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La compleja trama de la investigación a dos fiscales que sacudió a la Justicia

Gustavo Ponce Asahad y su jefe, Patricio Serjal, están sospechados de cobrar coimas a un integrante de una banda dedicada al juego ilegal y extorsiones.

Domingo 02 de Agosto de 2020

La acusación contra dos fiscales de Rosario por corrupción tiene en su trama más reciente detalles dignos de un policial negro, esos donde las sospechas disparan hacia cualquier lado. Para armar el cuadro completo fue central Leonardo Andrés Peiti, un capitalista de juego ilegal que acusó a los funcionarios en la audiencia en la que él mismo fue imputado por ser parte de una asociación ilícita, pero con afirmaciones que habían sido comprobadas con antelación a sus dichos. Palabras que demandaron una serie de corroboraciones en tiempo récord sobre el circuito de protección con que los fiscales sospechados, según los investigadores, daban cobertura institucional a cambio de dinero a un emprendedor de casinos clandestinos ligado a una banda dedicada a cometer extorsiones.

   El caso supone un tembladeral institucional sin parangón desde el arranque en 2014 del nuevo sistema de Justicia Penal. Las sospechas tocan explícitamente al fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, contra quien el martes se pedirá por segunda vez en nueve meses un procedimiento disciplinario por delitos presuntos. El otro implicado es el fiscal de Flagrancia Gustavo Ponce Asahad, quien es reconocido como un hombre de estrecha confianza del primero y sobre el que recaen las acusaciones más fuertes.

Puntapié inicial

Todo se empezó a hacer público hace nueve días cuando en una audiencia se indicó que un grupo criminal ligado a Los Monos había recibido información desde la oficina de un fiscal. Esa asistencia consistió en dar datos calificados a Peiti sobre el estado de la causa abierta a dos personas detenidas el 9 de enero pasado con un arma de fuego. Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra, Gisela Paolicelli y Matías Edery señalaron que estos sospechosos iban a cometer un atentado contra el casino City Center pero no pudieron por ser apresados. El que quería averiguar por ellos y que mandó a Peiti como emisario fue Maximiliano “Cachete” Díaz, quien está preso por organizar dos días después la balacera al casino y crimen de un apostador.

   Cuando los fiscales organizaron la acusación, el capitalista de juego Leonardo Peiti no fue encontrado y dictaron una orden de captura. La audiencia imputativa al resto del grupo fue el jueves 23 de julio. Un día después el defensor de Peiti, Luis Rossini, llamó al fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, y le dijo que quería hablar con él para entregar a su cliente. Baclini le respondió que para eso tenía que contactar a Serjal a fin de coordinar las acciones. “Eso no va a ser posible”, le replicó Rossini, “porque lo que mi cliente tiene para decir es grave e implica directamente a Serjal”.

   Baclini se conectó entonces con los fiscales del caso, quienes iniciaron un diálogo con Rossini en el que le hicieron saber que era imprescindible la entrega de su defendido y la inmediata imputación. El abogado les dio precisiones sin aportar nombres propios. Les contó con detalles sobre los dos años de pagos de coimas a funcionarios de la Fiscalía Regional con constancias sobre los lugares de encuentros y otros pormenores. Los pagos eran para mantener la actividad de juego ilegal de Peiti con la vista gorda de los fiscales que recibían los sobres.

En Cañada de Gómez

Arrancó entonces un circuito vertiginoso y cubierto de sigilos. Dada la extrema sensibilidad que rodeaba el tema los fiscales le indicaron a Peiti que se entregara en la Agencia de Investigación Criminal de Cañada de Gómez para que no llegara ninguna constancia a las oficinas del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario. Eso ocurrió el miércoles. Schiappa Pietra y Edery viajaron entonces a entrevistar a Peiti, quien ofreció dos testigos de su relato. Uno era su propio abogado. El otro un hombre que lo acompañaba a pagar las coimas.

