Judiciales
Domingo 24 de Septiembre de 2017

Por fraude al Estado nacional, un ingeniero y un abogado irán a juicio en el Tribunal Federal

Ambos fueron beneficiados por un fallo judicial dictado por el juez federal Nº 1, Reynaldo Rodríguez, que declaró inconstitucional una serie de medidas económicas que prohibían el pago de bonos adquiridos tras el default del 2001. El accionar del magistrado, bajo la lupa.

Un abogado y un ingeniero, ambos oriundos de la ciudad de Buenos Aires, serán juzgados en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe tras haber sido procesados por fraude al Estado nacional luego de cobrar una suma de dinero proveniente de bonos adquiridos en el 2003 por medio de un amparo judicial presentado en el Juzgado Federal Nº 1 de la capital provincial a cargo de Reynaldo Rodríguez.

Se trata de Miguel Ángel Dubarry (71) y Carlos Mario Clerc (68), los cuales serán llevados a juicio el próximo 10 de octubre tras una serie de irregularidades detectadas por la Justicia federal en torno a una acción judicial presentada en 2004 por la cual el Ministerio de Economía de la Nación se vio obligado a pagar sumas correspondientes a capital, amortización y rentas originadas por el vencimiento de los bonos 2225 Bocon Prev. Dicha orden tuvo su origen a raíz de un fallo, dictado por el mismo Rodríguez, que declaró inconstitucional varios decretos, resoluciones y leyes emitidas ante la emergencia económica del post 2001.

En su momento, el caso le costó a Rodríguez un apercibimiento del Consejo de la Magistratura en el 2007. Un caso similar se dio en Tucumán, con dos exjueces federales que terminaron siendo removidos de sus cargos tras ser acusados de haber participado de un ardid delictivo para favorecer a bonistas que quisieron saltar las mismas leyes financieras.

Fuentes tribunalicias indicaron a UNO Santa Fe que el propio juez Rodríguez será citado como testigo para dar explicaciones en torno al dictamen que obligó al Estado nacional a abonar la suma de dinero a la cuenta de Dubarry contemplada en la Caja de Valores S.A. De todas maneras, trascendió, que el magistrado podrá presentar -por sus facultades- un escrito ante el tribunal de jueces compuesto por José María Escobar Cello, Luciano Homero Lauría y María Ivón Vella.

El inicio de la causa se dio a raíz de una denuncia presentada en la Fiscalía Federal Nº 1 de Santa Fe el 21 de octubre del 2005. La misma fue realizada por el entonces Subsecretario Legal del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Osvaldo Siseles.

En aquella demanda, el exfuncionario indicó que el fallo dictado por el juez Rodríguez, que declaró inconstitucional el paquete de medidas que prohibía el pago de bonos públicos en default a su valor nominal, se dio mediante un maniobra irregular.

La presentación fue hecha ante el magistrado en cuestión pero el mismo se excusó a tomar intervención en el caso por lo que el expediente pasó al Juzgado Federal Nº 2, a cargo de Francisco Miño. Doce años después, la Fiscalía General del TOF de Santa Fe impulsó la causa para que llegue a juicio.

Pedir la inconstitucionalidad

Al ingeniero Dubarry se lo acusa de haber interpuesto, con el patrocinio de legal de Clerc, una acción judicial para declarar la inconstitucionalidad de los decretos 471/2002, 316/2002, Ley 25.725, Ley 24.624 y las resoluciones del Ministerio de Economía 73/02 y 156/2003 y así poder cobrar los bonos adquiridos entre junio y julio del 2003. Cabe destacar que dichas normas económicas obligaron a que el Estado pesifique y suspenda el pago de bonos de la deuda pública tras la crisis del 2001.

Ese amparo judicial presentado fue con el fin de que el Ministerio de Economía se abstenga de aplicar esa normativa y entregue a otro actor de la causa, Fernando Bugnard, las sumas correspondientes a capital, amortización e intereses originados en los títulos públicos en su moneda de origen por una suma total de U$S 167.067, 68.

La incorporación de Bugnard a la maniobra -tras ser cotitular de la cuenta-, fue con el fin, según la Fiscalía, de que admita sus problemas de salud (tenía 91 años en ese entonces) y así Dubarry logré cobrar el dinero proveniente de los bonos. Los mismos se encontraban depositados en una subcuenta de la firma Caja de Valores S.A.

En este sentido, el 22 de octubre del 2004, el juez Rodríguez hizo lugar al amparo y el 25 de marzo del 2005 el Estado Nacional informó que depositó en la cuenta de la Caja de Valores -de Bugnard y Dubarry- la suma de $ 649.023, 76. Esa suma fue retirada el mismo día en dos cheques librados a nombre de Dubarry, según consta en la pesquisa judicial.

Irregularidades

En cuanto a las pruebas que admiten una presunta irregularidad en el amparo presentado por Bugnard y Dubarry, por medio del abogado Clerc, surge que el domicilio aportado por ambos era en calle Fernando Quiróz 1028 de la ciudad de Rafaela pero cuando se cotejó ese dato en la Policía de Santa Fe, se detectó que en aquella dirección declarada, el 30 de julio de 2006, solo había un baldío.

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En el Juzgado Federal Nº 1 fue donde se presentó el amparo judicial.
En el Juzgado Federal Nº 1 fue donde se presentó el amparo judicial.

En esa línea, se comprobó luego que tanto Dubarry y Bugnard residían en la ciudad de Buenos Aires y no en suelo santafesino, tal como habían declarado en el amparo judicial. A su vez, se comprobó que Bugnard era el suegro del mismo Dubarry.

Para la justicia, tanto Dubarry como Clerc, justificaron de manera falsa un supuesto perjuicio para así motivar la presentación del amparo ante el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe. En este sentido, los investigadores indicaron que los imputados, para lograr su objetivo, -cobrar los bonos- incorporaron -el 7 de septiembre del 2004- a Bugnard a la cuenta registrada en la Caja de Valores S.A ya que el mismo podría hacerlo por tener una avanzada edad, situación que la ley lo permitía. El mismo Bugnard, falleció el 28 de diciembre del 2007.
Por esta razón, la investigación imputó a Clerc de haber sido quien (por la mera experiencia en la tramitación de acciones judiciales propia de su profesión, sostuvieron desde la Fiscalía de Instrucción) buscó que se introduzca a Bugnard y así justificar una "necesidad y urgencia" para lograr cobrar los bonos.

El tercer caso en el país

El juicio que tendrá su inicio el próximo 10 de octubre en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe, no es el primero que se da en la Argentina. En octubre del 2014, un tribunal de Tucumán condenó al exjuez federal Nº 2 de esa provincia, Felipe Terán, por una similar a la que se tramitó en el Juzgado Federal Nº 1 santafesino.

El mismo Terán fue destituido de su cargo en 2006 y a su salida de la justicia, se sumó, en 2007, la de otro magistrado federal, Jorge Parache, quien se encontraba a cargo del Juzgado Nº1 de la provincia de Tucumán.