La Reforma
Sábado 05 de Mayo de 2018

Alcances y límites de la convención reformadora

La discusión sobre los alcances y límites de una convención constituyente o "reformadora" en los términos de la Constitución de Santa Fe, está saldada desde la doctrina constitucional y desde la letra misma de los artículos de nuestra carta magna provincial. Sin embargo, creemos oportuno realizar algunas precisiones.


La Constitución de 1962 es "rígida": no puede reformarse sino mediante una ley, un quorum especial y un órgano específico (art. 114). Es decir, un procedimiento distinto al de la legislación ordinaria ya que la Legislatura deberá sancionar la ley de necesidad de la reforma, pero no será ese cuerpo el que las lleve a cabo, sino una convención que ejercerá el poder constituyente derivado.


Suele decirse que el proceso reformador tiene dos grandes etapas: una preconstituyente, asignada a la Legislatura provincial, y luego la constituyente propiamente dicha, a un órgano ad hoc o especial: la Convención Reformadora. La etapa preconstituyente es la de "iniciativa": la Constitución provincial le encomienda a la Cámara de Diputados y a la de Senadores que "declare la necesidad de la reforma" con "el voto de las dos terceras partes de cada cámara". La Constitución delega únicamente en los legisladores la misión de decidir "qué" reformar. Según su letra, esa reforma podrá ser "total o parcial", y en este último caso, se deberá indicar "los artículos o la materia que hayan de reformarse".


Todos los intentos de reformistas desde 1984 hasta la fecha en Santa Fe, han sido de reforma parciales, como en el caso actual: existe consenso en no conmover los cimientos mismos de la Constitución de 1962. Hay un "minimum constitucional inviolable" que podrá mejorarse progresivamente en derechos y garantías y adaptarse a los tiempos actuales con inclusión de instituciones y órganos de poder más democráticos, representativos, igualitarios y transparentes.


Los límites de la convención constituyente están dados en la norma declarativa de la necesidad de la reforma. Nuestra carta magna aclara que "en los casos de reforma parcial la Convención no puede pronunciarse sino sobre los artículos o la materia designados por la ley" (art. 115). La Convención constituyente pues, solo es "soberana" para moverse dentro del marco que la ley de necesidad de la reforma le ha dictado. Nunca fuera de ella.


Concierne a la Convención su "ordenamiento interno" y posibilidad de la prórroga de su duración por la mitad del plazo fijado por la ley, pero no podría pronunciarse sobre los temas, materias o artículos no habilitados por la ley aprobada por la Legislatura. Asimismo, no está obligada a aprobar todas las modificaciones propuestas, pero sí a "expedirse sobre todos los puntos susceptibles de reforma", ya que si no lo hiciere "se entenderá que esta (la reforma) no se ha producido en parte alguna".


En consecuencia, la Convención Reformadora es un órgano que deriva de la propia Constitución, que le delega el poder para proceder a su propia reforma, a partir de tres instancias: a) la legislativa a través de sus diputados y senadores, que declararán la necesidad de la reforma y los temas o artículos a reformar; b) el electorado, que elegirá a sus representantes, quienes decidirán las reformas dentro del marco de la ley de la Legislatura; y c) la convención reformadora, que finalmente tomará la decisión sobre las modificaciones o sustituciones al texto actual.


Como lo ha expresado con meridiana claridad el Dictamen Preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia", comisión creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1985 y presidida por el gran jurista Carlos Nino y que adapto a nuestro caso: una declaración de "soberanía" absoluta de la Convención Constituyente implicaría además de una violación legal y constitucional, burlar tanto la competencia y la calificación de la mayorías legislativas previstas en la Constitución que decidieron qué debe reformarse, cuanto quebrantaría también el voto popular que tuvo en cuenta la declaración de ese órgano legislativo al elegir a los miembros de la convención.



OSCAR M. BLANDO

Director de Reforma Política y Constitucional