   Lo que dijo inicialmente Peiti tuvo más pormenores en la audiencia en la que lo imputaron el viernes y de lo cual este diario dio amplia cobertura ayer. Sostuvo que le pagaba regularmente a Ponce Asahad en reuniones en bares ubicados cerca del domicilio del fiscal. Y que en dos oportunidades Patricio Serjal, de quien sabía que Ponce Asahad era su mano derecha, se había reunido con él para pedirle dinero.

   El abogado Rossini sostuvo que se encontró con Ponce Asahad el 24 de julio, es decir un día después de la audiencia en la que se desnudó la filtración de la fiscalía. Aseguró que el fiscal le dijo entonces: “Decile a tu cliente que no hable. Que no me nombre a mí ni a Serjal ni a mi empleado porque va a tener problemas”. El abogado le preguntó si eso era una amenaza. Según sostuvo, Ponce Asahad repuso que no era así, le recordó que le habían ofrecido a Peiti hacerlo zafar por 100 mil dólares de la pesquisa por juego clandestino y extorsión y que éste no había querido. Y que ahora debería comerse un tiempo preso pero que a los 15 días lo empezarían a ayudar. Ese encuentro fue registrado por las cámaras de la cochera donde ocurrió.

   El segundo testigo dijo haber acompañado al menos en siete ocasiones a Peiti a llevarle dinero al fiscal Ponce Asahad al edificio donde vive, en bulevar Oroño al 1200, lugar que fue allanado el viernes.

Pasos estratégicos

Al reunirse con Peiti en Cañada de Gómez, los fiscales Edery y Schiappa Pietra le informaron de sus garantías y le indicaron que en dos días sería imputado. Allí se delineó una estrategia de distracción. No se informó de la audiencia en la grilla pública del Centro de Justicia Penal para que nadie quedara en aviso. Los fiscales aspiraban a que Ponce Asahad pensara que la investigación giraba en torno del mensaje de WhatsApp que salió de fiscalía sobre los detenidos del casino pero la causa ya había virado hacia el circuito de las coimas.

   Cuando requisaron la casa de la secretaria de Peiti el sábado 25 de julio, los investigadores encontraron en un celular el back up del sistema de fotos I-Cloud donde mantenía conversaciones con Nelson "Coqui" Ugolini, empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) asignado a Ponce Asahad y que figuraba en una lista de siete personas que se habían conectado al sistema informático de fiscalía el 10 de enero, minutos antes de que saliera el mensaje de WhatsApp hacia Peiti sobre los detenidos.

Según los acusadores, ese empleado lo que hacía era pasar en forma rutinaria a Peiti información sensible desde adentro de la fiscalía y gracias a eso el acusado podía tomar precauciones ante investigaciones en su contra o preguntar por allegados en problemas. En el teléfono de Ugolini se encontró además el borrador de una denuncia anónima sobre un hecho falso contra Edery y Schiappa Pietra como un intento de desviar la pesquisa.

Seguimiento

Para entonces los fiscales se decidieron a allanar la vivienda de Ponce Asahad. Durante los dos últimos días se organizaron seguimientos al fiscal porque Peiti contó que le entregaba el dinero frente a su casa. Y el testigo que lo acompañaba dijo que era en un edificio de Oroño y Mendoza, al lado de una farmacia.

Lo notorio es que a los investigadores les costaba determinar el domicilio del fiscal porque éste daba la dirección de su pareja o la de la Facultad de Ciencias Económicas. Por eso resultó una sugestiva evidencia que alguien que decía llevarle dinero lo hiciera en un lugar que Ponce Asahad mantenía resguardado aunque vivía allí y no lo daba a conocer.

La última entrega de dinero a Ponce Asahad, se indicó en la audiencia imputativa a Peiti, fue el 9 de julio en un encuentro que quedó registrado. El empresario de juego añadió además que el fiscal en una ocasión se fue a Roma y le pidió 10 mil dólares extras. ¿Cómo sabía Peiti de ese viaje?, se preguntan los fiscales, que tienen el pasaje con el que el funcionario sospechado viajó a la capital italiana.

