Los fiscales que imputaron este martes a Marcelo Sain por asociación ilícita afirmaron que en uso de su cargo el ex ministro de Seguridad aprovechó medios estatales para solicitar tareas ilegales de inteligencia y recopilación de datos para propósitos que no tenían nada que ver con la prevención en seguridad y la investigación penal. Y que lo hizo para hostigar o intimidar rivales políticos o empresarios y profesionales con los que disentía públicamente.

Uno de los ejemplos que dio fue cómo el grupo que conducía se dedicó a obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre el actual diputado provincial Maximiliano Pullaro y su entorno familiar y político, "por el sólo hecho de su pertenencia político-partidaria".

Sain había sido asesor de Pullaro cuando éste era ministro de Seguridad durante la gestión del Frente Progresista. Lo que hizo según los fiscales Ezequiel Hernández y Grimberg fue producir información sobre los hermanos de Pullaro (Martín y Damián), sobre su exsecretario privado Daniel Roberto Di Lena, su Secretario de Seguridad Pablo Cococcioni y la empresa Grupo Printing que los investigados consideraron vinculada a Damián Marcelo Pullaro, uno de los hermanos.

Un “informe reservado” dedicado a Damián Pullaro y el Grupo Printing se encontró en un pendrive de Maximiliano Novas, ex logístico de Sain, en el Ministerio de Seguridad.

El 2 de abril de 2020 Sain les ordenó a sus subordinados Débora Cotichini, Nadia Schujman y Esteban Germán Montenegro que hagan un “perfilado” y obtengan información de las empresas de “pullarito” para brindar información a un grupo de periodistas que “le van a dar duro”.

Débora Cotichini respondió que se encargaría de ello y el día siguiente le informa que detectaron la existencia de una empresa fundada en 2018 por el actual diputado provincial Juan Cruz Cándido (a quien llama “Cacu”) y “un hermano de Pullaro”. A ello, indicaron los fiscales, Sain le respondió: “Dame el nombre de la empresa que yo pido a Personas Jurídicas el legajo”. El 3 de abril de 2020 Débora Cotichini informó a Sain Montenegro y Schujman la existencia de una empresa llamada “Printing”, propiedad de una familia apellidada Contini que supuestamente tendría relaciones con Damián Pullaro. El 19/5/2020, Nadia Schujman envió a Milagros Bernard por medio de la aplicación WhatsApp un documento de texto llamado “Damian pullaro grupo printing”.

También exponen los fiscales cómo Sain procuró divulgar información intentando conectar a Pullaro con un condenado por comercio de drogas de Villa Cañás (Carlos Ascaíni). Para ello pidió mediante Nadia Shujman a funcionarios de la Justicia Federal parte de la evidencia de un juicio. Shujman le requirió entonces copia de una filmación de la declaración del policía Alejandro Druetta, condenado por narcotráfico, que fue funcionario durante la gestión de Pullaro en Seguridad y que tuvo con él vínculos cuando revistaba en el departamento General López. El encargado de Prensa de Seguridad, Federico Llumá, le informó a Shujman: “Están pasando unas escuchas del comisario Druetta en el juicio a Ojitos Actis Caporale" por lo que acordaron conseguirlas. El 17/2/2021 Nadia Schujman por instrucción de Sain solicitó personalmente al Fiscal Federal Federico Reynares Solari que le brinde copia de los videos de las audiencias que tuvieron lugar en el marco de la causa. Esto se hizo ya que Sain, dicen los fiscales, consideraba que sería “muy duro para el pullarismo”.

Formaban parte de la evidencia de dicha causa conversaciones de Alejandro Druetta con Maximiliano Pullaro y Lisandro Enrico que, por orden de Nadia Schujman, Milagros Bernard procedió a transcribir. Estas fueron luego aportadas a medios de comunicación que las hicieron públicas el 5 de marzo de 2021. Dos días después, el 7/3/2021, Marcelo Sain, aún Ministro de Seguridad, dictó "a sabiendas" una orden contraria al derecho al instruir a Milagros Bernard que requiera la asistencia de Laureano Brufal (del Organismo de Investigaciones) para vincular a Maximiliano Pullaro con un grupo de policías que pertenecían a Drogas Peligrosas -entre los que se encontraba Alejandro Druetta- y “acomodar” y “contextualizar” los audios.

El 23 de abril de 2021, Marcelo Sain indicó expresamente en un audio enviado por whatsApp a Nadia Schujman que “tenemos que resolver lo de Druetta. A ver, tengo que cumplir un mandato político, el mandato politico es que le pasemos todo lo que tenemos a este tipo para que le haga una denuncia penal a coso, yo no soy abogado penalista ni tenes que ser vos abogada penalista de Malaponte, porque es una cuestión política no penal, entonces lo que te pido es que hagamos una reunión con Mili, con lo que sea para que pongamos blanco sobre negro esto porque me lo pidió Mirabella”. Schujman le respondió afirmativamente y le recordó que “ayer desde el otro teléfono te pasé la recopilación que hicimos lo de Druetta”.

Entre otros casos los fiscales Ezequiel Hernández y Federico Grimberg destacaron que el 26 de marzo de 2020 Saín dictó a sabiendas una orden contraria al derecho al instruir a un subordinado que recopile publicaciones realizadas en Facebook y otras declaraciones brindadas públicamente por el Defensor Regional de Rosario Gustavo Franceschetti, "con la única y expresa motivación de sus opiniones acerca de la situación de la población carcelaria santafesina en el marco de la pandemia de COVID. A partir de ello se confeccionó un informe que contiene un relevamiento y sistematización de la publicaciones realizadas por Gustavo Franceschetti en redes sociales (Facebook y Twitter) y las opiniones por este vertidas en medios de comunicación. Dicho informe también incluye la respuesta de otros ciudadanos a tales publicaciones, así como la fotografía, el teléfono y el correo electrónico oficial de Franceschetti. La pregunta que se hicieron en la audiencia es por qué motivo fue perfilado el defensor regional.

Los detalles de la investigación que llevaron adelante los fiscales para la imputación