La Reforma
Sábado 05 de Mayo de 2018

La opinión de los profesionales



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EMILIO ROSATTI  //  Profesor de Derecho Constitucional (UCSF y UNL)
EMILIO ROSATTI // Profesor de Derecho Constitucional (UCSF y UNL)

EL CONSENSO POLÍTICO QUE SE ESPERA DESDE 1994
La reforma celebrada en Santa Fe-Paraná en el año 1994 fue una de las más importantes para nuestra Constitución Nacional. Se incluyeron los llamados derechos de la tercera generación; se introdujeron importantes avances en materia de derechos humanos incorporándose al bloque constitucional tratados al respecto; se fortaleció el federalismo con la creación de regiones, celebración de convenios internacionales, y consagrándose la autonomía municipal; se intentó atenuar el sistema presidencialista, y se incluyeron el amparo, habeas data y habeas corpus como garantías para hacer cumplir los derechos, entre otros.

Ya han pasado veinticuatro años de la referida reforma y nuestra provincia aún no ha adaptado –si se me permite el término- su texto constitucional conforme la Carta Magna nacional.

Cada vez que se convoca a una reforma constitucional en Santa Fe, la cuestión política –como contraposición a la técnico-jurídica-, inexorablemente aparece en la discusión. Se escuchan voces de sectores pugnando por mantener el texto vigente y otros incitando a una reforma con un total cambio de paradigma. Tampoco faltan los que sugieren un cambio moderado.

A mi juicio, lo importante es llegar un consenso político-partidario, con el objetivo de acotar las distancias con las cuestiones técnicas y lograr la buscada reforma.

Temas tan relevantes como el Consejo de la Magistratura; el sistema electoral –referido no sólo al Poder Ejecutivo, sino también al Legislativo-; el Ministerio Público; la inclusión de institutos de democracia semidirecta, entre muchos otros deberán –inevitablemente- discutirse en el ámbito de una convención constituyente.
La autonomía municipal es a mi juicio uno de los principales temas de la reforma y quizás el que mayor incidencia futura tenga en la vida cotidiana de los santafesinos. Algunas de las cuestiones a tener en cuenta en este tema son: la diferencia entre municipios y comunas y dentro de los primeros (los más grandes podrían tener mayor grado de autonomía que el resto). El municipio puede ser considerado grande de acuerdo a distintos criterios: demográfico, territorial o mixto.

También deberá analizarse la posibilidad de los municipios de darse sus propias cartas orgánicas y tener competencia en materia de seguridad, salud y educación.

Finalmente, deberá darse un profundo debate respecto del tema económico (autarquía vs. autonomía). Existen sobre el particular numerosos textos y opiniones de especialistas. Asimismo, se ve auspicioso el camino recorrido por otras provincias que fueron reformando sus constituciones en los últimos tiempos –Entre Ríos por ejemplo-, incorporando algunos de los ítems descriptos.

Sin perjuicio de las alianzas que se puedan formar y de las coincidencias y avances que en consecuencias se logren, habrá sin dudas muchas voces en pugna y contraposiciones que generen enfrentamientos que podrían hacer naufragar la totalidad de tamaña empresa.

Como dijimos al comienzo una reforma se materializa a través del consenso político, lo que podría implicar que no se pueda llevar a cabo este proceso en razón de existir opiniones encontradas sobre algunas cuestiones, aun habiendo anuencia para otras. En otras palabras: incluso quedando afuera algunos temas es preferible avanzar en una reforma que contemple, cuanto menos, los consensos logrados previamente.
EMILIO ROSATTI // Profesor de Derecho Constitucional (UCSF y UNL)





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<div>IVÁN CULLEN&nbsp; //&nbsp; Profesor honorario Derecho Constitucional I y II (UNR). Convencional Constituyente en 1994</div>
IVÁN CULLEN // Profesor honorario Derecho Constitucional I y II (UNR). Convencional Constituyente en 1994

UNA OPORTUNIDAD QUE SE DEBERÍA VALORAR
El proyecto de reforma que promueve el Poder Ejecutivo se sustenta en la necesidad de modificar la Constitución vigente, cuyo perfil responde a paradigmas políticos diferentes de los actuales. Después de casi 30 años hay un consenso muy significativo y generalizado para encarar este proceso que se debería valorar. Es una oportunidad que deberíamos valorar.

En este marco, se proponen reformas en temas importantes, por ejemplo en la elección de diputados que en la Constitución de 1962 sacrifica justicia en la distribución de bancas por gobernabilidad en la conducción del Estado, por ello asegura a quien gana –aunque sea por un voto- el 60% de los diputados.