Peiti sostiene que nunca le entregó dinero a Ugolini. Pero éste le pasaba a Peiti de manera rutinaria resúmenes de la evolución de sus causas y de cuando existían pedidos de medidas o allanamientos. La sospecha de los acusadores es que el empleado, que sabía que transfería información a un hombre que opera fuera de la ley, no lo hace solo sino por pertenecer a un grupo favorecido con eso.

¿Cómo avanzan los investigadores para que lo de Peiti no se vea como el plan de un delincuente que busca en lo que dice una vía para zafar entregando gente? Básicamente porque existen elementos evidentes o indiciarios que avalan sus dichos. A saber: la reunión de Ponce Asahad con el abogado Rossini un día después de la audiencia de la filtración; el testigo que dice acompañar a pagar coimas en un edificio donde el fiscal vive sin consignarlo como su domicilio; y dos filmaciones de encuentros entre Ponce Asahad y Peiti hace menos de tres semanas.

Hay algo más. Peiti fue trasladado a Rosario en un móvil no identificable con tres policías de civil y sin ningún aviso. Así ingresó a la audiencia del viernes tras dos días de no tener contacto con nadie. El había dicho que cuando Ponce Asahad le pidió 100 mil dólares para eludir la causa que se le venía encima por extorsión y juego ilegal le indicó que debería contratar a un abogado. Ese profesional apareció al lado de Ponce Asahad cuando éste, en la puerta de su domicilio, rechazó las imputaciones tras el allanamiento a su departamento. Los fiscales indican que Peiti no pudo saber, porque no tuvo acceso a otra persona, que ese abogado había estado al lado del fiscal tres horas antes de la audiencia.

Los encuentros

Peiti está en libertad, según los fiscales, porque su pena en expectativa son tres años y la ley lo permite. Y a pesar de estar prófugo tres días, se entregó y aportó información que permitió profundizar la pesquisa. Es seguro que Peiti busca ventajas al hablar. Pero al hacerlo, dicen los fiscales, también se incrimina y no quedará libre de pena.

Peiti dijo que pagaba a Ponce Asahad 4 mil dólares mensuales y que tuvo dos encuentros con Serjal en los que éste le pidió dinero (uno en un bar de Rosario en compañía de Ponce Asahad y otro en un hotel de Buenos Aires). Una de esas reuniones está filmada.

A Ponce Asahad le aguarda una audiencia en la que le imputarán exacciones ilegales, alteración de evidencia, utilización de información privilegiada, cohecho y omisión de persecución. Sobre Serjal no hay prevista imputación pero la auditora general del MPA, María Cecilia Vranicich, irá el martes a la Legislatura para requerir a la Comisión de Acuerdos el inicio del procedimiento disciplinario para apartarlo de su puesto. Serjal ya tiene allí otra causa en curso desde noviembre por adquirir dos autos al dueño de una concesionaria al que 29 días antes le había cerrado una causa por delitos económicos, la que fue reabierta. Pese a ese trámite el funcionario siguió al frente del principal órgano de persecución de delitos en Rosario.

Pidieron la inmediata suspensión de los fiscales

El bloque socialista de la Cámara de Diputados provincial exigió la inmediata suspensión del titular de la Fiscalía Regional Rosario, Patricio Serjal, y del fiscal de la Unidad Especial NN Gustavo Ponce Asahad “hasta tanto se aclare la actuación de ambos funcionarios”, quienes fueron involucrados en el cobro de dinero por parte de organizaciones delictivas. Además, los legisladores requirieron que se remitan todas las actuaciones a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura (que ya fue convocada para el martes) para que se evalúe el desempeño de los mismos y se proceda en consecuencia.

   “Frente a las gravísimas declaraciones del fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, que vinculó a los fiscales Serjal y Ponce Asahad con el cobro de dinero a personas acusadas de cometer delitos para filtrarles información o no investigarlos, el bloque socialista considera que ambos funcionarios deben ser suspendidos provisoriamente de manera inmediata, mientras se realiza una investigación de fondo sobre su accionar”, señaló el diputado Joaquín Blanco.

   Asimismo, el bloque socialista pidió a la auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, que “remita las actuaciones a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura para que sus integrantes analicen la actuación de los fiscales y se dictamine sobre su accionar”.

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