El número de causas penales iniciadas a personas que fueron detenidas en la vía pública con estupefacientes para consumo personal aumentó notablemente en la ciudad de Santa Fe durante el último año. Así lo indican los datos oficiales a los que tuvo acceso UNO Santa Fe y que se tramitan en las dos Fiscalías federales de la capital provincial.

En datos duros, desde que arribaron las fuerzas federales a la ciudad de Santa Fe se formaron en la Fiscalía Federal N° 2 a cargo de Walter Rodríguez, un total de 172 causas penales a personas que fueron trasladadas por tener en su poder estupefacientes con fines de consumo. Esa cantidad de causas iniciadas son del último semestre y triplicaron al año anterior que cerró con 105.

Inclusive, en el inicio del segundo semestre del 2018, revelan fuentes judiciales, "se alcanzó un récord", ya que fueron detenidas por iniciativa de la fuerza federal interviniente (Gendarmería, Prefectura Naval o Policía Federal) un total de 120 personas. Dicha cifra refleja que se detuvo, en promedio, un total de cuatro personas por día por este "delito".

No solo en la Fiscalía N° 2 se notó este incremento, sino en la N° 1, a cargo de Gustavo Onel, el crecimiento de este tipo de causas iniciadas fue aún más importante. Durante el 2017 se registraron 128 procedimientos por tenencia para consumo de estupefacientes, mientras que en lo que va del 2018, ya se han formado un total de 242. De ese número, indicaron desde esa Fiscalía a este diario, 102 corresponden al último mes de julio.

Esta situación pone de manifiesto la acción persecutoria contra el consumidor de estupefacientes de parte de las fuerzas federales que arribaron a la ciudad de Santa Fe. A su vez, demuestran una desconexión entre la fuerza policial y el proceder actual de la Justicia federal en este tipo de casos.

Es que generalmente, en estas causas se declara la inconstitucionalidad del tipo penal y terminan siendo archivadas en la etapa de instrucción -primera instancia. Dicho archivo es con la particularidad de que no se convoca al imputado.

La acción empleada por la Justicia se basa en que al no haber trascendencia a terceros, no implica un peligro para "el bien jurídico protegido por la ley de drogas". En otras palabras, las personas detenidas y trasladadas por consumir o tener en su poder estupefacientes para consumo personal, no afectan la "salud pública".

Solo un caso llegó a la instancia de juicio en Santa Fe y fue resuelto recientemente este año en el Tribunal Oral Federal. Por el mismo condenaron a una mujer, identificada como Laura T., a tres años de prisión por haber tenido en su vivienda dos envoltorios de marihuana luego de un allanamiento efectuado.

Aquella causa llegó a la instancia de juicio porque la mujer le dio de fumar marihuana a su hija de cuatro años en una vivienda del barrio Nueva Pompeya, en el norte de la ciudad. Esa acción quedó grabada en un video que la propia mujer filmó con su celular. Aquel registro se viralizó y terminó siendo materia de investigación.

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El 23 de noviembre del 2016, la mujer fue detenida por agentes de Gendarmería Nacional luego de una pesquisa judicial que derivó en un allanamiento en la propiedad en la que residía. Un día después, Laura T. fue indagada y terminó siendo procesada el 13 de diciembre por el delito "de aplicación de estupefacientes a título gratuito en perjuicio de una menor de edad (artículos 5 inciso c y 11 inciso a de la Ley 23.737). A su vez, se dispuso que permanezca en prisión preventiva hasta el juicio. Meses después, esa resolución fue apelada por la defensa de la imputada. El 16 de mayo del 2017, un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento. Con posterioridad la causa fue remitida al Tribunal Oral Federal de Santa Fe el pasado 29 de agosto del 2017.

En abril de este año, el caso terminó cerrándose en una pena abreviada de tres años de prisión, luego de un acuerdo cerrado entre el fiscal general, Martín Suárez Faisal y el defensor oficial, Fernando Sánchez. Aquel acuerdo fue homologado por el tribunal de jueces camaristas, conformado por José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría los cuales impusieron la condena a Laura T., como autora penalmente responsable del delito de "abandono de persona agravado por ser cometido por la madre en perjuicio de su hija y tenencia de estupefacientes para consumo personal, en concurso real".

Este último delito, el de tenencia de estupefacientes para consumo personal, claramente terminó en juicio debido a que la causa fue agravada por haberle dado de fumar marihuana a su hija. Caso contrario, nunca hubiera llegado a juicio ya que las "tenencias para consumo" son correccionales (dependen sólo de un juez de primera instancia) y no criminales.