También es importante la representación proporcional para la distribución de bancas en diputados aun cuando entiendo debe modificarse la disposición que determina un distrito único para la elección de 69 convencionales titulares y otros tantos suplentes. Este tema puede perfectamente modificarse en la Legislatura.

La constitucionalización del Consejo de la Magistratura es un paso muy significativa porque no se cometió el error de la Constitución Nacional de darle la administración del Poder Judicial a este Consejo sino que su actuación se circunscribe a la selección de candidatos a jueces y a la acusación que corresponde a quienes sean sometidos a Jurados de Enjuiciamiento. Asimismo permite que los enjuiciamientos de magistrados sean realizados por un tribunal imparcial, cosa que en la Constitución vigente no puede garantizarse.

Se destaca, a su vez, la supresión de algunos puntos que establece la Constitución de 1962 otorgándole competencia originaria y exclusiva a la Corte en algunos temas, como por ejemplo toda la materia administrativa, leyes de expropiación, etc.

Párrafo aparte merece el hecho de haber incorporado como susceptible de reforma al art. 88 que priva de estabilidad a los jueces a la edad de 65 años aun cuando las sugerencias del Poder Ejecutivo en el proyecto, que no son obligatorias, apuntan sobre la edad y no sobre la inamovilidad de los jueces, que es el problema a solucionar. Lo importante es que el artículo está habilitado.

En lo que refiere a la autonomía municipal que resulta una obligación impuesta por la Constitución Nacional, el proyecto de reforma lo prevé y está muy bien que lo haga, como también potenciar las facultades autónomas que tienen las provincias como consecuencia de la reforma de 1994 y de sus relaciones incluso con países extranjeros.

En cuanto a los derechos y garantías, es evidente que hay una inquietud por reforzar los derechos de las personas aun cuando mucho se hizo en 1994, el hecho de habilitar los temas permite que la Convención pueda en algunos casos ampliar específicamente determinados derechos que, si bien son reconocidos, no están expresamente determinados en las normas nacionales, como por ejemplo el derecho de la víctima en un proceso penal que debe asegurar la posibilidad de la ayuda estatal para suministrarle la adecuada asistencia letrada si no puede pagar un abogado.

Por supuesto que todos los derechos que se incorporaron en la Constitución Nacional de 1994 tienen plena validez dentro de la Provincia pero nada obsta para que en algunos casos pueda haber alguna ampliación siempre favorable a los sectores más vulnerables.

En cuanto a las garantías, se incluye la reforma del artículo 17 porque el Amparo en nuestra Constitución Provincial es increíblemente limitado a sólo algunos derechos y no se siguen los lineamientos del art. 43 de la reforma de 1994 que incorpora el Hábeas Data y mejora el Hábeas Corpus.

La paridad de géneros
IVÁN CULLEN // Profesor honorario Derecho Constitucional I y II (UNR). Convencional Constituyente en 1994





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UNA CONSTITUCIÓN MÁS IGUALITARIA Y DEL SIGLO XXI
Una Constitución tiene la capacidad de consagrar el respeto y la igualdad sobre todo para las minorías o sectores vulnerables, así como otorgar más derechos a las personas frente al Estado y distribuir el poder. En particular, el proyecto presentado procura la incorporación de derechos concretos que no se encuentran expresados en la Constitución vigente, de 1962. Así como profundizar algunos existentes que no han operado correctamente. Reconoce y garantiza los nuevos derechos y garantías orientados a adecuar la Constitución Provincial a la Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Los convencionales constituyentes deberán trabajar en la incorporación del derecho a la identidad, la diversidad sexual, la eliminación de toda discriminación contra la mujer. También de los niños, niñas y adolescentes; los jóvenes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, a la seguridad ciudadana y a la seguridad privada, de la víctima. Los derechos sexuales y reproductivos, del consumidor, al deporte, a un ambiente sano y sustentable, al agua, a un hábitat urbano y a la ciudad, a participar de la economía social y solidaria. Medidas para el cumplimiento, ejercicio y goce de los derechos económicos, sociales y culturales; la protección de toda forma de comunidad familiar; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; y del turismo como bien social.

Los 56 años pasados desde la última reforma provincial e incluso los 24 años transcurridos desde la reforma nacional de 1994, representan mucho tiempo; la sociedad ha cambiado, tiene nuevas necesidades y problemas.

