Un joven de 19 años que era buscado como presunto coautor del asesinato del colectivero de la línea K de Rosario, Marcos Daloia, se presentó pasado el mediodía de este lunes en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).

El sospechoso, identificado como Axel Ignacio H., quedó detenido por requerimiento del fiscal de Homicidios Patricio Saldutti. En tanto, continúa prófugo José Mauricio Maturano, sindicado como el conductor de la moto en la que se movían los homicidas.

Desde la Fiscalía Regional se indicó que el joven está sindicado como quien, vestido con remera blanca, iba como acompañante en la moto que transportaba a los asesinos del chofer baleado la tarde del pasado 7 de marzo en México y Mendoza, en barrio Belgrano de la ciudad del sur provincial, en el marco de la saga de cuatro asesinatos perpetrados al azar contra trabajadores de servicios nocturnos que por esos días azotó la ciudad.

El sospechoso fue visto en un video que desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se difundió en un pedido de colaboración para lograr la identificación de los ocupantes del rodado involucrado en el crimen.

Desde la fiscalía se indicó que la audiencia imputativa contra AIH e realizará en los próximos días, con fecha y horario a confirmar en el Centro de Justicia Penal (CJP) de Rosario.

Novedades en los crímenes a trabajadores

La investigación de este y los otros tres crímenes de trabajadores ya había arrojado novedades. De manera similar a la que se entregó Axel H., el viernes pasado se entregó una mujer que tenía pedido de captura por uno de esos hechos luego de que trascendiera por los medios de comunicación la colaboración solicitada por el MPA para dar con su paradero.

El joven de 19 años se agrega a otras siete personas detenidas e imputadas por su participación directa en los crímenes, mientras que otras 11 fueron acusadas por encubrimiento agravado. La hipótesis oficial más solida relaciona a esos ataques a una represalia de organizaciones criminales contra el gobierno por el endurecimiento de restricciones en las cárceles.

En cuanto a la mujer que se entregó cerca de las 13 del viernes pasado en la comisaría 14ª de Marcos Paz al 6600, en barrio Belgrano, se trata de Joana Laura G. La mujer de 37 años aseguró ante los empleados policiales que pesaba en su contra un pedido de captura por el homicidio de Bruno Bussanich, el joven de 25 años asesinado a balazos el sábado 9 de marzo cuando trabajaba como playero en la estación de servicios Puma de Mendoza al 7600.

Si bien no trascendió cuál fue su participación en el hecho, se supo que quedó demorada y será imputada en un plazo de 15 días. Horas antes de que la sospechosa acudiera a la comisaría 14ª, el MPA había difundido una solicitud de colaboración a la ciudadanía rosarina para dar con el paradero de Maturano, todavía buscado como coautor del homicidio de Daloia, atacado a balazos el 7 de marzo pasado mientras conducía en la zona de Mendoza y México mientras trabajaba en una unidad de la línea K.

Al presentarse en la comisaría, Joana G. aseguró ser la ex pareja del prófugo Maturano y que, además, también su nombre había trascendido en los medios de comunicación. Es que, en conferencia de prensa, el fiscal Patricio Saldutti había mencionado también el pedido de captura activo para ella. Sobre Maturano, en tanto, se confirmó una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien aporte información fehaciente y que de utilidad para la investigación.

Los asesinatos del colectivero Daloia y el playero Bussanich se suman a los crímenes de los dos taxistas, Héctor Figueroa y Diego Celentano, ocurridos los cuatro en un plazo de cinco días en marzo de este año. Hechos que conmocionaron a la ciudad y al país por haber ocurrido contra víctimas totalmente ajenas a cualquier conflicto, atacadas mientras cumplían horario en sus puestos de trabajo.

En un año marcado por una significativa disminución en la cantidad de homicidios ocurridos en Rosario, estos crímenes se consideraron como actos "narcoterroristas" por haber buscado la intimidación pública como represalia a políticas en el ámbito de Seguridad. Concretamente la hipótesis del gobierno y de la Justicia apunta a que los crímenes fueron la respuesta a las restricciones enmarcadas en los programas de control de presos de alto perfil en cárceles de la provincia y en los establecimientos federales donde hay jefes narcos rosarinos.