Juan Carlos Moyano cayó con seis o siete varones a la tres de la mañana del 1 de enero de 2007 a la casa de su expareja, Érica López. Ella festejaba el inicio del año con toda su familia, incluida la hija que tenían en común en ese momento. Estaba armado, y parte de la banda golpeó a los hombres de la familia. Entre gritos, tiros y amenazas, se le acercó a menos de medio metro para dispararle en el pecho. Con el último aliento Érica buscó los brazos de su mamá y allí murió. Él se fugó.

No se sabe dónde estuvo Juan Carlos Moyano durante doce años, ni cómo hizo para mantenerse económicamente. Solo se conoce que el hombre, que hoy tiene 35 años, estuvo prófugo de la Justicia y que hoy está libre. A fines del 2019, a través de un abogado nada barato presentó una solicitud de prescripción de la causa que lo tiene como principal sospechoso del asesinato de Érica.

Ese acto hizo que en el Ministerio Público de la Acusación se deba buscar entre miles de causas que están en el archivo, la suya. Desempolvó una historia compleja de impunidad que no pasó desapercibida para los fiscales en la intención del presunto homicida de evitar lo más probable: una alta pena en prisión. Sin embargo, queda pendiente que la Justicia decida su futuro.

Violencia

Érica y Moyano habían tenido una relación. El último día del 2006 él fue hasta su casa en barrio Estanislao López en dos oportunidades. A la mañana y minutos antes de la medianoche. A través de la amenaza de muerte con un arma de fuego quiso obligarla a volver a ejercer la prostitución para él y recibió en ambas ocasiones una respuesta negativa.

Para concretar el aviso llegó con su banda para irrumpir la celebración familiar y después de matarla, intentó que el hermano de Érica, luego de haber sido golpeado por su banda y estando desarmado, tenga el mismo final. Pero las balas no salieron a pesar de la insistencia en gatillar sobre su estómago.

Segundos antes del asesinato, Moyano le había disparado también al padre de Érica, pero le erró. Según los testigos de esa noche, la banda apareció en bloque de un momento a otro. Parte de “la barra de Moyano” presente con armas eran: un hombre con el mismo apellido conocido en el barrio como Gordo Luca; un tal Ojitos de perro, T. Alcaraz, dos personas que se apellidan Bogado que son mellizos y L. González. Además había otros hombres que no fueron identificadas por ninguno de los presentes. Eran conocidos en el barrio por “cobrar peaje para caminar por las calles” y porque “andaban siempre todos juntos” y “armados”.

Esa noche los testimonios señalan que de manera organizada y en sincronía el Gordo Luca golpeó con un cinto a uno de los hermanos de Érica y estaba armado con “un recorte de escopeta”, Ojitos de perro golpeó al padre de la mujer asesinada y Alcaraz golpeó al hermano de Érica mientras le gatillaba Moyano en la panza. En el caso de González se sabe que llegó al lugar con dos disparos contra el grupo familiar, según los testigos, y que fue quien le consiguió el arma a Moyano el día anterior, como declaró él mismo hace doce años en la policía y que ratificó en la audiencia imputativa en 2019, según la fiscalía. Todos escaparon cuando uno de los hermanos de Érica, en medio de un forcejeo y para salvar a su familia, logró sacarle el arma a Moyano de las manos.

Femicidio e impunidad

Con lentes de hoy, se entiende que lo que sucedió fue un claro femicidio (e intento de femicidio vinculado), pero esa figura no existía en 2007. Recién en 2009 se promulgó la Ley Nacional 26.485 para la protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y en 2013 adhirió Santa Fe a través de la Ley Provincial 13.348. Tampoco el agravante por violencia de género estaba en el Código Penal, y no se puede aplicar a situaciones previas a su entrada en vigencia (aunque nada impide tener perspectiva de género en el proceso judicial hoy).

Además, en 2014 en la provincia el Poder Judicial cambió el sistema procesal penal. Entre los grandes cambios que se dieron estuvo que a partir de ese momento los fiscales pasaron a tener la total responsabilidad de las investigaciones y son quienes imputan a las personas investigadas por delitos. Antes lo hacían los juzgados de instrucción de otra manera y podían sobreseer, procesar o dictar faltas de mérito. Y los jueces deben resolver en cuatro días la situación de la persona después de haber sido imputada (antes era en diez).

Los fiscales Mariela Jiménez y Roberto Apullán tomaron el caso a fin de año, con la solicitud de prescripción de Moyano. “Estos doce años podemos decir que la causa estuvo sin avances”, dijo Apullán a UNO Santa Fe. “Está dentro de lo que se llama el sistema conclusional de causas, que son todas investigadas antes de la implementación del nuevo sistema. Es decir, antes de febrero de 2014”, indicó.

