Esta mañana, la Justicia ordenó 27 allanamientos en distintos domicilios de esta capital y de la ciudad de Santo Tomé, algunos de ellos en barrios privados. La investigación fue llevada adelante por la unidad fiscal especial de delitos complejos por préstamos de dinero de manera irregular a través de distintas empresas.
Hay 31 detenidos por préstamos ilegales en Santa Fe y Santo Tomé
En conferencia de prensa, la fiscal Mariela Jiménez, comentó que "además de las tasas exuberantes que cobraban en las cuotas, hacían uso de violencia y desapoderamiento de bienes en caso de no pago de las cuotas por parte de las personas que solicitaban los préstamos"
Como resultado de los procedimientos que se realizaron en el día de la fecha, la funcionaria judicial precisó: "De los 27 allanamientos, hasta el momento se tienen 31 personas privadas de su libertad. Se secuestraron nueve vehículos, siete motos, una camioneta; se logró el secuestro de siete armas de fuego. También en los locales, donde funcionaban estas empresas para prestar dinero, se secuestró alrededor de un millón y medio de pesos y 47 mil dólares. También se secuestró numerosa documental, pagarés, cheques, formulario 08, cartones que son utilizados para registrar los préstamos. También muchos dispositivos electrónicos, notebooks, CPU, celulares; sobre los que resta avanzar para determinar un poco más cómo operaba esta banda".
Precisó además que todos los detenidos son mayores de edad y que en "uno de los domicilios se secuestró material estupefaciente y que se dio intervención al juzgado federal".
Sobre el modus operandi de la banda, describió: "Son distintas empresas que reciben distintas denominaciones. Entre las que nosotros manejamos están "créditos Santa Fe, CrediYa, Prestamás, Prestocash, Imperioequipamiento". La forma de trabajar era más o menos la misma; se otorgaba el préstamo de dinero y después se cobraba en forma diaria, muchas veces semanal y otras veces mensual".
Consultada sobre la cantidad de damnificados, la fiscal dijo: "Son muchas las denuncias, podemos hablar de más de diez personas". Describió que las víctimas denunciaron "el acoso recibido por parte de los cobradores, la violencia que ejercían, muchas veces han llegado a golpearlos, amenazados con armas de fuego, en muchos casos lo desapoderaban de algún bien; un freezer, heladera u otro elementos de la vivienda ante la falta de pago".