Por Rodolfo Di Terlizzi, referente de la Asociación Niños Visibles

Como integrantes de la Asociación Niños Visibles expresamos una vez más nuestra profunda preocupación por los sucesivos hechos que involucran tanto a niños, niñas y adolescentes, como así también a ciudadanos, que en un acto de incuestionable disposición se convierten en Familias Solidarias, tal la figura mediante la cual encuadran en el Programa Provincial de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, y que desde dicho estamento, mediante el cual se presupone deberían velar por los derechos de los niños, se naturaliza de manera reiterada su avasallamiento, accionar más que evidente en el no cumplimiento efectivo de sus plazos de institucionalización, como así también de su oportuna declaración de adoptabilidad.

Y en este marco, es imposible no visibilizar y repudiar la angustiante espera de largos años que padecen pretensos adoptantes integrantes del listado del Ruaga (Registro Único Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos), quienes invariablemente son avasallados en su derecho de adoptar en condiciones y plazos razonables.

Recordemos que la nueva ley de adopción claramente establece y obliga al Estado y al Poder Judicial en su área de Familia interviniente, a declarar la adoptabilidad de cada niña, niño o adolescente -que por causas justificadas ha sido retirado del seno de su familia biológica- en un lapso no mayor a 180 días, cuando la realidad indica que hay un gran número de niños institucionalizados por largos años tanto en hogares transitorios o en el ámbito de Familias Solidarias, propiciando en este caso profundos vínculos entre los pequeños y sus guardadores, tal el caso del niño Kiki y la familia Morla Gigliotti.

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Más allá de las obligaciones de una y otra parte, en este caso preocupa a la sociedad, y a nosotros como institución, el verdadero porqué de esta situación. Y la clara respuesta indica que ha debido efectivizarse la restitución de un menor de tres años de edad que fue cobijado por más del triple del tiempo establecido por el Programa Provincial de Familias Solidarias, incurriendo el Estado en un grave error administrativo institucional a estas horas ya frecuente.

También visualizamos que las situaciones de vulnerabilidad social extrema que tienen como víctimas a miles de niños en toda la provincia se han ido multiplicando de manera ostensible durante los últimos años. La trascendencia pública de muchos de estos casos ha obedecido, además, al sistemático avasallamiento de sus derechos como consecuencia de impericia u omisión del Estado en todas sus órbitas, realidad al día de hoy inocultable.

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Este escenario empobrecido, cuyos responsables son los distintos actores del poder político del área de Niñez y que suele agravarse por las demoras y contradicciones del Poder Judicial, tiene como resultado la precarización en la asistencia de la infancia que impide el efectivo cumplimiento de los preceptos enmarcados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, a la cual nuestro país adhirió por ley en 1990.

Por ello entendemos, sugerimos y consideramos, habida cuenta de los acontecimientos que se replican una y otra vez sin acciones eficaces y políticas acordes a la hora de resolverlas, que la provincia requiere con carácter de urgencia una "Mesa de Diálogo" integrada por todos los actores, tendiente a desprecarizar la actual realidad por la que atraviesan los niños institucionalizados y con instancias judicializadas sin resolver.

Nos preocupa y ocupa, como caso testigo, el mencionado de la familia Morla Gigliotti, entendiendo que modificar el centro de vida de este niño de tres años no se condice con los puntos previamente desarrollados, habida cuenta de no respetar bajo ninguna arista el derecho superior del niño (de elegir con quién vivir) hasta tanto la Justicia no se expidiera acerca del pedido formal de guarda preadoptiva interpuesto por sus guardadores en clara respuesta al vínculo.

En tal sentido, se han pronunciado con absoluta claridad y contundencia infinidad de actores de diferentes órbitas, coincidiendo en el daño irreparable producido cuando el Estado no cumple con sus funciones (profesionales de la psicología, integrantes de centros de estudios, exjueces de Familia, familias adoptantes, funcionarios de otras áreas, referentes políticos, del arte, de la cultura y los medios, ONG e innumerables espacios de todo el país).

Nuestra visión y misión, como integrantes de una sociedad que debe sentirse comprometida, incluye y propone visibilizar los problemas sociales vinculados a los derechos de los niños, concientizar socialmente y de manera integral acerca de sus derechos -entendidos como sujetos plenos y cuyo carácter es inalienable- y procurar el funcionamiento propicio de los estamentos, instituciones y demás actores relacionados con la Niñez.

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Por ello expresamos desde hace años que desde el Estado no pueden cometerse errores.

"Los niños institucionalizados de nuestra provincia continúan siendo vulnerados y revictimizados con esta recurrente fisura del sistema de adopciones desde el sector que debiera preservarlos. Cada niño, niña o adolescente institucionalizado tiene el derecho a ser declarado en situación de adoptabilidad en no más de 180 días".