 700 gramos de cocaína. Según los pesquisas, en ese procedimiento, un testigo indicó que los estupefacientes eran administrados por el propio González y Baigoría, a quien sindicó como "el jefe del negocio de la cocaína en Santa Fe".