La causa que investiga múltiples modificaciones a los asientos respectivos de los tomos del Registro de la Propiedad de Santa Fe no deja de sorprender por cómo operaba la sindicada organización que tiene a 26 personas procesadas por el juez de Instrucción, Darío Sánchez, del viejo sistema residual de causas.

La investigación, que se inició en el 2011 a raíz de una serie de denuncias presentadas por el exministro de Justicia de la provincia, Roberto Vicente, y la directora general del Registro General Santa Fe, Nora Mauro, detectó una maniobra oscura que colocaba a personas como titulares de terrenos, loteos y otras propiedades mediante un ardid utilizado por un empleado del Registro de la Propiedad.

Aquella fraudulenta operación posibilitó que diversas personas -imputadas en la causa- coloquen la inserción registral falsa de sus datos personales, como adquirente de un inmueble registrado y luego venderlo como si fuese el auténtico titular del mismo. Todo ello era posibilitado, según los investigadores, a través del accionar de un personaje clave en la trama: D. Tomassi. Un "referencista" del Servicio de Catastro e Información Territorial de Santa Fe.

El mismo se encuentra procesado como quien falsificó la documentación pública o los asientos registrales sobre bienes inmuebles inscriptos en tomos del Registro General de Santa Fe. Esa maniobra se basó en sustituir al real propietario por otra persona, que luego quedaba como propietario para así realizar operaciones comerciales.

• LEER MÁS: Procesaron a 26 personas por realizar escrituras falsas mediante escribanos santafesinos

Para la Justicia, Tomassi no cometió solo su ardid en el estamento público, sino que lo hizo en conjunto con otras dos empleadas de la repartición pública.

Su función no era una sola. Debía supervisar y tramitar toda la documentación relacionada al Servicio de Catastro e Información Territorial desde y hacia el Registro General. Pero además tenía que supervisar la información recabada del Registro General de la Propiedad a solicitud de diferentes áreas, realizar estudios de antecedentes del Registro General de la Propiedad y por último -siendo uno de los puntos más sobresalientes de sus funciones- constatar anomalías en la verificación dominial.

En ese aspecto, los pesquisas aseguraron que testigos afirmaron a lo largo de la investigación que, "en algunas ocasiones, se borraron los datos de los verdaderos titulares y la inscripción del inmueble, colocándose datos de otras personas y otros inmuebles. En otros casos, no se modificó un asiento existente sino que directamente se incorporó otro adulterado a los tomos respectivos con datos de titular, transmitente, adquirente, descripción del inmueble; como también se sustrajeron folios falsificados en forma posterior a la transferencia.

Además, los testimonios de empleados de la repartición pública afirmaron que vieron a Tomassi quedarse en las oficinas del Registro de la Propiedad después de las 13, horario en que culmina la actividad.

Hasta es más, en algunos casos la investigación reveló que dichos asientos adulterados o falsificados y agregados como parte del tomo, "fueron manipulados previamente para que aparenten ser antiguos y se confundan con los demás folios. Así también, se detectaron asientos que fueron incorporados con una caligrafía diferente a la que se había utilizado al momento de ser confeccionado el índice de cada tomo".

El rol de Tomassi fue acompañado por quienes permitían simular ser propietarios y también por los escribanos que posibilitaban, mediante trámites, realizar el ardid que se cobró múltiples víctimas.

Por ejemplo, uno de los tantos casos registrados por la Justicia provincial reveló que un imputado, J. De Napoli, adquirió un inmueble y luego se lo vendió, como si fuese titular auténtico a Guillermo G. y María B. Dicha transferencia fue realizada mediante la escritura que fue autorizada por el escribano M. Peón, también procesado por el juez Sánchez.

Aquella operación había subdivido el terreno -en Colastiné-, el cual había sido planeado por sus compradores para realizar una obra del crédito Procrear. En este sentido, fue el mismo Banco Nación el que detectó la irregularidad, por lo que se inició una investigación que determinó la falsedad de los datos empleados por el supuesto "propietario" del terreno que luego fue subdividido.

En la actualidad, la causa tiene procesadas a 26 personas por orden del juez de Instrucción 5ª, Darío Sánchez, quien instruyó la causa que se inició en el 2011 en el Juzgado de Instrucción 1ª, que en ese entonces estaba a cargo del juez Jorge Pegassano.

Este último magistrado había procesado a los involucrados en el caso pero tras un fallo de un tribunal de Alzada, el dictamen de Pegassano fue revocado y la causa volvió a foja cero. Posteriormente, el caso pasó al juzgado de Darío Sánchez, donde en 2016 cobró un nuevo impulso que derivó en el reciente procesamiento dictado en diciembre pasado.

En el mismo hay tres escribanos que se encuentran acusados de ser coautores de los delitos de "falsedad ideológica de instrumento público, estafa y asociación ilícita en concurso real entre sí". Los mismos fueron identificados como C.M.H. Dechanzi, P. Galván y M. Peón.