Masacre en Santa Fe
Sábado 30 de Diciembre de 2017

"No hay fatalidades sino responsabilidades que hacen que las historias se repitan"

El comunicado de la mesa Ni Una Menos Santa Fe, luego de los femicidios en barrio Alfonso

Tras los femicidios de barrio Alfonso, y a un año del cuádruple femicidio vinculado que perpetró Marco Feruglio, la Mesa Ni Una Menos Santa Fe manifiesta la necesidad de que existan respuestas del Estado -en todos sus niveles y Poderes- para prevenir la violencia hacia las mujeres y para asistir realmente a quienes realizan denuncias y buscan a ayuda.

Las historias no están condenadas a repetirse. No hay fatalidades sino responsabilidades que hacen que las historias se repitan. Romina Dusso había denunciado a Marco Feruglio y la Justicia la dejó librada a su propia suerte. La Mesa Ni Una Menos Santa Fe realizó en ese momento una presentación judicial para que el fiscal Andrés Marchi fuera investigado por no seguir el protocolo ante casos de violencia de género. La respuesta que obtuvimos por parte del Ministerio Público de la Acusación fue la desestimación de nuestra denuncia.

Entendemos que hay responsabilidades del Estado en el sostenimiento y la reproducción de la violencia de género. Porque es violencia machista cuando en el Ministerio Público de la Acusación caratulan los femicidios como asesinatos, cuando re victimizan a las denunciantes y cuando descreen de las madres que denuncian abuso sexual intrafamiliar. También hay responsabilidades en los Ministerios de Justicia y de Seguridad por lo que exigimos a lxs funcionarixs de ésas áreas que den explicaciones públicas a la comunidad santafesina sobre lo que hacen y dejan de hacer en los casos de violencia de género.

Ayer, también, murió Ariadna Sandoval. Hace dos meses los medios de comunicación daban cuenta de una mujer que "cayó" de un auto en movimiento en la ruta 11. El vehículo era conducido por un agente policial José Luis Catuzzi que sería su pareja y que fue detenido como único sospechoso. Hoy ese varón se encuentra internado en un centro de salud mental y, si la Junta Médica le da el alta, estará bajo arresto domiciliario con control de una tobillera magnética.

Exigimos mayores controles sobre los agentes de las fuerzas de seguridad denunciados por violencia de género, la separación de su cargo y el retiro del arma reglamentaria, entendiendo que representa un peligro para toda la sociedad. Uno de cada cinco femicidios es perpetrado por un miembro de las fuerzas de seguridad, según un estudio realizado en 2016 por la ONG La Casa del Encuentro. Además la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) asegura que más del 60% de los crímenes de mujeres en manos de las fuerzas de seguridad son femicidios. Y el informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de 2016 muestra que "entre 1996 y 2015 al menos 163 mujeres civiles fueron asesinadas por miembros de fuerzas de seguridad en el área metropolitana de Buenos Aires, y en un tercio de los casos el homicida fue un policía fuera de servicio".
Es un error pensar que estos horrendos asesinatos son obra de personalidades psicopáticas aisladas. Son crímenes patriarcales de poder. Por eso cuestionamos que, cuando tenemos una herramienta que pone a esa matriz patriarcal bajo la lupa para desmontar mitos, prejuicios y estereotipos que favorecen la violencia de género, haya sectores conservadores que logren el consenso de nuestrxs legiladorxs para frenar la Ley de ESI (Educación Sexual Integral).

Exigimos operadores de justicia con perspectiva de género y protocolo especial para agentes de la fuerza de seguridad denunciados por violencia de género. Sin acciones concretas contra los agresores denunciados y sin leyes que promuevan nuestros derechos, no hay #NiUnaMenos

Justicia para Mariela, Cuqui, Aylen, Sonia, Ariadna; para todas las mujeres y travestis asesinadas; y para todas las víctimas de femicidio vinculado
¡Vivas y libres nos queremos!