Judiciales
Miércoles 09 de Mayo de 2018

Se agrava la situación de patovicas y un policía por un homicidio ocurrido en un boliche de Gálvez

Un juez consideró que el deceso de un hombre que fue interceptado por los encargados de la seguridad y que murió a raíz de asfixia no fue culposo ni preterintencional, sino que se enmarca en una causa de privación de la libertad. En tanto, dispuso que continúen en prisión preventiva.

Un fallo emitido el último viernes en la Cámara de Apelaciones de Santa Fe ordenó que cuatro patovicas y un agente policial, todos involucrados en un homicidio ocurrido en un boliche de la ciudad de Gálvez (departamento San Jerónimo), permanezcan detenidos con prisión preventiva hasta que llegue el juicio.

El violento episodio ocurrió en la madrugada del 24 de septiembre del 2017, cerca de las 4, y tuvo como víctima a Emiliano Arri, de 39 años, el cual falleció por asfixia como consecuencia de una llave realizada en la zona del cuello. El caso quedó sin ninguna persona detenida en ese entonces, pero tres meses después, luego de que la autopsia reveló que la causa de muerte fue la asfixia, el fiscal del caso, Jorge Nessier, ordenó la detención de los involucrados, que en un principio fueron cuatro.

Aquel cuarteto fue llevado a audiencia de prisión preventiva el 12 de diciembre del año pasado y fue la jueza de la Investigación Penal Preparatoria, Susana Luna, quien ordenó que permanezcan detenidos. En tanto, la magistrada sugirió al fiscal que investigue la responsabilidad de un agente policial que realizaba horas extras en el boliche y que también tuvo intervención en el hecho. El mismo quedó detenido cinco días después del fallo de la jueza Luna tras confirmarse en un video, que fue utilizado como evidencia, que también había sujetado a la víctima cuando este se encontraba tirado en el suelo.

Aquel dictamen fue apelado por las defensas de los imputados, Alejandro Otte, Hilda Knaeblein y Claudio Torres Del Sel, el pasado 17 de abril y se solicitó la libertad. El último viernes, el juez camarista Bruno Netri resolvió que los cinco imputados continúen detenidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva.



Por tal razón, Juan Pablo "Pali" Rivero, Juan Pablo "Pato" Ortiz, Cristian David Serrano y Claudio Ojeda, y el agente policial José Francisco Carrizo permanecerán tras las rejas hasta que llegue la instancia de juicio oral.

Cambio de calificación
Si bien el fallo del juez Netri avaló lo resuelto por la jueza Luna en primera instancia, el dictamen contempló nuevas aristas en torno a cómo se produjo el homicidio de Arri. El mismo ocurrió cuando la víctima se encontraba en el interior del boliche al cual tenía prohibido ingresar.

Dicha acción quedó registrada en una cámara, la Nº 8, y permitió establecer a los investigadores cómo se dio la violenta situación en que Arri perdió la vida tras ser sujetado del cuello por Rivero, mediante una llave, y sostenido en las extremidades por los demás imputados en la causa.

Para el camarista, la conducta de los acusados no se encuadró en la figura penal de homicidio culposo ni de preterintencional sino que se ajustó a que el homicidio devino de la privación de la libertad que sufrió luego de ser abordado en la zona de baños y trasladado hacia un apartado lindero al guardarropas, adonde quedó filmado.

En este sentido, el magistrado consideró que "se observa que las conductas atribuidas en la imputación encuadran técnicamente y en rigor en el delito de privación de la libertad seguida de muerte".



Por tal razón citó la calificación jurídica y argumentó que al que "sustrajere o retuviere a una persona con el fin de obligar a la víctima a hacer, no hacer, o tolerar algo contra su voluntad. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará". En tanto, Netri aclaró que en caso de que los imputados sean funcionarios públicos –en este caso son un penitenciario y agente policial–, la pena será mayor y más aún si la situación culmina en un homicidio.

En torno a esta calificación, el juez de segunda instancia destacó que si bien se desarrolla habitualmente en la órbita de la Justicia Federal, existen elementos y precedentes que permiten aplicarla en la Justicia ordinaria.

Además, el dictamen del magistrado propuso un interrogante "abstracto". ¿Cuál es la "intención" del personal de seguridad y de control de un local/negocio que observa que en su interior se encuentra una persona que tiene prohibido su ingreso? ¿Matarlo? ¿Lesionarlo? ¿Agredirlo? ¿Injuriarlo? ¿Amenazarlo? O bien, entre tantas otras posibilidades, ¿excluirlo del lugar?".

"En lugar de ser inmediatamente "retirado" Arri del lugar –pudiéndolo materialmente hacer los imputados, una vez apresado y retenido–, se "decidió" en su lugar "mantenerlo retenido", con fuerza y violencia, durante aproximadamente un total de ocho minutos (desde que fue detenido hasta que se constató su estado de inconsciencia), "con la finalidad" de que sea esposado y, recién entonces, proceder a retirarlo del lugar por la policía", precisó el análisis del magistrado de alzada.

En esa línea, la postura de Netri argumentó que "no es posible –a esta altura procesal, fáctica ni jurídicamente– sostener en el caso la calificación legal propuesta por la fiscalía y receptado por los magistrados de baja instancia, de homicidio doloso eventual, en relación al hecho que fuera atribuido a los imputados".

Evidencia clave
La investigación, que es dirigida por el fiscal de la Unidad Especial de Homicidios, Jorge Nessier, se centró principalmente dos puntos claves. El primero fueron los videos registrados por dos cámaras de seguridad instaladas en el boliche. En uno de esos videos se observa cómo Arri fue abordado por los patovicas en la zona cercana a los baños y trasladado hacia un apartado, mientras que el segundo se ve cómo el muchacho es sujetado del cuello y luego termina cayendo al suelo.

En tanto, la otra evidencia que mantiene la Fiscalía es el informe final de la autopsia que reveló que la causa de muerte de Arri fue asfixia por la compresión mecánica.