Judiciales
Domingo 10 de Diciembre de 2017

"Es imprescindible la creación de otro tribunal y otra Cámara Federal Penal"

El fiscal general del Tribunal Oral Federal de Santa Fe habló con UNO Santa Fe. En lo que va del 2017, más de 250 personas fueron sentenciadas por delitos, en su mayoría, vinculados al narcotráfico.

Un total de 130 sentencias es el saldo que dejó el 2017 en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. De ese número, 276 personas fueron condenas por causas impulsadas desde la Fiscalía General a cargo de Martín Suárez Faisal, quien en diálogo con UNO Santa Fe analizó el presente de la Justicia Federal santafesina.

"Es imprescindible la creación de otro tribunal y también de otra Cámara Federal Penal. A su vez es necesario que sea creado un Juzgado Federal más. La competencia del Tribunal Oral de Santa Fe son 106 mil kilómetros cuadrados contra 27 mil que tiene el sur provincial", remarcó.

"Las características que tuvieron la mayor parte de los juicios realizados este año fue que se trataron de organizaciones vinculadas al narcotrafico que tenían dominio territorial en determinados barrios de la ciudad de Santa Fe", agregó.

—De las causas que llegaron a juicio, ¿quedó conforme con las sentencias que se dieron?
—Más allá de los nombres propios, la impronta que tuvo este año, y que van a tener los siguientes, es encarar el problema del narcotráfico a partir de socavar el poder de las organizaciones. Es decir, el territorial, el económico y el personal. Este año hubo organizaciones de las cuales se condenaron a más de 20 personas. Por ejemplo, a "Chunchi" Montenegro se lo sentenció a él como organizador, y a 21 personas como integrantes de esa organización pero en distintos juicios que se realizaron antes. Eso es lo significativo. Pero al mismo tiempo el tribunal está absolutamente colapsado.

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—¿Cómo sería eso?
—Se incrementa cada vez más la laboriosidad de los jueces, funcionarios y empleados que trabajan cada vez más. Además, el tribunal es de ejecución penal, es decir que a todas las personas que condena, después tiene que atenderlas en todas las etapas de la ejecución, lo que dificulta también que en Santa Fe tampoco haya una cárcel federal, que es otra falencia. Muchas veces el Servicio Penitenciario provincial no da abasto con los presos federales por lo que deben ser trasladados a otras jurisdicciones, como Chaco o al sur. Ni hablar que siempre pueden pasar por Ezeiza.

—Siguiendo con el tema de narcotráfico, ¿que hay en torno a las causas por lavado de activos?
—Todavía no hay causas en juicios sobre lavados de activos, pero sé que hay investigaciones en todos los juzgados del centro-norte de la provincia. Es también un cambio de paradigma respecto de cómo se encara el problema del poder económico de las organizaciones.

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—¿Cuándo cambió este paradigma?
—En los últimos dos años. Nos dimos cuenta que no tiene sentido condenar solamente al vendedor barrial o al narcomenudeo sino que lo que hay que hacer es ir a los escalones superiores de esas organizaciones que le proveen para hacer un combate al narcotráfico mucho más efectivo.

—¿Qué evaluación hace de la política criminal del gobierno provincial?
—Considero que hay un interés y una colaboración con la Justicia federal para coordinar esfuerzos y así llevar adelante investigaciones y para pacificar a la sociedad; en los últimos años los hechos de violencia se fueron de las autoridades. Creo que se nota el interés por parte del gobierno provincial para prestar colaboración dentro de la realidad en la que se vive. En este sentido, la Dirección de Drogas Peligrosas está funcionando mejor y el aporte de la fuerzas federales, como Gendarmería y Policía Federal, es clave para que se haya logrado esta mejora respecto de la persecución y pacificación.

—¿Hace falta mayor infraestructura para la fase investigativa?
—Eso es evidente. Hace falta más infraestructura y mayor profesionalismo en el sentido de capacitación, jerarquización y lograr que el policía se sienta orgulloso de ser policía. Por eso insisto que la clave pasa por jerarquizar al policía a partir de su propia capacitación.

—¿Qué opinión le merece el proyecto de ley que se discute en la Legislatura que pretende quitar la competencia federal al narcomenudeo?
—Además de que está visto que la Justicia provincial tampoco da abasto con las causas en las que hoy tiene competencia, al punto de que se han realizado muy pocos juicios de lo que son los objetivos procesales de la reforma que se dio en Santa Fe. Yo pienso que traspasar las competencias del narcomenudeo a la Justicia provincial afectaría esta idea del conocimiento global de las organizaciones. Porque si los vendedores barriales, para dar el ejemplo típico, fueran investigados por la Justicia provincial y la federal solamente quedara para la investigación de las organizaciones, sería muy difícil contar con los datos investigativos de la tenencia o de la tenencia con fines de comercialización a baja escala para después llegar a las cabezas de las organizaciones.
Las experiencias en otras jurisdicciones no han sido tan positivas porque justamente se produce este vaciamiento de la Justicia federal respecto del delito de tenencia con fines de comercialización a baja escala y eso hace que los datos se pierdan en las investigaciones provinciales. Considero que lo que hay que hacer es fortalecer a la Justicia federal y darle más presencia territorial. De esa manera, se podrá combatir mejor el delito.