La Inspección General de Justicia solicitó formalmente al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la Asociación del Fútbol Argentino para examinar documentación contable y financiera. Según trascendió, el objetivo es verificar posibles irregularidades administrativas ante requerimientos previos que no habrían sido respondidos en tiempo y forma.

Alcance de la veeduría

El pedido, firmado por el inspector general Daniel Roque Vítolo, no implica una intervención ni una sanción disciplinaria, sino una veeduría informativa en el marco de las facultades de fiscalización que la IGJ ejerce sobre asociaciones civiles.

En caso de prosperar, los veedores deberán analizar los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, revisar libros societarios y registros financieros, además de confeccionar un informe técnico sobre la situación patrimonial, el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, y la trazabilidad de fondos.

Universidad y vínculos comerciales bajo la lupa

El control también alcanzará el proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), con especial atención en la adquisición de inmuebles, la estructura patrimonial proyectada y los convenios suscriptos para su funcionamiento. La intención es reconstruir el circuito financiero vinculado a ese emprendimiento educativo.

Asimismo, la IGJ solicitó auditar los vínculos comerciales y financieros de la casa madre del fútbol argentino con firmas como TourProdEnter LLC y Sur Finanzas, entre otras, con el propósito de examinar flujos de dinero y mecanismos de rendición de cuentas.

Contexto institucional

El requerimiento se produce luego de que la IGJ rechazara el intento de la AFA de mudar su domicilio legal a la provincia de Buenos Aires, decisión que mantuvo a la entidad bajo su órbita de control. Ahora, la eventual designación de veedores quedará sujeta a la resolución del Ministerio de Justicia.

En términos institucionales, la medida introduce un nuevo foco de tensión administrativa en la conducción del fútbol argentino, aunque por el momento se encuadra dentro de un procedimiento de fiscalización y no de una acción punitiva.