Tras la denuncia judicial presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia para que se investigue si durante la protesta policía se configuró el delito de sedición, el fiscal Federal, Walter Rodríguez requirió ayer las primeras medidas para comenzar a recolectar las pruebas pertinentes. Las instrucciones alcanzan incluso hasta al Arzobispado de Santa Fe, que deberá informar la identidad de los representantes de sectores que intervinieron en negociaciones. Es que la denuncia del Fiscal de Estado, Pablo Saccone, incluye fotografías que muestran, por ejemplo a una persona vestida de civil, pero con una pistola 9 milímetros en la cintura. También muestran claramente la patente de un patrullero que fue utilizado para bloquear calles.

Así, en el primer decreto del expediente, Rodríguez le otorgó intervención a la Delegación Santa Fe de la Prefectura Naval Argentina para que realice un relevamiento tendiente a verificar los hechos denunciados. En particular, le solicita que establezcan si frente a la Casa de Gobierno se presentaron agentes de la fuerza de seguridad provincial portando armas de fuego y si utilizaron bienes del Estado provincial (por ejemplo patrulleros), en el marco de reclamos por mejoras en las condiciones laborales. En este sentido, pidió un informe con los datos de los agentes que tenían designados los patrulleros que se vieron estacionados durante el conflicto en Casa de Gobierno.

La misma dependencia deberá también acudir a los medios televisivos locales para obtener audio e imágenes de interés. La búsqueda incluso se extenderá a las redes sociales de las personas que podrían encontrarse vinculadas a la causa.

La última directiva para los prefectos es que efectúen una exhaustiva tarea - en el término de 72 horas- para especificar las consecuencias que trajo aparejadas la ausencia del personal policial en los lugares donde habitualmente cumplía funciones de prevención del delito. Y, específicamente que determinen si existieron “saqueos” u otros hechos que perturbaron la tranquilidad pública en comercios, establecimientos o lugares particulares ubicados en la ciudad de Santa Fe, que guarden alguna vinculación con las protestas policiales y resulten el emergente de una hipótesis delictiva que involucre conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional.

Buscarlos por nombre

Mientras tanto, en las próximas 48 horas, el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, deberá informar a la fiscalía federal la identidad de las personas que acudieron a las mesas de negociación en representación de las fuerzas de seguridad provincial. En este sentido, deberá detallar si se trata de agentes en actividad, y, en su caso, que se indique las dependencias a las cuales se encuentran destinados.

Al Fiscal de Estado, Pablo Saccone, también le solicitó que aporte identidades y, particularmente, los números de los abonados telefónicos de quienes entablaron negociaciones sobre mejoras en las condiciones laborales de los integrantes de las fuerzas de seguridad provincial.

Filmados

Por su parte, la Municipalidad de Santa Fe también deberá colaborar con material que pueda aportar datos a la investigación. El fiscal solicitó que envíe copia de todas las filmaciones existentes en la zona de la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, entre las 00.00 horas del día lunes 09 de diciembre hasta las 18 horas del día 10, relativas a los reclamos.

El rostro del personal

“Requiérase a la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina que, sobre la base de datos que deberá proporcionar el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe –imágenes del rostro del personal policial perteneciente a la Provincia– realice el reconocimiento facial del sujeto cuya fotografía fue acompañada por el señor Fiscal de Estado provincial; y en caso de ser factible, proporcione todos sus datos identificatorios”.

Acciones coordinadas

En al menos cinco jurisdicciones del país se iniciaron investigaciones por posibles delitos federales cometidos por los policías acuartelados. En Santa Fe, el gobierno provincial presentó una denuncia por sedición e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La comisión especial de fiscales federales creada por la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para investigar delitos contra el orden constitucional vinculados con las protestas policiales se reunió ayer con el objetivo de unificar la información sobre las causas que hay en todas las fiscalías federales del país y coordinar la acción judicial.

Este grupo especial de fiscales recabará y sistematizará información permanentemente, a la vez que coordinará la actuación en los diversos fueros e instancias para “asegurar la coherencia y unidad de su desempeño”, explicó la jefa de los fiscales. En la provincia de Santa Fe, la presentación fue contra aquellos que “en su carácter de coautores, cómplices, determinadores e instigadores, y que como funcionarios públicos o particulares hayan participado criminalmente en su perpetración”.

Todo ello, “por los delitos de coacciones calificadas, asociación ilícita agravada, atentado al orden público, sedición, violación de los deberes de los funcionarios cometidos contra la libertad, el orden público, los poderes públicos y la administración pública, en concurso formal”.

La denuncia del fiscal de Estado indica que hay policías que “se encuentran armados y en estado deliberativo, sin prestar sus funciones específicas, con el confesado propósito de obtener beneficios salariales, exigiendo con dicha exhibición de fuerza al gobierno de la provincia de Santa Fe una mejora en sus sueldos, bajo la amenaza cierta de incumplir con sus obligaciones en pleno conocimiento de que tales omisiones permitirán la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas, aprovechando esa inactividad prevencional”.

“La merma de la seguridad policial trae como consecuencia necesaria la posibilidad cierta de que la delincuencia pueda operar libremente y a sus anchas, poniendo en riesgo la vida, la salud, la propiedad y cualquier otro bien jurídico que esté tutelado por el Código Penal a merced de dichas personas, cuyo accionar ilícito no tendrá límites, generando ya en la población un temor cierto a la vulnerabilidad de la seguridad común, afectando el orden público”, agrega el escrito. También, el fiscal Rodríguez deberá analizar si “la movilización de personal perteneciente a las fuerzas de seguridad que portan armas de fuego, haciendo ostentación de las mismas en circunstancias extrañas al servicio y en tren de arrancarle medidas al poder público, importa naturalmente un alzamiento contra tales poderes provinciales”.