Judiciales
Lunes 19 de Febrero de 2018

Por qué quedaron en prisión los agentes del Comando Radioeléctrico de la Costa

Así lo dispuso el juez Jorge Pegassano, quien en sus fundamentos explicó las causas que lo llevaron a resolver la medida cautelar para los seis miembros de la fuerza imputados en múltiples delitos cometidos durante el 2017.

El juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano, dio a conocer los fundamentos de su fallo que ordenó la prisión preventiva para los seis miembros del Comando Radioeléctrico de la Costa que fueron detenidos en el marco de la causa que investiga múltiples delitos cometidos a personas en Colastiné, San José del Rincón y La Guardia.

El dictamen fue resuelto el jueves pasados luego de una audiencia maratónica llevada a cabo en la Sala 6 del primer piso de tribunales. La misma finalizó en medio de un clima de tensión, ya que los familiares de los imputados se apostaron en el hall de tribunales, situación que derivó en que el magistrado deba salir escoltado por la guardia de policía, mientras que el fiscal de la causa, Ezequiel Hernández, tuvo que irse del Palacio de Justicia por la puerta de atrás.

Los seis acusados, Nadia Lucrecia Sopérez, Luis Ezequiel G., Juan Emilio T., Exequiel Maximiliano M., Carlos Javier N. y Alejandro S. fueron imputados el pasado 6 de febrero por torturas, robos, allanamientos ilegales, apremios, amenazas coactivas, falsedad ideológica, privación ilegítima de la libertad, vejaciones, apremios, abuso de armas y severidades.

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El pasado jueves, el juez Pegassano resolvió que permanezcan detenidos, sin plazos, hasta que llegue el juicio oral y público que los tiene encausados.

Dictamen a favor de Hernández

Para el magistrado del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe, "no quedan dudas y hay sobradas evidencias de que los encartados cometieron en forma ilícitos que consistían en ingresar a domicilios particulares sin la correspondiente orden de allanamiento, agredir y golpear a las personas que estaban en el lugar en algunos casos de forma realmente cruel y llevarse pertenencias de las víctimas, realizando actas de procedimiento en las que insertaban declaraciones falsas con la deliberada intención de ocultar los delitos cometidos".

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Por tal razón, Pegassano determinó que la prisión preventiva dispuesta "se presenta como la única posibilidad concreta de llegar a un juicio oral y público resguardando las verdaderas prueban que habrán de ventilarse en el mismo, donde sí se requerirá la certeza necesaria sobre los hechos cometidos".

Por fuera de la medida de privación de la libertad, el magistrado encuadró las figuras penales que caben para la causa iniciada en octubre del 2017 y que estuvo a cargo de pesquisas de Asuntos Internos. Dichas figuras penales fueron resumidas en:

–Allanamiento ilegal; severidades, apremios y vejaciones; privación ilegítima de la libertad.

–Amenazas coactivas en virtud de que se amenazaban a las víctimas para que no cuenten lo acontecido en procedimientos irregulares llevados a cabo, porque sino iban a volver a golpearlos, o les iban a llevar a sus hijos o les iban a quemar sus casas.

–Falsedad ideológica de instrumento público, porque todas esas acciones culminaban con una acta de procedimiento falsa.

El proceso

La causa iniciada por el fiscal Hernández tuvo su inicio en octubre del año pasado a raíz de una serie de denuncias radicadas en Asuntos Internos y en el Ministerio Público de la Acusación. Las mismas sindicaban a los seis agentes –y otros cuatro que serán imputados– como quienes realizaban procedimientos ultraviolentos y que a su vez sustraían elementos de propiedades que eran allanadas sin una orden judicial de un juez.

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La agente Sopérez, quien oficiaba como subjefa del Comando Radioeléctrico, fue imputada en 41 delitos que figuran en los 11 legajos con los que cuenta la investigación penal instruida en la Fiscalía de Violencia y Corrupción Institucional. Por su parte, el resto de los policías fue acusado en delitos que van desde los 23 a los 26 hechos.

Si bien los seis agentes prestaron declaración, Sopérez fue quien dijo ante el juez Pegassano que la causa se dio a raíz de una oscura interna policial que vincula a efectivos de Asuntos Internos.

Los dichos indicaron que días previos a la audiencia de prisión preventiva un pesquisa del organismo que investiga el accionar policial dijo al entorno familiar de Sopérez que la causa "era cosa de un agente" que presta servicios también en la Fiscalía que conduce Hernández.

A su vez, indicó que una de las personas que figura como testigo en los once legajos con los que cuenta la causa, es pareja de una sumariante de la División de Asuntos Internos dependiente de la Secretaría de Control.