La causa de la cueva financiera desmantelada luego de un allanamiento en el puerto santafesino tiene un nuevo capítulo y es la prisión preventiva para el principal imputado en la causa, Ángel Yamil Benavidez, dictaminada por el juez federal Aurelio Cuello Murúa. Benavidez seguirá detenido en el desarrollo de la causa en la alcaldía de Rafaela.

A su vez, el magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 2 que lleva adelante la causa dictaminó el procesamiento para todos los socios de Benavidez investigados e indagados en el marco de la causa.

Entre estos figura su pareja, María Laura Miassi, quien fuera procesada por los cargos de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos de origen ilícito, agravado por su calidad de funcionaria pública y por haber actuado en ejercicio de una profesión que requiere habilitación especial.

Los otros procesados se tratan de Carlos Raúl Quartucci, Raúl Manonellas y Juan Emilio Gastaldo. Quartucci figura como socio en la creación de la firma “Servicios La Resistencia S. Cap. I Secc IV” que constituyeron junto con Benavidez en el mes de noviembre de 2022, para canalizar ingresos provenientes de las actividades ilícitas, y de esta manera adquirir un automotor. Se negó a declarar en su audiencia indagatoria.

A su vez, el juez Cuello Murúa dispuso el embargo de bienes en propiedad de Benavidez por 500 millones de pesos, embargo de los bienes de María Laura Miassi por la suma de 300 millones de pesos y para los tres procesados restantes en la causa se dispuso un embargo a los bienes de cada uno de ellos por 10 millones de pesos.

Situación procesal de cada uno

En el caso de Raúl Manonellas y Juan Emilio Gastaldo, figuran imputados por realizar maniobras de intermediación financiera no autorizada sin estar legalmente autorizados por el BCRA. En su indagatoria ambos prestaron declaración manifestando condición de inocentes.

Lo que se plantea en la causa radica en que ambos sujetos captaron “inversores” que colocaban dólares a cambio del pago de una tasa de interés. También les atribuye haber puesto en circulación activos por medio de un local comercial de Salta y San Martín de Santa Fe en donde se ofrecían préstamos destinados al público bajo la fachada de un local de venta de insumos para celulares.

En el caso del accionar y rol de María Laura Miassi Según detalló la fiscalía a UNO la persona prestaba servicios bajo su actividad como Contadora Pública Nacional en el marco de las actividades ilícitas que se llevaban a cabo en el marco de la cueva financiera.

En la mensajería secuestrada e investigada por la fiscalía se da cuenta de que entre Benavidez se refería hacia la nueva persona bajo pedido de indagatoria como "mi socia". Quien se desempeña como funcionaria de la cartera de Economía en la provincia se encargaba de la registración de cada operación, control de stock de billetes en pesos y en cada moneda extranjera, de calcular la ganancia final que les resultaba de sus operaciones. Además, brindó asesoramiento en materia contable previo a que Benavidez ejecute cada operación que figura en el expediente de la causa.