Por Catherina Gibilaro

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El juez federal de Mendoza Walter Bento dispuso el procesamiento y prisión preventiva de siete personas –entre ellas un médico y un inspector municipal– en la megacausa que derivó de la clausura de un prostíbulo denominado PYME VIP de Ciudad, en diciembre pasado. Esto provocó un verdadero escándalo por el tenor de las personas que estaban implicadas. Bento tomó la decisión el 4 de julio pasado aunque trascendió hace algunas horas. A otros tres implicados les dictó el procesamiento sin prisión preventiva –o sea que no están detenidos– y en dos casos la falta de mérito. En cuanto a un efectivo de la Policía Federal implicado en la misma causa, fue indagado por el delito de cohecho.

La clausura del prostíbulo, que en su momento fue portada de todos los medios de prensa, llevó a la cárcel a su propietario Sebastián Marcelo Solé Recabarren, ya que debe responder por los delitos de trata de personas, participación secundaria en abortos, lavado de dinero y cohecho, por haber dado dádivas a un inspector municipal también procesado y al efectivo de la Federal Marcelo Arias.

Según pudo conocerse, Solé, dueño del prostíbulo de 25 de Mayo 1114 de Ciudad, lograba muy buenos beneficios este rubro, ya que diariamente le habría proporcionado un ingreso de aproximadamente $30.000.

Las prostitutas que trabajaban para él lo hacían en doble turno, de 10 a 20 y de 18 a las 4.

De acuerdo a las declaraciones testimoniales, las mujeres llegaban a tener hasta 22 relaciones sexuales por turno. También algunas de ellas eran contratadas dentro del mismo prostíbulo para hacer sus prestaciones fuera de él. La encargada de todos los movimientos internos del burdel era Paola Carolina González, de nacionalidad chilena, quien está procesada de participación primaria en la trata de personas.

La mano derecha de Solé –según la investigación federal– era Cristian Afredo Prado (30), quien fue hallado penalmente responsable del delito de trata de personas y lavado de dinero en calidad de partícipe necesario.

No menos delicada es la situación del médico Ramón Ángel Pastorino (56), quien debe responder por prácticas de aborto y participación secundaria en la trata de personas.

En cuando al inspector municipal Raúl Cuquejo (62), se le atribuyó el delito de partícipe en trata de personas, de haber recibido dádivas y de omitir haber efectuado las tareas propias que le eran encomendadas por el Municipio.

En la causa que lleva numerosos cuerpos también está incurso y con privación de libertad Gustavo Marcelo Torres Aquilar, por participación en trata de mujeres.

Con respecto a Nadia Gisela Haro Selis (26), esposa de Solé, se la procesó por participación necesaria en lavado de dinero. Está libre.

Más procesamientos sin prisión

Dentro de la megacausa también está incursa Romina Marcela Tonolli (30) por considerarla presunta responsable de delitos económicos (Art. 303 del Código Penal), según consta a fojas 95 del auto de prosesamiento.

Dos custodios de seguridad del prostíbulo también cayeron en las manos de la Justicia. Se trata de Sergio Daniel Carbelli (37), a quien se le atribuyó la participación secundaria en trata de personas, al igual que su compañero de tareas, Saúl Aristón Segura (23).

Derivaciones del caso

Faltas de mérito

En la compleja y extensa investigación, el juez Bento dispuso la falta de mérito (o sea que no hay motivos suficientes para procesar pero tampoco para dejar totalmente desvinculados de la causa) a Nadia Gisela Haro, sin perjuicio que siga la investigación a su respecto, y al dueño de la vivienda donde se había montado el prostíbulo, Juan José Micucci (56), quien también continuará bajo investigación.

Pedido de captura

Siempre en el marco del sonado caso que demandó una exhaustiva pesquisa, el juez federal Bento ordenó la inmediata detención y captura de Emiliano Jesús Augusto Salinas (32), empleado de seguridad, domiciliado en Godoy Cruz, debido a que se encuentra imputado en la misma causa y se halla prófugo. Deberá –según la orden del magistrado– ser trasladado en carácter de detenido comunicado y alojado en la Unidad Federal Nº32 de Mendoza a disposición de este juzgado.

Indagatoria

El efectivo de la Policía Federal Ángel Marcelo Arias fue imputado por cohecho o sea por haber recibido dádivas con el fin de lograr la omisión de las funciones propias de su cargo. El policía fue indagado el 30 de julio pasado siendo conducido al Juzgado por personal de Gendarmería Nacional, quien tuvo a su cargo todos los procedimientos inherentes con la megacausa.