Este jueves a la mañana se realizó una audiencia de apelación a la prórroga de prisión preventiva que le fue otorgada hace dos meses al docente de la escuela San Roque. El hombre está detenido desde el 2020 con una imputación por el abuso sexual a un alumno del jardín.

A mediados de febrero de este año hubo una audiencia a cargo del juez Nicolás Falkenberg. Allí se solicitó de parte de la fiscalía y de la querella (las abogadas Carolina Walker y Agustina Taboada) una prórroga de la prisión preventiva y por otro lado, la defensa pidió que quede en libertad condicional. El magistrado falló a favor de los fiscales y se extendió ocho meses más el plazo de detención. La defensa de D. C., los abogados Ignacio Alfonso Garrone y Sebastián Oroño, apeló esa resolución. Entonces el juez Roberto Reyes anuló el fallo de Falkenberg y ordenó que se haga una nueva audiencia para definir si corresponde o no la prisión preventiva a D. C.

El 1 de abril de este año el juez Jorge Patrizi prorrogó un año la prisión preventiva de D. C., el docente. En esa ocasión los padres del niño por el que se promovió la denuncia y la investigación pidieron la palabra. Expresaron que el hombre les arruinó la vida y pidieron que siga preso. Este magistrado consideró en sus argumentos que "el entorpecimiento probatorio está acreditado".

Uno de los ejes de debate es que el tiempo de la prisión preventiva que corresponde por la ley está excedido, ya van más de dos años desde que detuvieron a D. C. La fiscalía presentó la acusación a los diez meses de la imputación. Pero la Oficina de Gestión Judicial no puso fecha de juicio en los tiempos que marcan las normas. Esta situación fue reconocida por Falkenberg en su fallo, que dijo: "Lamentablemente la carencia de recursos humanos, precisamente de magistrados, ha generado la dilación de los procesos que no es atribuible a ninguna de las partes del proceso. Por otra parte, no tendría sentido cautelar medidas a un imputado de prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento probatorio y luego disponerle la libertad muy poco antes del juicio oral y público porque eso podría llevar al absurdo que en la actualidad no se despachen más medidas cautelares".

Esta mañana Oroño solicitó que la sentencia de Patrizi sea anulada y pidió la libertad para su defendido. La audiencia estuvo a cargo del juez penal de segunda instancia, Enrique Álvarez. El defensor dijo que no hay riesgos de fuga ni entorpecimiento probatorio que justifiquen que siga detenido a la espera del juicio, que será el 21 de junio. Por su parte la fiscalía reiteró su postura previa, alertó que la libertad de D. C. podría influir en los testigos del juicio.

El imputado pidió la palabra durante esta audiencia. Expresó que es el "primer interesado" en que se desarrolle el juicio. "No me voy a escapar", dijo. Y manifestó que es inocente. Además describió que en 2018 cuando se dio a conocer una situación de abuso de manera interna en la institución educativa fue él quien hizo una denuncia para que el hecho se investigue. La fiscalía dice que no hay registros de esa solicitud. Álvarez anunció que su resolución se dará a conocer la semana que viene.

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El caso

D. C., de 40 años, fue imputado y detenido a fines de febrero del 2020 al ser investigado como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el guardador y encargado de su educación, con corrupción de menores agravado, en perjuicio de un niño que asistía al jardín San Roque. La acusación la hizo el MPA el 30 de diciembre del 2020. Fue apelada por la defensa y se resolvió finalmente el año pasado a favor del MPA.

Cabe recordar que, de acuerdo a lo que explicó Walker a UNO, luego de la primera denuncia fueron cerca de 20 niños que se acercaron a su estudio. Las víctimas en ese momento tenían en promedio tres años, muchos padres decidieron no avanzar en el proceso judicial a lo largo del tiempo, la mayoría no asistió a las cámara Gesell y luego ocurrió la pandemia, por lo que quedó solo un denunciante. El niño pudo contar con claridad a operadores del sistema judicial los sucesos que llevarán a D. C. al juicio.

Además, en el marco de este caso, la institución educativa fue intervenida por el Ministerio de Educación y dos autoridades de la misma fueron imputadas e investigadas por encubrimiento agravado. Una mujer de 49 años cuyas iniciales son C. F. L., quien era la directora de la institución educativa en 2018, año en el que se habrían producido los abusos fue sobreseída la semana pasada por el juez penal José Luis García Troiano. Por su parte, la otra mujer investigada tiene 36 años, sus iniciales son E. K., era la vicedirectora en 2018 y es la actual directora del establecimiento.

La fiscalía adelantó en audiencias previas que solicitará 16 años de prisión para D. C., y la querella 20.