“El principal imputado tiene pedido de captura hace doce años. En su momento se tramitaba la causa por homicidio por el uso de arma de fuego. Que al tener una pena temporal, no perpetua, el máximo de la prescripción es de doce años. ¿Qué hizo? Contó el tiempo y en febrero de 2019 se presentó con un escrito pidiendo la extinción por acción penal por prescripción. En ese momento a esas causas las llevaba la doctora Jiménez, que no realiza un dictamen de la prescripción porque faltaba tener los antecedentes penales del señor Moyano”, explica el fiscal.

Y agrega: “Una de las causales de interrupción de la acción penal es que haya cometido otro delito. Lo que tenemos que tener es un informe del registro nacional de reincidencia a ver si tenía o no antecedentes. Se lo tenía que identificar nuevamente, porque encima no estaba en la ficha dactiloscópica. Contestamos que se haga efectiva la prisión porque era necesario identificarlo para esta cuestión. Se presenta Moyano y se lo detiene”.

“Ahí nosotros entendemos que los comportamientos de él no eran solo homicidio agravado por el uso de arma sino que además por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas. Estas dos agravantes corren con un plazo de prescripción de 15 años, por lo tanto no estaría extinguida la acción penal. Aun cuando no hubiera cometido otro delito. Con las mismas pruebas que teníamos hace doce años más tres testimoniales que se agregaron de la mamá y dos de los hermanos de Érica”, relata. La causa fue caratulada como “homicidio calificado por el concurso premeditado de tres o más personas y por el empleo de arma de fuego”.

Asimismo continúa: “Con esos elementos se hizo una audiencia y en diciembre el doctor Jorge Pegassano decide no solamente aceptar la calificación legal que había presentado el Ministerio Público de la Acusación sino también entiende que hay peligros procesales, ya que estuvo prófugo y dispone la prisión preventiva de Moyano. También pedimos la detención de las otras personas que apoyaron, estuvieron ahí al momento que Moyano mató a su pareja, y en la que intentó consumar la muerte del hermano de Érica. Fueron coautores. Además él aprovechó entrar en año nuevo al lugar sin resistencia porque era la pareja, tenían una hija en común, y se saca el arma de la zona de los genitales. Ahí estaría configurada la alevosía. Actuó sobre seguro porque ya la había amenazado dos veces horas antes y la familia nunca reaccionó”.

Cuando Moyano estuvo en prisión preventiva, desde la fiscalía pidieron la detención de las otras personas que tienen indicadas. “Tadeo Alcaraz, los Melli Bogado, Lucas González. De Ojitos de perro, no tenemos referencias de su identidad. De esas se pudieron hacer efectivas las de uno de los Bogado, Maximiliano, y de González. Pasó lo mismo que con Moyano: se los imputó y se pidió la prisión preventiva. En los dos casos los jueces de primera instancia rechazaron la medida. En el caso Bogado porque para el juez no está acreditado que haya sido partícipe de los hechos. Y con González aceptó las calificaciones que pusimos pero entendió que no había peligros procesales porque siempre vivió ahí y nunca se movió”.

Pandemia

Tanto el rechazo de Bogado como de González fueron apeladas por los fiscales. “Está en trámite, porque con el tema de la pandemia algunas cuestiones se suspendieron. Estamos esperando que se fije la audiencia”, describe Apullán.

Sobre Moyano, el fiscal relata que en marzo se anuló la prisión preventiva. “Es el principal responsable de la muerte de Érica López. Y no es que en este tiempo no se lo buscó, hubo como nueve procedimientos pero dieron todos negativos. La anulación fue por un razonamiento con el cual no estamos de acuerdo. Seguimos con la causa, estamos viendo dos o tres medidas probatorias en relación al hecho y en el transcurso del año la idea es formalizar la acusación más allá de la situación procesal de los tres imputados. Vamos a impugnar el rechazo de la prisión preventiva de Moyano”.

“El norte es el juicio, para poder acreditar lo que entendemos que pasó que fue el homicidio de Érica por las agravantes de alevosía y de concurso premeditado de tres o más personas que se dieron en ese momento. Eso no fue prescripto. Porque una vez detenido se le tomó la declaración indagatoria y eso interrumpe la prescripción, es decir que ahora con nuestra calificación jurídica tenemos 15 años para que haya alguna posibilidad de prescripción dentro de esas causales. Podemos tener novedades en las próximas semanas”, sostiene Apullán.

Además, los fiscales llaman a posibles testigos a acercarse a declarar. “Este hecho se cometió un fin de año, fuera de la casa de Érica, por lo que entendemos que quizá hay personas que vieron los hechos y pueden aportar sus testimonios. Entendemos que esto no ha sucedido por temor, que también fue algo manifestado por familiares de Érica porque esta gente está libre, conviven con los asesinos de su hija”, concluye. Los López tienen custodia en su hogar.