El proyecto presentado en la Legislatura recepta la declaración de Naciones Unidas al acceso a Internet como un derecho humano con el fin de favorecer la libertad de expresión y la posibilidad de informarse, educarse, disfrutar de los bienes culturales.
El mensaje da jerarquía y asume como función del Estado la promoción de la ciencia, la investigación, la innovación tecnológica y productiva.

Incluye mecanismos de mayor participación, eficiencia y transparencia en la gestión estatal, demanda ciudadana por el mejoramiento y modernización de los poderes y servicios públicos.

Los beneficios de la informática y comunicaciones han producido cambios en las formas de comunicarnos, trabajar y educarnos. Pero también nos ocasionan a veces problemas y riesgos que requieren de ciertos derechos y garantías para defendernos. Se plantea además la ampliación de la inviolabilidad del domicilio, correspondencia y mensajes electrónicos.

Se adecua al artículo 43 de la Constitución Nacional para ampliar la acción de Amparo e incorporar la acción de Habeas Data.

En materia de derechos y garantías, el proyecto está a la altura de la época y de los desafíos sociales, ambientales y tecnológicos que tenemos y se agudizarán en los próximos años.

La ciudadanía toda y los representantes que lleguen a ser electos como convencionales constituyentes tienen la oportunidad histórica de diseñar una Constitución más igualitaria y justa; una Constitución para el siglo XXI.

¡Siempre la propuesta de una reforma constitucional genera debate, pero han pasado 56 años! Ya no hay justificativo para dilatar este trabajo.
MARÍA LAURA SPINA // Prof. de Derecho y Tecnologías de la Información (UNL)




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RICARDO TERRILE&nbsp; //&nbsp; Prof. de Derecho Constitucional (UNR)
RICARDO TERRILE // Prof. de Derecho Constitucional (UNR)

¿POR QUÉ ES NECESARIA E INEVITABLE UNA REFORMA?
La Constitución es un acuerdo que debe traducir y reflejar la actual situación institucional, los problemas y las urgencias que debemos resolver; los derechos que debemos defender, consolidar y sustentar. Cada uno de nosotros es un sujeto de derecho que piensa y se proyecta de diferente manera. Frente a nuestras respectivas conciencias, la Constitución nos invita al llamado "Consenso Superpuesto", es decir, avanzar en acuerdos programáticos por sobre lo que cada uno individualmente sostiene. Vivimos con inseguridad, con una marcada inflación, sometidos al poder de grandes corporaciones. Necesitamos parlamentos vigorosos en los que la idoneidad sea el factor principal de acceso a la función pública y evitar mandatos vitalicios potenciando la participación popular, las audiencias públicas y la renovación parlamentaria. Ello, con seguridad, implicará la modernización de los partidos políticos, instrumentos necesarios para consolidar la democracia.

Es necesaria e inevitable la reforma para incorporar principios democráticos como la intransferibilidad del voto, el derecho al sufragio activo de los extranjeros con residencia, la eliminación del requisito de tener dieciocho años para ser elector, el reconocimiento de los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático, el establecimiento de un tribunal jurisdiccional electoral, el requisito de contar con mayorías legislativas agravadas o especiales para la aprobación de normas en materia de partidos políticos y sistema electoral, la incorporación de la distribución proporcional de las bancas y la participación política en base al principio de paridad entre géneros en la conformación de las listas de candidatos en la Cámara de Diputados y Senadores, disminuyendo la edad para ser elegido legislador, limitando a un solo período su reelección y ampliando el período de sesiones ordinarias.

También para facultar a la Asamblea Legislativa a dictar acuerdo para la designación del Jefe de Policía; habilitar la reelección inmediata y por un solo período para Gobernador y Vicegobernador, siguiendo el ejemplo de la Constitución Nacional y la mayoría de las constituciones provinciales; incorporar un sistema de doble vuelta electoral, para la elección de Gobernador y Vicegobernador; fijar las competencias del Procurador General y establecer en número impar la composición de la Corte Suprema de Justicia; incorporar al Vicegobernador, al Fiscal General y al Defensor General como sujetos pasibles de ser sometidos a juicio político; establecer el alcance de la autonomía de los municipios; la inclusión de mecanismos de participación ciudadana y democracia semidirecta; la incorporación del Consejo Económico y Social.

Es fundamental darle rango constitucional al Consejo de la Magistratura y asegurar la independencia, imparcialidad, idoneidad y compromiso democrático con el Estado de Derecho y el servicio de justicia de quienes resulten designados así como un jurado de enjuiciamiento para la remoción de magistrados, defensores públicos y fiscales; el reconocimiento constitucional a la Defensoría del Pueblo y de las regiones y áreas metropolitanas y sus respectivos entes de coordinación (nodos), basados en criterios de descentralización.

