Tras la denuncia por maltratos contra dos adolescentes en la comisaría 4ª de Rosario —a la que se suma otra de la semana pasada — el diputado provincial Eduardo Toniolli afirmó que "no alcanza con ir detrás de los acontecimientos" y reclamó "un rol más activo de la Secretaría de Control de Seguridad". Por eso, advirtió sobre la necesidad de "una reforma policial integral que fortalezca la conducción política y el control social de la fuerza y que recorte potestades que son una puerta abierta a los abusos o que terminan sirviendo para la gestión del delito, como la detención por averiguación de antecedentes o la toma de declaraciones a detenidos en comisarías".

Hoy se conoció , quienes denunciaron que fueron detenidos y llevados a la comisaría 4ª, donde los tuvieron a un calabozo por varias horas, los desnudaron y los insultaron.

"Se suele naturalizar este tipo de situaciones porque hay un discurso bastante instalado socialmente que pretende mostrar una supuesta contradicción entre la efectividad en el combate al delito, por un lado, y el respeto a los derechos individuales y las garantías básicas por el otro" dijo el diputado del Movimiento Evita. Agregó que "esto no sólo que no es así, si no que además suele ser al revés: más de una vez, los apremios y torturas han sido el recurso de algún sector de las fuerzas de seguridad involucrado en ilícitos, para direccionar sumarios y encubrir su propio accionar delictivo".

Toniolli dijo además que " —en el norte provincial— que denunciamos el año pasado, resultan paradigmáticos: el personal policial de esa dependencia detenía a grupos de personas, las torturaba y de esta manera lograba que firmaran declaraciones auto incriminándose de robos que, presumiblemente, habían sido cometidos por los mismos agentes o por alguna banda que trabajaba para ellos". En ese marco agregó que el problema es "cuando la justicia y el poder político naturalizan estos hechos", ya que "en aquella ocasión el juez de Reconquista lo primero que hizo fue procesar a las víctimas en base a esa declaración bajo tortura, y al tiempo, cuando ya había sido clarificada la situación, el senador (Orfilio) Marcón por denunciar el hecho y defendió la actuación de los policías involucrados".

El presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja señaló también que aquel caso "fue una clara señal, que hoy se repite, de que no alcanza con ir detrás de los acontecimientos, con castigar a los responsables, además hay que ir por las reformas estructurales". Y ejemplificó que en la provincia de Buenos Aires, "en función de la historia negra de la bonaerense, se le prohíbe tomar declaración indagatoria a los detenidos en sede policial, la justicia no delega esta potestad que le es propia".

"En Santa Fe venimos exigiendo lo mismo desde el año pasado, como también la derogación de la detención por averiguación de antecedentes y su reemplazo por tecnología de reconocimiento de huellas dactilares en cada patrullero, lo que permitiría encontrar prófugos al instante sin violar la libertad ambulatoria de la población, y también sería una garantía para el mismo trabajador policial, muchas veces empujado por la superioridad a detener sin ton ni son para hacer estadísticas", cerró Toniolli.