La medida alcanza a la hilandería de Reconquista y a dos desmotadoras. También dispuso la extinción de 243 contratos laborales, con plazos según las tareas de cada trabajador
17:23 hs - Martes 17 de Noviembre de 2026
El juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, ordenó la suspensión gradual de las actividades de Algodonera Avellaneda. La resolución también dispuso la extinción de los contratos de 243 trabajadores, con distintas fechas de finalización según sus tareas. Las plantas quedarán bajo conservación y custodia mientras avanza la búsqueda de compradores.
La decisión alcanza a la hilandería de Reconquista, en Santa Fe, y a las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. El magistrado tomó la medida después de que la sindicatura recomendara suspender las actividades por las pérdidas y la insuficiencia de los ingresos de los contratos a fasón para cubrir los costos.
El desequilibrio económico es significativo. Según la información difundida por la Justicia, la hilandería registra ingresos mensuales de unos $425 millones, frente a costos que llegan a $1.239 millones. El déficit informado oscila entre $565 millones y $815 millones por mes, con una fuerte incidencia del gasto energético. A ese escenario se suma la intimación de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para cobrar una deuda superior a $4.600 millones, bajo apercibimiento de cortar el suministro.
Lorenzini aclaró que la medida busca frenar las pérdidas y preservar las instalaciones para una eventual reactivación. “La medida que se adopta no es el cierre definitivo de los establecimientos, sino la suspensión gradual y paulatina de sus actividades”, señaló.
El esquema contempla terminar los procesos productivos en marcha, impedir el ingreso de nueva materia prima y seguir la secuencia de cierre ordenado propuesta por la sindicatura. Luego, las plantas quedarán bajo un régimen de conservación y custodia que permita mantener su valor como unidades productivas y facilite su reactivación por parte de quienes las adquieran.
Los contratos a fasón
Al mismo tiempo, el juez abrió un plazo de diez días corridos para que las empresas que operan a fasón y están vinculadas a la sociedad —Sir Cotton SA, Vicentin Saic e Insumos XXI SA, vinculada a Facundo Trigueiro— presenten alternativas para sostener total o parcialmente la actividad. Según explicó, esas firmas “conocen los establecimientos, tienen mercadería en ellos y son los primeros interesados en su funcionamiento”.
Las propuestas deberán garantizar el financiamiento de la operación. “Toda propuesta deberá ser concreta y autosuficiente”, estableció el magistrado. Esto implica cubrir salarios, cargas sociales, energía, insumos, seguros y servicios, sin generar nuevas deudas para la quiebra, con garantías adecuadas y sin interferir en la venta de los activos.
Los trabajadores
En cuanto a los 243 contratos laborales, la resolución fijó distintos momentos para su extinción. Para el personal que prestaba servicios en la ciudad de Buenos Aires, estableció como fecha el 14 de octubre de 2026, cuando se declaró la quiebra.
Para quienes continuaron trabajando después de esa declaración y no sean asignados a terminar la producción ni a las guardias, la desvinculación tendrá efecto desde la fecha de la resolución. En cambio, los contratos del personal necesario para completar los procesos en marcha y cubrir las guardias mínimas finalizarán cuando lo informe la sindicatura.
Los trabajadores podrán reclamar los salarios y las indemnizaciones pendientes, además de acceder a la prestación por desempleo, se aclaró.
Por otra parte, Lorenzini encomendó a la sindicatura la convocatoria inmediata a los inversores registrados que hayan manifestado interés en adquirir uno o varios establecimientos y activos de la compañía. El objetivo es avanzar con la venta mientras se preservan las instalaciones y se evita que la continuidad operativa profundice las pérdidas.