La defensa de Hugo Tognoli presentó ayer sus alegatos de cierre en el juicio oral por narcotráfico contra el exjefe de la policía santafesina y otros 26 acusados. Durante casi cinco horas dos abogados fustigaron la teoría fiscal a la que tildaron de "inverosímil", "disparate" y "construcción imaginaria". Afirmaron que Tognoli nunca tuvo control sobre una clave usada en 2009 en la comisaría de Villa Cañás para informarle al sindicado narco Carlos Ascaíni que era seguido por una camioneta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Al exponer ante los jueces Beatriz Caballero, Otmar Paulucci y Omar Digerónimo pidieron declarar nula la acusación y absolver al policía, que lleva cinco años preso.

El alegato de cierre de los abogados Néstor Oroño y Federico Carignano retomó en gran parte la extensa y puntillosa declaración brindada por el propio Tognoli en diciembre. Días atrás la fiscalía pidió para él 15 años de prisión por tráfico de estupefacientes agravado por su condición de funcionario policial y por actuar en lo que denominaron como una empresa delictual.

Clave Oroño pidió la absolución de Tognoli tal como había anunciado en el primer día de juicio por este caso que desató una crisis política de alcance nacional en el gobierno de Antonio Bonfatti. En el debate oral que ya lleva diez meses se discutieron tres causas conexas. La más importante es la que tiene como acusado al exjefe policial por hechos previos a su designación al frente de la policía santafesina, cuando era titular de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones.

Lo acusan de brindar cobertura a Ascaíni, a quien desde la comisaría de Villa Cañás le informaron que una camioneta que lo seguía era de la PSA. Para consultar en el Registro de Propiedad Automotor de quién era ese vehículo se usó la clave alfanumérica "segu 210183", que había sido gestionada por Tognoli cuando era jefe de la DGPyCA. Ascaíni está acusado en el juicio de liderar una red narco y los fiscales pidieron para él una condena a 15 años.

Tognoli fue acusado de brindarle protección a partir de una escucha del 25 de noviembre de 2009, cuando Ascaíni llamó a la comisaría cañaseña y le pidió a un policía que le dijera a quién pertenecía la Isuzu blanca patente DSI 951 que lo seguía. El policía Carlos Quintana atendió ese llamado, lo reconoció por su nombre e hizo la averiguación con una clave asignada al comisario Néstor Juan Fernández, entonces a cargo de la brigada venadense de Drogas. Con esa clave determinó que la chata era de la PSA y se lo comunicó a Ascaíni.

Tras una nota en el diario Página 12, Tognoli fue detenido a fines de 2012 y poco después fue desligado. Luego volvió a ser detenido y acusado de integrar una "empresa criminal conjunta" que protegía a narcos del sur provincial con otros tres policías; entre ellos Fernández, cuyo defensor José Luis Vázquez alegó por la tarde.

Esa consulta informática fue uno de los ejes del alegato defensivo. Tognoli afirmó antes y durante el juicio que como jefe de Drogas solo gestionaba claves ante el Registro, luego las repartía entre sus subordinados y no tenía cómo saber qué averiguaciones se hacían con ellas.

"Tognoli no era usuario sino responsable administrativo. No tuvo oportunidad de saber que esa consulta se realizó, los usuarios no tenían que pedirle permiso", insistió ayer Oroño. Remarcó que no pudo hacer esa consulta para Ascaíni porque no tenía acceso a la base de datos. Según indicó, se hacían unas 600 consultas trimestrales en la provincia cuyo contenido Tognoli desconocía.

Incongruencia

Para reforzar ese argumento recordó que al menos siete efectivos policiales declararon en el juicio sobre cómo se opera en la fuerza con los llamados "segu" y convalidaron la mecánica relatada por la defensa. "Si admitiéramos la idea de la empresa criminal conjunta tendríamos que decir que Tognoli fue un clarividente. Porque asumió en 2008 y empezó a generar un supuesto descontrol en el manejo de claves sabiendo que en 2009 Ascaíni iba a necesitar una consulta al Registro Automotor", ironizó Oroño en respuesta a los fiscales Adolfo Villate y Adriana Saccone, quienes plantearon hace dos semanas que Tognoli convalidó aquella consulta y así benefició a Ascaíni.

"Tognoli no conocía ni tenía contacto con Ascaíni. Es más, ordenó investigarlo. La teoría de la empresa criminal conjunta es inverosímil", amplió Carignano. La defensa advirtió una incongruencia en el reproche fiscal porque al indagar a Tognoli dijeron que él realizó la consulta, mientras que en el alegato final solo le cuestionaron haberla "convalidado".

Falso testimonio

Los defensores pidieron además que se les abran causas por falso testimonio a cinco testigos. Uno es Jorge Likerman, del departamento de servicios informáticos del Registro Automotor, que declaró que Tognoli tenía acceso a una clave, aporte que permitió de elaborar la teoría de la empresa conjunta. Otro es su segundo, Fernando Rizzi. Se suman el exjefe de la PSA Hugo Oliveira, quien firmó los primeros informes en la causa, y los expolicías de Drogas Daniel Bertrán y Francisco Armua.

Los abogados también apuntaron al aspecto económico. "¿Dónde está el beneficio para Tognoli? Fue investigado por la Unidad de Información Financiera, el fiscal (Carlos) Covani, dos juzgados federales y no se encontró nada. Buscaron registros de yates, barcos, aviones, futbolistas y la familia de Tognoli sigue viviendo en la casa de su mujer en el barrio Las Flores de Santa Fe".

Por último hicieron un fuerte reproche al monto de la pena solicitada para el exjefe policial: "La pena que se propicia ningún fin útil puede lograr, excepto terminar de hacer añicos la ya destrozada vida de Tognoli. Lo único que se pretende lograr es el escarnio o castigo social. Tognoli ya estoicamente soportó cinco años de prisión preventiva que ahora se pretende mutar a una pena de muerte en la cárcel".

Fuente: La Capital