Una mujer embarazada de dos meses fue trasladada hacia una comisaría por agentes del Comando Radioeléctrico de la Costa. Allí fue golpeada salvajemente hasta perder la gestación. Un chico discapacitado de 17 años, con problemas motrices, fue obligado a meter uno de sus dedos en un ventilador, lo que generó que se orine encima. A un hombre, al cual los propios policías le robaron una balanza, fue desnudado, arrodillado y torturado con golpes en las plantas de sus pies. Inclusive, una niña de 12 años denunció que los efectivos del Comando la amenazaron con llevarla a un orfanato para que sea violada.

Los casos tuvieron lugar en una zona geográfica: la Costa santafesina. Allí, un grupo de agentes -en total seis- perteneciente al mencionado Comando Radioeléctrico realizó una serie de hechos que fueron denunciados durante el 2017 y que derivaron el lunes pasado en la detención de Nadia Lucrecia S. (36) -jefa del Comando-, Carlos Javier N. (41), Exequiel M. (31), Lucía G. (36), Ariel Alejandro S. (41) y Juan Emilio T. (28).

Todos fueron imputados el martes por el fiscal que investigó el caso, Ezequiel Hernández, el cual destapó el accionar de una sindicada banda de policías que, en vez de mantener la seguridad, cometía atracos y torturaba a sus víctimas en viviendas de sectores con bajos recursos, como así en propiedades de clase media, de San José del Rincón, Colastiné y Arroyo Leyes.

El caso comenzó a ser investigado a finales del año pasado luego de una serie de denuncias recibidas en Asuntos Internos y en la División Judiciales que describían la violencia con la que actuaban los agentes del Comando Radioeléctrico de esa jurisdicción. A partir de la creación del área de Violencia y Corrupción Institucional del Ministerio Público de la Acusación, las denuncias se unificaron y comenzaron a formar parte de una pesquisa que derivó en la detención de los seis agentes.

Irrupción ilegal

La investigación detectó que la banda desplegaba allanamientos sin ninguna autorización de un juez en horas del día mayormente. Dentro de las viviendas golpeaban y amenazaban a los moradores. Posteriormente, robaban dinero u objetos de valor. Culminado su accionar, trasladaban a las víctimas hasta una dependencia policial y les hacían vivir los peores tormentos.

"En la mayoría de los casos disfrazaban esto con un procedimiento policial y se llevaban detenidas a las personas, las privaban de su libertad y les aplicaban golpes en las sedes policiales", explicó el fiscal Hernández en una conferencia de prensa llevada a cabo en la Fiscalía. "Era una banda dedicada a estos hechos. Ellos lo hacían de forma cotidiana pero sin roles", aseguró.

Los elementos robados eran, en su mayoría, dinero en efectivo que se encontraba en los domicilios "allanados", aunque los investigadores detectaron que los agentes sustraían elementos de valor, entre ellos relojes o mercadería, como carne.

Más imputados

Si bien la causa tiene sindicados a los seis agentes, como los autores de los brutales hechos, hay otros cuatro efectivos que serán imputados en los próximos días pero en estado de libertad, ya que sobre los mismos pesa haber participado de las torturas y atracos.

Por su parte, el fiscal Hernández indicó en la mañana de este miércoles que por el momento no se estableció ningún grado de participación del personal de las seccionales policiales hacia donde eran trasladadas las víctimas tras los falsos allanamientos.

Inclusive, según indicaron los investigadores, eran los propios agentes que prestaban servicios en las comisarías los que les decían que denuncien la situación en la Dirección de Asuntos Internos.

"Nosotros no hemos determinado complicidad de la comisaría. En general, el relato de las víctimas decía que los trasladaban a una pieza separada donde no había personal de la seccional", precisó el fiscal.

El día D

Los seis acusados permanecen detenidos a la espera de la audiencia de prisión preventiva que se desarrollará el próximo viernes en el subsuelo de tribunales. La misma todavía no tiene horario confirmado por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), por lo que podría desarrollarse entre la mañana o la tarde.

El pasado martes, Hernández le atribuyó 41 hechos delictivos a la jefa del Comando Radioeléctrico, Nadia Lucrecia S., mientras que el resto de los detenidos fue acusado entre 23 y 26 delitos constatados a lo largo de la investigación.

Los casos investigados remontan a octubre, noviembre y diciembre de 2017, aunque se analiza una denuncia de enero del año pasado.