Andrés Soto y el contador público Ariel Villanueva, ambos imputados en la causa que investigó una serie de fraudes cometidos en la administración pública por medio de falsos arreglos a móviles pertenecientes a la Policía de Santa Fe, cerraron esta mañana sus respectivas condenas.

Los dos fueron acusados de haber participado de un ardid delictivo, entre 2015 y 2016, que consistía en facturar reparaciones a unidades policiales que nunca eran arregladas o que se encontraban en desuso. Dicha estafa fue desbaratada en 2016 tras una denuncia radicada por el propio ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro y que fue investigada, en un principio, por el fiscal Roberto Apullán.

A raíz de ello, la causa derivó en la detención de Facundo Testi y el propio Villanueva, los dos sindicados como los jefes de la organización. A su vez, los investigadores procedieron a detener al exjefe de la Policía provincial, Rafael Grau y a José María Leiva (exjefe del D4 de Logística) tras sostener que ambos aportaron el ámbito para que las defraudaciones se cometan. En tanto, también fueron detenidos los civiles Andrés Soto, Rodrigo Ruiz y Artemio Viscari tras revelarse que habían sido partícipes de la asociación ilícita.

Esta mañana, en la Sala II del subsuelo de tribunales, Soto y Villanueva fueron los primeros en acordar una condena por medio de un juicio abreviado. El mismo fue cerrado entre los fiscales del caso, Ezequiel Hernández, Leandro Lazzarini y Alejandra Del Río Ayala y las defensas de los imputados, Luis Hilbert por Villanueva y Martín Oscar Peón, por Soto.

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El acuerdo fue ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Jorge Pegassano, el cual deberá homologar y dictar sentencia dentro del plazo de cinco días, tal como lo establece el Código Procesal Penal.

El tallerista

Quien primero cerró su condena fue Soto, un tallerista oriundo de la ciudad de Santa Fe, el cual acordó un monto de pena de 10 años de prisión efectiva, porque el mismo se hizo cargo de cuatro hechos que le imputó la Fiscalía. Los dos primeros fueron en base a la causa del D4, ya que fue considerado como quien formó parte de la asociación ilícita al brindar su estructura comercial para cometer el fraude.

A su vez, aceptó la condena por "corrupción de menores" en el marco de una causa que tuvo a su hija como víctima. Ese expediente se armó en base a una denuncia que radicó la madre de la menor el 21 de junio del 2016 y que fue abordada por la fiscal del caso, Del Río Ayala, del área de Violencia Género, Familiar y Sexual del Ministerio Público de la Acusación.

Por último, se hizo cargo del delito de "tenencia ilegítima de arma de fuego" por tener en su domicilio una escopeta calibre 16 sin su documentación correspondiente.

Uno de los organizadores

Por su parte, Villanueva cerró una condena de tres años de cumplimiento efectivo, ya que asumió haber sido quien "emitió órdenes e instrumentos de pago por arreglos y cambios de repuestos inexistentes a móviles policiales, acreditándose en forma engañosa la "ejecución" de aquellos con facturas y otros documentos comerciales privados".

En razón de ello, los fiscales le atribuyeron al imputado que obtuvo por parte del Estado provincial -en este caso del Ministerio de Seguridad- "ilegítimas disposiciones patrimoniales a favor de los integrantes de la organización criminal".

Según se develó en la audiencia, el fraude fue cometido entre abril de 2015 y febrero del 2016 y llegó a una suma de $1.604.573, 73.

Devolver el dinero

La pena acordada en tribunales resolvió además que Villanueva quede inhabilitado de por vida para desempeñarse en cargos de la administración pública. A su vez, deberá abonar una multa por 90.000 pesos.

En tanto, y en razón de reparar el perjuicio patrimonial, tendrá que pagar una suma de $795.922. Dicha suma se basó en $600.000 en concepto de capital y $195.922 en concepto de intereses.

Por último, el acuerdo cerrado fijó que el acusado, al momento de solicitar la libertad condicional tendrá que donar $600.000 a entidades de bien público, las cuales serán individualizadas por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Más imputados

Según el fiscal Hernández, la investigación logró detectar que hay más personas involucradas en el fraude destapado en 2016. "Se van a imputar a más involucrados", anticipó y agregó que son empresarios. "Tenemos dos ya listos para imputar", concluyó.