Este miércoles se realizó una audiencia en la que se decidió una prórroga de ocho meses de prisión preventiva contra D. C., el docente del jardín de la escuela San Roque. Hubo un debate sobre un tecnicismo sobre los tiempos de detención de los imputados, pero finalmente el juez Nicolás Falkenberg falló a favor del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Estuvieron presentes el abogado defensor del imputado Sebastián Oroño, los fiscales Alejandra Del Río Ayala y Matías Broggi, y por la querella la abogada Carolina Walker Torres. La fiscalía argumentó la extensión en la prisión preventiva en el peligro de fuga porque le espera una alta pena y podría influir la libertad del imputado en los múltiples testigos que deberán brindar declaración durante el juicio, entre otros motivos, que será en agosto.

Oroño por su parte sostuvo que su defendido es inocente y propuso como medida alternativa una fianza por su propia matrícula de abogado profesional de dos millones de pesos, más una propiedad personal –del abogado– de otros dos millones. Además ofreció prohibición del docente a tener contactos con los denunciantes, que fije domicilio en pleno centro de la ciudad de Santa Fe, que firme una vez por semana en el MPA y quedar bajo la guarda de su padre. Centró los argumentos en que se dilató la definición de fecha del inicio de juicio. "Es un problema de agenda, ese no es un motivo para suprimir la garantía del imputado", sostuvo el defensor con el objetivo que D. C. quede en libertad.

Por su parte la fiscalía sostuvo que tienen una gran cantidad de pruebas en contra de D. C., y que las demoras tienen que ver con el mismo funcionamiento del sistema judicial, donde dista la teoría de la práctica. Refirieron que el MPA lleva adelante uno o dos juicios por semana, y que no se pueden llevar adelante más juicios porque faltan jueces, por ejemplo. Agregaron que "siempre" tuvieron intención de llevarlo a juicio ya que la acusación fue hace más de un año.

Falkenberg reconoció la falencia de los Tribunales santafesinos: "Lamentablemente la carencia de recursos humanos, precisamente de magistrados, ha generado la dilación de los procesos que no es atribuible a ninguna de las partes del proceso. Por otra parte, no tendría sentido cautelar medidas a un imputado de prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento probatorio y luego disponerle la libertad muy poco antes del juicio oral y público porque eso podría llevar al absurdo que en la actualidad no se despachen más medidas cautelares". Además dijo que todos los procesos tienen una duración similar o equivalente a la de D. C. por los múltiples juicios que hay en la provincia de Santa Fe. Destacó que no hubo demoras intencionales de ninguna de las partes.

El caso

D. C., de 40 años, fue imputado y detenido a fines de febrero del 2020 al ser investigado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el guardador y encargado de su educación, con corrupción de menores agravado, en perjuicio de un niño que asistía al jardín San Roque. La acusación la hizo el MPA el 30 de diciembre del 2020. Fue apelada por la defensa y se resolvió finalmente el año pasado a favor del MPA.

Cabe recordar que, de acuerdo explicó Walker a UNO, luego de la primera denuncia fueron cerca de 20 niños que se acercaron a su estudio. Las víctimas en ese momento tenían en promedio tres años, muchos padres y madres decidieron no avanzar en el proceso judicial a lo largo del tiempo, la mayoría no asistió a las cámara Gesell y luego ocurrió la pandemia, por lo que quedó solo un denunciante. El niño pudo contar con claridad a operadores del sistema judicial los sucesos que llevarán a D. C. al juicio.

Además, en el marco de este caso, la institución educativa fue intervenida por el Ministerio de Educación y dos autoridades de la misma fueron imputadas, y son investigadas por encubrimiento agravado. Una de las imputadas es una mujer de 49 años cuyas iniciales son C. F. L., quien era la directora de la institución educativa en 2018, año en el que se habrían producido los abusos. Por su parte, la otra mujer investigada tiene 36 años, sus iniciales son E. K., era la vicedirectora en 2018 y es la actual directora del establecimiento.

La fiscalía adelantó en audiencias previas que solicitará 16 años de prisión, y la querella 20.