Judiciales
Viernes 20 de Octubre de 2017

Contactos entre un abogado y un juez federal, ejes de un controvertido pago de bonos

Se revelaron en la causa que investigó un amparo judicial presentado en 2004 que obligó al Estado a pagar bonos adquiridos después de la crisis del 2001. La semana pasada un abogado y un ingeniero fueron condenados.

A una semana de que el Tribunal Oral Federal de Santa Fe condene a un ingeniero y a un abogado, ambos de Buenos Aires, por haber cobrado bonos defaulteados del 2001 a través de un irregular amparo judicial presentado y aprobado en el Juzgado Federal Nº 1 en 2004, el caso sigue dando qué hablar en los pasillos de los estrados federales.

Es que el fallo de primera instancia, a cargo del juez Luciano Homero Lauría, hizo hincapié en una serie de pruebas que fueron presentadas en el juicio por el fiscal general Martín Suárez Faisal y que pusieron de manifiesto la relación que tuvo uno de los imputados, Carlos Mario Clerc, con el juez que estuvo a cargo del emblemático fallo: Reinaldo Rodríguez. El mismo fue sancionado con un apercibimiento de parte del Consejo de la Magistratura por este tema en 2007.

La prueba que para el juez Lauría permitió establecer que tanto el letrado Clerc -condenado a dos años por esta causa– y el juez Rodríguez tuvieron un vínculo durante los días en que se desarrolló la presentación del amparo judicial -para así lograr que el ingeniero Miguel Ángel Dubarry cobre los bonos- fue en base a una serie de llamados contemplados en un informe de la empresa Telecom.

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En este sentido, surge del informe que del domicilio de Clerc, en Capital Federal, se realizó un llamado telefónico el 4 de agosto del 2004, a donde residía por ese entonces Rodríguez, en un departamento de Bulevar Gálvez que fue alquilado por el magistrado federal.

Por esta razón, el juez Lauría consideró en los fundamentos de la sentencia que "se concibe así la maniobra ardidosa desde la relación entre Clerc y el juez federal N° 1; no existe otra situación personal, familiar, profesional, cultural o histórica que relacione a los imputados con la ciudad o su zona de influencia".

Entre un baldío y un colegio
El fallo dictado en el TOF santafesino también hizo hincapié en otras dos pruebas que fueron presentadas durante el juicio oral que se inició el 10 de octubre pasado y que tuvo al mismo Clerc y al ingeniero Miguel Ángel Dubarry en el banquillo de los acusados y luego condenados por defraudación al Estado nacional.

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Los imputados fueron juzgados en el Tribunal Federal la semana pasada.
Los imputados fueron juzgados en el Tribunal Federal la semana pasada.

Por un lado, el tribunal tuvo en cuenta que el amparo judicial para poder cobrar los bonos adquiridos tras el default del 2001 tuvo tres irregularidades claves. Un domicilio falso en la ciudad de Rafaela, otro que tuvo lugar en el Colegio de Abogados y, a su vez, la incorporación a la cuenta de una persona de avanzada edad.

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En cuanto al domicilio falso, se trata de una dirección establecida en el amparo y que tuvo lugar en la cabecera del departamento Castellanos. Allí, luego de una serie de diligencias realizadas en la pesquisa judicial -en su etapa de instrucción- se detectó que Clerc colocó un domicilio donde en realidad había un baldío. En este sentido, el fallo de Lauría sostuvo que "luce palmaria la intencionalidad de la misma y la necesidad que tenían Dubarry y Clerc de contar con un domicilio que les permita interponer la acción en la ciudad de Santa Fe".

A su vez, el mismo Clerc constituyó domicilio procesal en el Colegio de Abogados de Santa Fe -3 de Febrero al 2761- pero cuando los investigadores constataron ese dato, se noticiaron que desde la propia institución informaron que el letrado amparista no había firmado ningún convenio para fijar domicilio allí.

Por último, el fundamento del juez hizo hincapié en que Dubarry -bajo el asesoramiento del mismo Clerc- incorporó como cotitular de la cuenta de los bonos adquiridos a Fernando Bugnard -su exsuegro-. Para la Justicia, esa maniobra fue con el fin de lograr la "excepción por edad y enfermedad" y así obtener el aval del Juzgado para cobrar los bonos.

¿Por qué fueron condenados?
Los bonos a los cuales hizo referencia el fallo fueron adquiridos en el 2003 por el ingeniero Dubarry. Los mismos fueron identificados como los 2.225 Bocones Previsionales U$S 2 D.A. (C.G.) –por un valor de U$S 167.067,68, los cuales, tras la devaluación quedaron pesificados a un monto que llegó a $649.023,66.


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En el Juzgado Federal, en 2004, fue presentado el amparo judicial.
En el Juzgado Federal, en 2004, fue presentado el amparo judicial.


Por la emergencia social de aquel entonces, desde el Estado Nacional se dictó una serie de medidas económicas para frenar el pago de ciertos bonos que terminaron siendo adquiridos después del default del 2001. Dichas medidas económicas estaban contempladas por los decretos 471/2002, 316/2002, las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003 y la ley 25.725.

La excepción a esas medidas era que los bonos provisionales (depositados en la Caja de Valores SA) estén en poder de personas mayores de 75 años o personas que atravesaran situaciones en las que estuvieran en riesgo su vida, su salud o integridad física. Como Bugnard presentaba esa situación -tenía 91 años y se encontraba discapacitado ante la amputación de una pierna- terminó siendo incorporado como cotitular de la cuenta por Dubarry.

Tras la presentación del amparo, el 22 de octubre del 2004 el juez Rodríguez autorizó el pedido y ordenó que el Estado Nacional abone a la cuenta de la Caja de Valores SA, propiedad de Dubarry y Bugnard la suma total de $649.023, 76. Dicha suma fue acreditada por el Ministerio de Economía el 25 de marzo del 2005.

La situación terminó siendo denunciada en la Fiscalía Federal Nº 1 por quien en ese entonces se encontraba al frente de la Subsecretaria legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles.

A partir de allí, en el 2005 se inició la causa, la cual –doce años después– llegó al Tribunal Oral Federal de Santa Fe y terminó con Dubarry y Clerc condenados a dos años en suspenso por el delito de fraude al Estado Nacional. A su vez, la sentencia ordenó que se inicien las actuaciones para continuar investigando la responsabilidad de otras personas en el caso que generó mucha atención en el Juzgado Federal de 9 de Julio y Monseñor Zazpe.