A días del inicio del juicio al sacerdote Justo José Ilarraz, acusado de abusar de menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, el arzobispo Juan Alberto Puiggari anunció al clero la aprobación de dos documentos de cumplimiento obligatorio. Se denominan "Normas arquidiocesanas de comportamiento en el trato con menores de edad y adultos vulnerables", y "Protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospecha o descubrimiento de abusos sexuales en los que sean víctimas menores o adultos vulnerables".

Las causas Ilarraz y Diego Escobar Gaviria han marcado los últimos años de la Iglesia en Paraná, envuelta en permanentes denuncias por casos de abusos.

Por esa razón, esta presentación se enmarca en esa coyuntura, y procede de una Comisión de Protección de Menores creada en 2017 en la Arquidiócesis. En la información oficial se plantea que esta comisión es la primera de su tipo en la Iglesia en Argentina.

En el caso de las normas sobre comportamiento en el trato con menores, establece, por ejemplo, la prohibición de castigos físicos o humillantes. "Nunca debe emplearse violencia física en el trato con las personas, o utilizar con ellas un lenguaje humillante o degradante" plantea el documento, y añade: "Cuando sea necesario contener comportamientos violentos o perturbados de un menor o adulto vulnerable, se procurará que estén presentes al menos dos adultos, y actuar siempre con serenidad y nunca con violencia".

Límites

Fija también límites "apropiados" en la relación: se enumera la prohibición de cualquier insinuación, comentario o chiste sexual; poseer o exhibir material sexual o pornográfico, especialmente delante de menores o adultos vulnerables; consumir o estar bajo la influencia de alcohol, drogas o utilizar lenguaje vulgar; involucrarse en conductas sexuales secretas o manifiestas con menores o adultos vulnerables; y se prohíbe dar o recibir regalos personales o desproporcionados a menores o adultos vulnerables. Y pide evitar, en todo momento, el contacto físico.

También obliga a clérigos, religioso y laicos, a nunca permanecer a solas con un menor o adulto vulnerable en una habitación u otro ámbito cerrado. No se permite recorrer largas distancias en auto o en otro medio de transporte, ni exigir secreto o confidencialidad, o mantener comunicación vía e-mail con menores o adultos vulnerables.

Actuaciones

Por otro lado, en cuanto al protocolo de actuación ante posibles casos o denuncias, establece entre otros puntos:

"Si la información o sospecha es manifestada directamente por el mismo menor o adulto vulnerable que alega los hechos, deberá escucharlo sin interrogarlo ni emitir juicios, agradecerle su confianza y valentía".

En todos los casos deberá inmediatamente poner la noticia en conocimiento de las autoridades o superiores de la institución de que se trate y de los padres, tutores, cuidadores o apoyos del menor o adulto vulnerable.

En cuanto a la intervención y actuación de la propia Iglesia, afirma que la autoridad eclesiástica debe procurar entrevistarse, tan pronto como sea posible, con los padres o tutores a fin de oír su presentación. "De esta reunión deberá labrarse un acta escrita, firmada por todos los presentes". Exige asegurar que todos estén informados sobre su derecho a realizar una presentación ante los organismos provinciales de protección al menor; pide comunicar al arzobispo la situación planteada en el plazo máximo de 48 horas; y mantener informados periódicamente a los padres, tutores o apoyos sobre las gestiones que se lleven a cabo.

Siguiendo el protocolo, ante una denuncia formal o una sospecha verosímil de una situación de abuso cometida por un clérigo o por un laico, pondrá en marcha una investigación previa o preliminar, tal como lo exige el ordenamiento canónico. Y plantea el acompañamiento y apoyo a víctimas y familias.

Y cierra el documento con una referencia: "Procurará siempre que se lleve adelante la investigación eclesiástica de modo de no interferir con las eventuales diligencias o procedimientos llevados a cabo por las autoridades del Estado". No hace mención, en todo caso, de intervención de organismo judicial alguno.

Fuente: UNO Entre Ríos