Por primera vez la Justicia Federal de la provincia de Santa Fe habilitó que se investiguen de manera conjunta delitos ordinarios como homicidios, amenazas o lesiones cuando estos actos están asociados o se explican por tener relación con el narcotráfico. La Cámara Federal de Rosario determinó que los ilícitos que en general son incumbencia de la Justicia provincial sean acumulados en la Justicia federal siempre y cuando lo requiera un fiscal de esa jurisdicción que pueda demostrar razonablemente los vínculos entre esos hechos y el comercio de drogas.La decisión se vincula a la investigación de un crimen ocurrido hace dos años en la localidad de Frontera, en el límite entre las provincias de Santa Fe y Córdoba, que tuvo como víctima a Luis Mariano Peralta. Ese incidente era investigado por el fiscal provincial Guillermo Oyola. Pero ocurrió que un fiscal federal de Rafaela detectó que el caso tenía "conexiones indudables" con el comercio de estupefacientes. Los datos lo llevaban a integrantes de la banda narco conocida como el "Clan Gallardo", que actúa en esa zona del límite interprovincial.

Quien aparece como líder de esa organización, Héctor Argentino Gallardo, es un comerciante de 45 años, dueño de un aserradero en la ciudad cordobesa de San Francisco (separada de Frontera por una avenida), quien está preso y procesado por liderar una banda dedicada al tráfico de cocaína y que tenía como centro de acopio un galpón en la localidad de Villa Josefina, donde trabajaban ciudadanos colombianos.

El grupo de Gallardo es recordado porque está asociado a la autoría de un doble crimen resonante también en la ciudad de Frontera. Un hecho en el que dos hombres domiciliados en la ciudad santafesina de Santo Tomé aparecieron cortados a balazos en un auto incendiado el 18 de diciembre de 2015.

Un crimen y sus nexos

El caso que motivó el aval de los camaristas federales de Rosario Aníbal Pineda y Fernando Barbará se originó cuando el fiscal federal Claudio Kishimoto, con aval del jefe de la Procuraduría contra el Narcotráfico (Procunar) Diego Iglesias, pidieron que los fiscales de San Francisco, Bernardo Alberione, y de Rafaela, Guillermo Oyola, declinaran avanzar en la pesquisa por el homicidio de Luis Mariano Peralta.

Escuchas telefónicas permitieron saber que Héctor Gallardo, procesado por la Justicia federal de Córdoba, siguió operando desde la cárcel a través de su sobrino y su hijo. Ocurrió que un ex vendedor de la banda, Claudio Oscar M., denunció que lo estaban amenazando, creyéndolo culpable de haber robado una partida de estupefacientes y dinero de la banda. Esta controversia derivó en el ataque a balazos contra Luis Peralta que falleció 24 días después. Quien según la pesquisa se ocupó de dispararle fue "Rana" Gallardo, un pariente de Héctor.

El trasfondo de este asesinato surgía claramente de un móvil asentado en una trama narco. Fue por ese motivo que el fiscal federal Kishimoto requería la conexión subjetiva de la investigación de temas de droga con las amenazas al testigo y el asesinato de Peralta y requería la acumulación de las causas.

Los argumentos

Los camaristas tuvieron en mente al dictaminar no solamente el caso particular que motivó el debate sino, en especial, la secuencia histórica de casos en Rosario, donde proliferan homicidios ligados a disputas que tiene como trasfondo cuestiones de drogas. A esta cuestión se alude al citar los camaristas Barbará y Pineda la pertinencia de que un fiscal federal se concentre en conducir, en el caso de Frontera, la investigación unificada de las acciones de narcotráfico del "Clan Gallardo" y el homicidio de Luis Mariano Peralta.

"Los hechos qusse se investigan ante la Justicia local (provincial), prima facie, calificados como homicidio y extorsión según lo sostiene el fiscal, habrían sido cometidos por la organización criminal investigada por esta magistratura federal en la causa principal, en pos de asegurarse el control del comercio de drogas en su zona de influencia, siendo sujetos pasivos de los ilícitos aquellas personas que pretenden constituirse como competidores en ese negocio ilegal", dicen los camaristas. Lo mismo pasa, agregan, con el doble asesinato cometido también en Frontera y del que fueran víctimas Martín Chamorro y Germán Lozada, conectados con el "Clan Gallardo" pero investigados en causas separadas.

Los camaristas destacan que sólo en circunstancias especiales los fiscales federales pueden actuar en delitos ordinarios como homicidios, abusos de armas o extorsiones. "Vale señalar que no se trata de convertir a los Tribunales federales en fuero de atracción de cualquier delito común que pudiera ser conexo a uno federal, sino de aquellos que se encuentren más íntimamente ligados, tanto sea para mantener como para asegurar la actividad ilícita principal (narcotráfico)".

En el caso estudiado, la Cámara Federal de Rosario entendió que en la concreción del homicidio de Luis Mariano Peralta aparecen bajo sospecha razonablemente personas investigadas por narcotráfico que integran el núcleo de los Gallardo (Jesica Pérez, Angel Díaz, Roxana Silva, Nazareno Santillán y Walter "Rana" Gallardo) y que el objeto del crimen fue "mantener o asegurar" el negocio de drogas.

En Rosario son rutinarias situaciones desconcertantes en donde se desdoblan en esferas diferentes delitos que surgen en un mismo ámbito. Un ejemplo notorio es el hallazgo de una partida de 40 kilos de cocaína en una quinta de Pueblo Esther en diciembre de 2003 en donde se decomisó además un arma de fuego en 2013 durante la llamada "Causa Monos". La persona que estaba en esa vivienda durante el allanamiento terminó procesada por la tenencia del arma ilegal y acopio de municiones por la jueza provincial Alejandra Rodenas y luego condenada. Pero la investigación por el hallazgo de la droga no avanzó con imputados en la Justicia Federal.

También existieron en 2013 casos de narcotráfico en que fiscales federales de Rosario solicitaron concentrar por conexidad causas por delitos como homicidios o abusos de armas que se sustanciaban en la Justicia provincial, lo que motivaron prolongadas disputas jurídicas.

La resolución de la Cámara Federal de Rosario ahora señala que se debe proceder a la acumulación de causas en ese sentido cuando los fiscales federales entiendan que delitos contra la vida, extorsiones o amenazas se explican por cuestiones de narcotráfico.