El fiscal federal Walter Rodríguez imputó a seis efectivos policiales por el delito de sedición durante el acuartelamiento de la fuerza en reclamo de mejoras salariales ocurrido en diciembre pasado. El lunes,

el representante del Ministerio Público de Santa Fe, Walter Rodríguez, imputó y pidió la indagatoria del titular de Apropol, Alberto Martínez, como instigador, y de otros efectivos, como presuntos autores, en el

expediente por el acuartelamiento policial de diciembre.

Asimismo, incorporó a esa causa la de las amenazas al gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, mediante mensajes enviados a su teléfono celular. Los policías en actividad imputados junto a Martínez son los sargentos Fabricio Javier Abasto, Claudio Marcelo Patiño y Mauricio Miguel Pagani; el suboficial principal Oscar Alberto Aguirres y el agente Alejandro Miguel Zamaro.

El fiscal Rodríguez firmó el requerimiento de Instrucción de la causa y aseguró en su escrito que luego de valorar las pruebas quedó en claro el “movimiento sedicioso”; hubo publicaciones en “espacios virtuales” de Apropol que interpretó como una “instigación a cometer delitos” y escuchas telefónicas a Martínez. “El personal de seguridad utilizó las armas proporcionadas por el Estado para mantener el orden público y la paz social en función de los intereses particulares de quienes se involucraron en la protesta ilegal”, puntualizó el fiscal.

Inconmovibles

“Esa intervención se ha verificado a partir de un movimiento organizado” y “medianamente planificado de sus integrantes que, en el caso de los imputados por el delito de sedición, cumplieron el rol de negociadores y coordinadores de acciones ilegítimas”, afirmó.

En su escrito, Rodríguez sostiene que la transcripción de las comunicaciones de radio entrelos policías mostró a los agentes plegados al paro “inconmovibles” a la hora de acudir al auxilio de ciudadanos que resultaron víctimas de delitos e incluso, revelando en algunos pasajes, el calibre de las agresiones verbales que recibían quienes no hicieron abandono del servicio.

“El movimiento sedicioso presionó el logro de sus objetivos inherentes al mejoramiento de condiciones laborales, valiéndose del abandono acentuado de actividades propias de seguridad pública durante los días en los que transcurrió el orquestado conflicto policial, registrándose diversos hechos que perturbaron la tranquilidad pública en comercios, establecimientos y lugares particulares ubicados en la ciudad de Sant Fe y zonas aledañas”, sostuvo el fiscal.

La denuncia por “sedición” había sido presentada el 10 de diciembre pasado por el fiscal de Estado, Pablo Saccone, para que el fiscal federal Rodríguez investigue a los líderes del motín policial que “se alzaron en armas contra” el gobierno de Antonio Bonfatti, dijo.

La causa apunta contra el piquete policial frente a la Casa Gris, donde “los grupos que se manifestaban hacían exhibición de armas, ya sea portándola en la cintura o en las manos, sin estar prestando servicio y sin los otros atributos del cargo”, explicó el fiscal de Estado.