La investigación que busca determinar por dónde se filtraron las escuchas telefónicas que involucraron al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, en el marco de la causa "Horas Ospe", tuvo un revés judicial en la jornada del jueves. Es que el juez de la Cámara de Apelaciones, Enrique Álvarez, determinó resolver de manera parcial el pedido de los fiscales rosarinos, Juliana González y Gustavo Ponce, que investigan la denuncia del ministro que busca analizar celulares, notebooks y servidores de la Fiscalía Regional I de Santa Fe y así determinar si desde allí se emitieron los archivos de audio que se difundieron posteriormente y se conocieron en la opinión pública.

El dictamen del magistrado de alzada se dio una semana después de la audiencia de apelación en la cual los fiscales que se encuentran bajo la lupa judicial -Roberto Apullán y María Laura Martí- se sentaron en el banquillo de los acusados y denunciaron una serie de obstáculos de parte del fiscal regional, Carlos Arietti, cuando el caso salió a la luz en octubre del 2017.

Esa audiencia tuvo lugar en el primer piso de tribunales el pasado 14 de junio, donde el abogado particular de los fiscales sospechados, Néstor Oroño, cuestionó los peritajes que fueron autorizados el 27 de diciembre del 2017 y el 9 de marzo de 2018 por jueces de primera instancia y que habían sido pedidos por los fiscales González y Ponce para avanzar con la pesquisa.

Esos pedidos se basaron en la "autorización para tener acceso a toda la información que se halla dentro de los servidores del Ministerio Público de la Acusación, en relación a los usuarios correspondientes a los fiscales Apullán y Martí"; que "la Oficina de Gestión Judicial de Primera Instancia, Primera Circunscripción Judicial, expida copias certificadas de todas las solicitudes fiscales de intervención telefónica que hubieran sido presentadas en dos legajos"; y que el juez de la Investigación Penal Preparatoria en turno, autorice la peritación informática integral en la Sección Análisis Digital Forense, de aparatos de telefonía celular y notebooks, pertenecientes a los oficiales Nicolás Rimoldi y Ariel Katramiz, ambos numerarios de Asuntos Internos de la provincia de Santa Fe.

Una semana después, el juez Álvarez confirmó hacer lugar al pedido de peritaje de los teléfonos celulares y computadoras secuestradas pero declaró nula la posibilidad de intervenir el "acceso a toda la información que se halla dentro de los servidores del Ministerio Público de la Acusación, en relación a los usuarios, correspondientes a los fiscales Martí y Apullán".

"No explican qué buscan", dijo el juez

En su fallo, el magistrado de segunda instancia analizó los tres planteos y dejó en claro que "no surge palmariamente cuál es la actividad ilícita que no solo se les atribuye a Apullán y Martí, sino también a los dos oficiales preventores que se mencionan como colaboradores de la actividad fiscal, Nicolás Rimoldi y Ariel Katramiz".

A su vez, indicó que en relación al pedido para peritar los servidores informáticos del MPA de Santa Fe, el magistrado destacó que "no se explicita qué se busca puntualmente, por lo que entrar a los servidores de los investigados -fiscales de primera instancia en funciones-, donde se encuentran otras investigaciones en trámite, es muy temerario y violaría cualquier norma al respecto". Aquel punto fue uno de los cuestionamientos que realizó Oroño en su apelación ya que calificó la solicitud como una "excursión de pesca".

En otro tramo, señaló que "los fiscales -González y Ponce- desde ningún punto de vista aducen que la pericial es una medida "urgente", por lo que ello no es un dato menor. Tampoco se ha plasmado en los escritos que dichas peticiones, por su naturaleza o características, deben considerarse definitivas o irreproducibles; solo tangencialmente aducen que dicha petición es de "vital importancia". Como se podrá apreciar no hay un fundamento claro y preciso en relación a la premura en su realización sin las correspondientes garantías para todas las partes".

Por último y adentrándose en el análisis de su fallo, Álvarez advirtió que "la difícil tarea encomendada a los fiscales -González y Ponce-, en virtud de la temática del hecho, debe contemplar la posibilidad de tener una rápida respuesta y para ello adoptar las medidas que crean pertinentes para dilucidar el evento".

"Lo solicitado indicaría una orientación al respecto, pero la violación de las formas y desapego a los lineamientos legales y constitucionales no permiten avanzar en el presente legajo", consideró el magistrado.

Una recomendación

El fallo de 25 hojas emitido en la mañana del jueves en tribunales, también le recomienda a los dos fiscales rosarinos una serie de medidas para continuar con la pesquisa judicial que surgió en base a la denuncia realizada por el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, el pasado 7 de noviembre del 2017.

"Debo también instar a los fiscales de que si consideran pertinentes y útiles las medidas que no se van a convalidar en esta instancia por defectos, de forma, luego, subsanadas las omisiones o irregularidades, pueden continuar con la investigación con los medios adecuados y con el marco legal que tienen a su alcance; tal premisa no solo se refiere a los fiscales sino a todos los actores, que deben tener como horizonte supremo llegar a la verdad. Dejo a salvo que ello es una simple opinión y sin ningún ánimo de indicarles los pasos a seguir; en este sentido el nuevo ordenamiento procesal penal es claro en definir la actividad de los fiscales, en la cual, reitero, el suscripto no puede realizar intromisiones de cómo se debe investigar", remarcó Álvarez.

Y seguidamente agregó: "No podemos sustraernos que el tema hoy en estudio es delicado y por ello hay que darle en forma rápida y contundente respuesta al denunciante. La rapidez y contundencia deben ir en paralelo, para que se tenga un panorama claro y preciso de un tema que ha estado instalado en la opinión pública".