El titular del Juzgado Federal N° 4 de la ciudad de Rosario, Marcelo Bailaque, dictó el sobreseimiento para su par de la ciudad de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez. El mismo se encontraba bajo la lupa judicial en el marco de una causa que investigaba el cobro irregular de bonos defaulteados del año 2001 por medio de la presentación un amparo judicial que llevó la firma de un abogado oriundo de Buenos Aires.

El caso inicialmente se tramitó en el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Francisco Miño, el cual citó a Rodríguez a indagatoria el pasado 6 de abril, situación que generó un fuerte ruido en el fuero federal santafesino. Esa indagatoria había sido solicitada por el fiscal Walter Rodríguez tras considerar que el juez Rodríguez había tenido participación en los delitos de "prevaricato", "abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos" y "fraude a la administración pública".

La acción de parte del representante del Ministerio Público Fiscal se dio luego de que en octubre del 2017, los tres jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Fe, Luciano Lauría, José María Escobar Cello y María Ivón Vella, ordenaron que se remitan copias a la Fiscalía en turno para que se investigue la posible comisión de un delito.

Meses después, ya en 2018, el juez Miño citó a su par a indagatoria, situación que generó que Rodríguez, indicaron fuentes judiciales, se tome una licencia de su cargo y se aboque de lleno a la causa que lo tenía bajo la lupa. Posteriormente, Rodríguez recusó al juez Miño y éste se hizo a un costado de la investigación por lo que la causa tuvo como destino el Juzgado Federal de Miguel Abásolo, en la ciudad de Rafaela. Éste se apartó de la causa y derivó las actuaciones a su par rosarino Marcelo Bailaque, el cual dictó el reciente el sobreseimiento.

Tras conocerse la noticia, fuentes vinculadas al caso, indicaron a UNO Santa Fe que el fiscal de primera instancia, Walter Rodríguez se encuentra "evaluando la resolución" para determinar si apela la medida ante un tribunal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

Una denuncia que llegó a sentencia

El caso remonta al 2005, cuando el entonces subsecretario legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles, denunció en la Fiscalía Federal N° 1 de la ciudad de Santa Fe, que un ingeniero de la ciudad de Buenos Aires, Migue Ángel Dubarry, logró cobrar una serie de bonos -llamados Bocones Previsionales- tras la presentación de un amparo judicial del abogado Carlos Clerc ante el juez federal Reinaldo Rodríguez.

Aquel amparo buscó que el magistrado declare inconstitucionales los decretos 471/2002, 316/2002, las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003 y también la ley 25.725, que se oponían al pago de los bonos que fueron adquiridos post crisis 2001. Con el mismo se buscó saltar el corralito financiero y así cobrar la suma de dinero que en ese entonces era de $649.023,66. Ese cobro, para los investigadores del caso, fue mediante un ardid que tuvo como fin pasar por alto los corralitos financieros establecidos en el 2001 a través de las leyes y decretos anteriormente referidas.

El año pasado, la denuncia llegó a juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe con Dubarry y Clerc en el banquillo de los acusados. Los mismos fueron juzgados por el fiscal general ante el TOF, Martín Suárez Faisal, quien en su alegato pidió, por un lado que se los condene por el irregular amparo que presentaron en la Justicia federal de Santa Fe y a su vez que se abra una investigación que determine si el magistrado Rodríguez benefició a los bonistas.

El fallo de los jueces cámaristas condenó, el 11 de octubre del 2017, a Dubarry (71) y a Clerc (68) a dos años y diez meses en suspenso como autores penalmente responsables "defraudación al Estado nacional". Esa resolución fue recurrida por el abogado particular de Dubarry, el penalista, Néstor Oroño, a Casación Penal y por el momento se aguarda la audiencia que defina si el fallo queda firme.

Durante el debate, que duró una jornada en el TOF santafesino, se reveló que Dubarry y Clerc presentaron el amparo judicial tras un ardid que implicó la incorporación de un hombre, con edad avanzada. Se trataba de Fernando Bugnard, suegro en su momento de Dubarry y quien tenía 90 años. Esa situación le sirvió al hoy condenado para poder solicitar el pago de los bonos ya que mediante una resolución del Ministerio de Economía -la 73/02- se estableció en su momento que los bonos previsionales que se encontraba en poder de personas mayores, y que tenían riesgos en su salud, podían cobrarlos.

La otra irregularidad en la cual puso foco la Justicia fue que tanto Bugnard como Clerc fijaron domicilios en la provincia de Santa Fe a pesar de que ambos tenían residencia en Lomas de Zamora (Buenos Aires). Uno de ellos estaba Mariano Quiróz al 1028 de la ciudad de Rafaela y el otro en 3 de Febrero al 2700 de la capital provincial. En el caso de Rafaela, cuando los investigadores fueron a comprobar si Bugnard se encontraba allí, constataron que en el domicilio sólo había un baldío.

Contactos sospechosos

En tanto, durante el debate, el fiscal Suárez Faisal remarcó en su alegato que Clerc y el juez Rodríguez mantuvieron contactos telefónicos durante los días en que se llevó a cabo la presentación del controvertido amparo judicial. Así lo evidenció al indicar que el 4 de agosto del 2004, existió un contacto entre el teléfono donde vivía Clerc en Buenos Aires y el del magistrado santafesino.

Ese dato, fue el que consideró el juez Lauría en sus fundamentos de la sentencia. "Se concibe así la maniobra ardidosa desde la relación entre Clerc y el juez federal N° 1; no existe otra situación personal, familiar, profesional, cultural o histórica que relacione a los imputados con la ciudad o su zona de influencia".