El próximo lunes 16 de abril, a las 9, el ex agente del Comando Radioeléctrico e integrante de la Brigada de Explosivos, Roberto Martínez Dorr podrá hacer uso del derecho a la palabra y luego, el Tribunal –integrado por los jueces José María Escobar Cello, Otmar Paulucci y presidido por María Ivon Vella– dará su veredicto sobre las pruebas aportadas en la causa. Martínez Dorr llegó el 1 de marzo al Tribunal, imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos de los que fue víctima Froilán Aguirre, cuando militaba en el Unión de Estudiantes Secundarios, en 1976.

Los abogados que representaron a Aguirre, Alejandra Romero Niklison y Horacio Coutaz, pidieron 20 años de prisión, la pena máxima prevista para los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravado por tratarse de un perseguido político, ambos en perjuicio de Froilán Aguirre y en concurso real.

En su alegato, expusieron que dentro del plan sistemático de terrorismo de Estado “se otorgó a los cuadros inferiores de las fuerzas armadas una gran discrecionalidad para seleccionar a quienes aparecieran, según la información de inteligencia, como vinculados a la subversión; se dispuso que se los interrogara bajo tormentos y que se los sometiera a regímenes inhumanos de vida, mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio; se concedió una gran libertad para apreciar el destino final de cada víctima, el ingreso al sistema legal, la libertad o, simplemente, la eliminación física”.

En ese contexto, los querellantes ubicaron a Martínez Dorr como integrante del Comando Radioeléctrico pero además, como miembro activo de La Patota, con acceso irrestricto y autoridad de acción en distintas dependencias policiales, y sobre todo en la comisaría 1ª –lugar donde Aguirre estuvo detenido– desaparecido durante casi un mes y donde fue brutalmente golpeado por el imputado. “Ha quedado acreditada la participación en la denominada Lucha contra la Subversión de Martínez Dorr, y como ya se ha probado en las diferentes causas, la comisaría 1ª era un eslabón fundamental del sistema represivo en Santa Fe”, agregaron y subrayaron que el planteo de la defensa de que la acusación contra Martínez Dorr fue por una confusión en la identidad del imputado, por tener el mismo apellido que el Personal Civil de Inteligencia, Oscar Roque Martínez, quedó desacreditada por la precisa descripción física que realizó Aguirre de Martínez Dorr, a la que se sumaron los testimonios de otros detenidos políticos que estuvieron secuestrados en la Seccional primera.

Cara a cara

Sobre la identificación del imputado, también se refirió el fiscal general Martín Suárez Faisal quien en su alegato agregó que “la convicción de Aguirre se sustenta en que al momento del hecho pudo ver claramente al imputado cuando éste se agachaba para golpearlo, también cuando se acomodaba la malla del reloj –que se le desprendía a causa de la violencia de los golpes que le aplicaba. Asimismo, pudo observar bien a Martínez Dorr cuando éste, antes de retirarse del lugar, habló con dos jóvenes que se hallaban allí alojados, aparentemente por el robo de una cartera. Uno de ellos se descompuso al presenciar la golpiza padecida por Froilán Aguirre”.

“El transcurso del tiempo desde aquel entonces –continuó Suárez Faisal– no ha presentado un obstáculo en la memoria de Aguirre a la hora de identificar al autor de los hechos sufridos, lo que encuentra su explicación en que, dejando de lado que difícilmente puedan olvidarse los rasgos físicos del autor de hechos tan aberrantes como los que aquí se investigaron, la víctima –desde que recuperó su libertad–, se encontró de manera casual con Martínez Dorr en varias ocasiones en lugares públicos –lo que no resulta llamativo, teniendo en cuenta que ambos desde aquel entonces han vivido en esta misma ciudad. En definitiva, ello contribuyó a que Aguirre pudiera conservar vigente la imagen del imputado en su memoria”. Y agregó: “Si examinamos la naturaleza de la acción y los medios empleados para ejecutarla, nos encontramos ante conductas ligadas al poder, cometidas en forma asociada y coordinada por un complejo y poderoso entramado de sistemas delictivos integrado por numerosas personas”. El ministerio público fiscal solicitó la pena de 15 años de prisión para Martínez Dorr, por considerar probado que cometió los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencias y amenazas.

Para seguir investigando

Además, el fiscal solicitó al Tribunal que ponga a disposición del Ministerio Público Fiscal las copias de las declaraciones de tres testigos y víctimas: Luis Larpín, Mario René Archelasqui y Luis Pfeiffer, para que se instruya una causa penal o, en su caso, se amplíen las investigaciones que se encuentran en trámite. Y, en la misma línea, la querella pidió que se remitan a la fiscalía los relatos de los testigos Viviana Cazol, Mario René Archelasky y Pedro Guastavino; pero además, que se remitan las declaraciones de Roberto José Martínez Dorr durante el desarrollo del juicio para que se investigue la presunta participación en los hechos de Oscar Roque Martínez, Oscar Valdéz y Silvio Ferreyra.