Como si el calor de diciembre hubiera languidecido los controles, en menos de cuatro días se produjeron dos fugas de la comisaría 2º, en pleno barrio Sur de la ciudad de Santa Fe. El primero de la saga fue el martes pasado, en medio de un traslado. Mientras un grupo de arrestados era ingresado a la seccional, ubicada en la esquina de General López y Saavedra, uno de ellos golpeó a uno de los policías y huyó. El prófugo alcanzó a subirse a un remís, pero a los pocos minutos fue recapturado.

El segundo episodio de fuga fue el sábado pasado y reviste dos diferencias tajantes con el primer hecho: en primer lugar, el preso se escapa de adentro de la comisaría, y en segundo término, era un arrestado por un caso con una profunda repercusión social: está acusado de ser quien asesinó al comerciante Sergio Carande, en el asalto a su negocio ocurrido en junio pasado.

Si bien el jefe de la Unidad Regional I, Rafael Grau, ordenó un sumario inmediato para todo el tercio de guardia de policías de la comisaría 2ª y ya fueron pasado a disponibilidad, los hechos consumados generaron profundas críticas. Pero, además, el caso volvió a poner en agenda una problemática que en octubre motivó pedidos de hábeas corpus, inspecciones y una resolución judicial: la superpoblación carcelaria. El 9 de octubre pasado, el juez de Instrucción Penal, Sergio Carraro y el fiscal Jorge Andrés, recorrieron las comisarías del departamento La Capital que informaron tener personas alojadas, para inspeccionar las condiciones de detención.

“A partir del relevamiento efectuado, se constató que la situación resulta ser más crítica aún en las seccionales 5ª, 9ª, 6ª, 10ª, 11ª, 3ª y 2ª; comisaría 13ª de Laguna Paiva y 7ª, en donde se puede apreciar un número sensiblemente mayor de alojados que duplica o hasta triplica la existencia de plazas asignadas para alojamiento en dichas sedes, y que demandan su inmediata intervención”, detalló Carraro en su resolución. La medida de inspección había sido motivada por dos recursos de hábeas corpus.

El primero fue presentado por tres defensores penales –Nilda Ojeda, Pablo Ursini y Carlos Morales– fundando sus postulaciones en la necesidad de verificar circunstancias de hacinamiento que padecen los internos provocadas por la asignación de un número superior a los previstos en cada una de las dependencias policiales. El segundo recurso fue presentado por la delegación local de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que lleva la firma de Sebastián Cáceres, el delegado regional.

El juez Carraro solicitó un informe detallado de la situación al jefe de la sección Trámite y Libertades de la UR I, quien informó que a la fecha se encuentran alojados en distintas dependencias policiales un total de 203 internos, repartidos en diversas seccionales, que en realidad suman un cupo total de 93 plazas disponibles. Es decir que la cantidad de alojados en comisarías duplican la capacidad edilicia.

Por los resultados del dossier y de las inspecciones realizadas, el magistrado resolvió hacer lugar a las acciones de hábeas corpus y dispuso la “urgente” intervención de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, para que “en forma progresiva y sucesiva” procedan a organizar el traslado de los internos alojados en número excedente conforme a las plazas asignadas como cupos de alojamiento en las distintas sedes policiales a la órbita del Servicio Penitenciario Provincial.