Diferentes administraciones y legisladores, representando a distintos partidos, han coincidido en la necesidad de reformar la constitución de nuestra provincia. No es un capricho. Es una necesidad impostergable.
RICARDO TERRILE // Prof. de Derecho Constitucional (UNR)



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GRISELDA TESSIO // Ex vicegobernadora de Santa Fe
GRISELDA TESSIO // Ex vicegobernadora de Santa Fe

DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN
Constituciones y realidad social conforman dos tópicos que se relacionan dialécticamente en un proceso de cambio histórico. En épocas de pérdida de sentido y de significaciones construir un discurso jurídico y político que analice lo real y reivindique ambos aspectos es un desafío suficiente como para intentarlo.

En nuestro país la política es una larga lucha de conquistas y retrocesos, de progresos y miserias, de sueños y fracasos, y también -a pesar de todo- la base ineludible de la democracia, aquel ideal del autogobierno de los pueblos, acompañado del ideal jurídico de la Constitución.

Las constituciones expresan límites al poder del Estado y a la voluntad mayoritaria, que puede tornarse autoritaria. Declaran reglas y facultades, consagran derechos y garantías. Ningún consenso de mayorías puede quebrar el garantismo constitucional, una forma de gobierno superior a la democracia ilimitada de un sector de la ciudadanía sobre otro.

Las constituciones sujetan a los ciudadanos al imperio de la ley para hacerlos más libres en las ideas y menos esclavos de los hombres providenciales. Es el Derecho que organiza el Estado y al mismo tiempo lo obliga a someterse a la ley porque el derecho es el garante de la Justicia, y la Justicia es garante de la paz. Por eso, el Estado democrático moderno será siempre Estado de Derecho según Constitución.

La democracia argentina muchas veces ha mostrado bases frágiles y conflictos permanentes; la voluntad democrática está perdiendo la fuerza de las ideas y la praxis política del debate en la relación entre Estado y pueblo, que es su comunidad histórica. Aparece, entonces, la precariedad política y el déficit de cultura legal, prevaleciendo una legitimidad decisionista antes que una legitimidad constitucional.

Sabemos que la sociedad es posible, entre otras cosas, porque hombres y mujeres comparten códigos y lenguas, comidas y costumbres, un modo de representación común, un conjunto de significaciones y un "modo de hacer cosas", pero también un modo de mirar el futuro, un "mundo de vida". La política es el mundo de la polis, pero también es el mundo de la palabra que explica la polis. Las constituciones consagran esas formas de vida.

El gobierno, los poderes del Estado, los partidos políticos, las instituciones intermedias y gran parte de la ciudadanía de la Provincia de Santa Fe están debatiendo ideas y refirmando su apoyo a la reforma de la Constitución Provincial para adecuarla a la Nacional, según lo ordenado en su art.5 (texto reformado en 1994).

Entre las propuestas más sabias y, a modo de defensa y fortalecimiento del orden constitucional y democrático, se ha propuesto la incorporación de nuevos derechos y garantías acorde a lo normado en el art 75 inc.22 de la Constitución Nacional. Así como este artículo otorga jerarquía constitucional a una serie enunciativa de Declaraciones, Pactos y Convenciones Internacionales de los que nuestro país es signatario, y deja abierta la aprobación por el Congreso con mayorías especiales a "los demás tratados y convenciones sobre Derechos Humanos, en la reforma propuesta para la Carta Magna provincial sobre este tema, por sobre la adhesión a lo anterior, incorpora institutos y garantías ausentes en su mayoría de la cultura jurídica de 1962.

Hablar hoy de "derecho a la identidad, a la diversidad sexual, a la eliminación de toda discriminación contra la mujer, derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de los adultos mayores, de las personas con capacidades diferentes, derechos sexuales y reproductivos", sólo por elegir algunas de las propuestas para la reforma es pasar revista a una larga lista de derechos incorporados a las constituciones más modernas del mundo.

Claro que esta enunciación no se agota en sí misma, sino que se enriquece en las significaciones, carnaduras y procesos históricos de lucha de muchos años que representan. Incorporarlos al texto constitucional de la provincia es un reconocimiento de justicia para los militantes sociales y jurídicos que abonaron esos campos teóricos.
GRISELDA TESSIO // Ex vicegobernadora de Santa Fe