Juan Trento

lectores@unosantafe.com.ar

Minutos después de las 10 del miércoles, agentes policiales de la dirección de Asuntos Internos dependiente del Ministerio de Seguridad provincial, llegaron hasta la sede de la comisaría 2ª de la UR I La Capital ubicada en la esquina que forman la avenida General López y Saavedra, en el sur de la capital provincial.

Un particular llevaba consigo 800 pesos en billetes marcados con acuerdo de la Justicia Penal santafesina con el propósito de verificar el tenor de la denuncia en la que afirmaba que un oficial de esa unidad de orden público le solicitó esa suma de dinero para recuperar un motovehículo de su propiedad.

Una vez concretada la reunión, y que fuera entregado el dinero marcado previamente, los policías de Asuntos Internos a cargo del procedimiento policial detuvieron al oficial principal G. B., que actualmente subrogaba la jefatura de esa dependencia policial, en ausencia del jefe que se encuentra en uso de su licencia anual ordinaria.

El oficial policial quedó detenido

Una vez que los oficiales policiales de Asuntos Internos concluyeron con la redacción de las actas y con el secuestro del dinero previamente marcado de la forma que lo ordena la ley, el oficial principal G. B. fue conducido detenido preventivamente hasta esa dependencia policial y comunicaron la novedad al magistrado penal que entiende en esta causa por exacciones ilegales.

Para entender de qué se trata

Se distingue del delito de cohecho pues en este caso no hay connivencia entre las partes (delincuente-víctima).

Quien entrega el dinero lo hace bajo la presión del funcionario público, y por eso no resulta punible. No es necesario que la entrega se concrete para que se configure el delito.

No es una extorsión, ya que si bien un caso de extorsión es la simulación de ser un funcionario público, en las exacciones ilegales, no hay tal simulación, pues efectivamente el delincuente debe reunir la calidad de funcionario público.

El Código Penal argentino

La figura básica de la exacción está contenida en el Artículo 266 del Código Penal argentino, que castiga al funcionario público que en uso abusivo de su cargo, solicite, exija o haga pagar o entregar en forma indebida, ya sea en forma personal o por otra persona, un derecho, una contribución, una dádiva, o cobre más derechos que los que correspondan abonar.

La pena es de uno a cuatro años de prisión, más entre uno y cinco años de inhabilitación especial.

La disponibilidad del oficial

Conocida la novedad de la detención de Asuntos Internos, el jefe de la UR I La Capital, comisario general Omar Odriozola, ordenó el inmediato pase a disponibilidad del aludido oficial y la instrucción del sumario administrativo que es la consecuencia interna de la situación de revista del oficial principal G. B., de ahora en adelante.