La Justicia ordenó ayer el arresto domiciliario de los dos procesados por atacar a tiros la casa del gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, la noche del 11 de octubre del año pasado. Los acusados, no obstante, seguirán ligados a la causa y bajo un estricto control de las fuerzas de seguridad provinciales.
Prisión domiciliaria a los acusados por el ataque a Bonfatti
La medida fue dictada por la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas y alcanzó a Emanuel Sandoval y Pablo Espíndola. Al primero de ellos, conocido como "Ema Pimpi", se le atribuye la autoría material y el delito de amenazas agravadas por el anonimato y uso y abuso de arma de fuego y daño; mientras que a Espíndola, ex oficial de la comisaría 10ª, se lo acusó por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado en calidad de autor.
Según trascendió, la decisión de la magistrada se basó en en el artículo 346 del Código Procesal Penal de la provincia vigente hasta febrero pasado, que prevé la sustitucion de prisión preventiva por medidas que atenúan el regimen carcelario. En ese marco, se supo que la jueza consideró que Sandoval no tiene antecedentes penales, que estará en la casa de su madre y que no reviste peligro procesal o de profugarse. Y que Espíndola no podrá salir de su domicilio sin autorización previa.
Demencial. A los dos les imputaron el ataque a tiros a la casa de Bonfatti, en Darragueira y Gallo (La Florida) a las 21.15 del 11 de cotubre de 2013. Entonces el mandatario y su esposa estaban en la vivienda y milagrosamente no fueron alcanzados por los 16 proyectiles que perforaron ventanas y hasta la puerta de ingreso a la casa, y que fueron disparados por al menos cuatro personas que se movilizaban en dos motos.
Si bien apenas ocurrió el suceso el gobierno provincial dijo que el atentado era el resultado del accionar contra el narcotráfico que lleva adelante la administración Bonfatti, cuando la jueza de Instrucción Alejandra Rodenas procesó a Ema Pimpi y a Espíndola, refirió también a "una disputa territorial" vinculada al control de la comisaría zonal.
El procesamiento. La jueza, al procesar a los acusados, le atribuyó a Sandoval haber integrado el grupo de personas que en las motos y un auto de apoyo efectuaron "múltiples disparos con arma de fuego de guerra calibres 9 y 11.25 milímetros" contra el domicilio del gobernador. La resolución expresaba que impactaron "aproximadamente 13 de ellos en el frente y tres traspasando la puerta de ingreso" perforando diferentes paredes interiores y daños en el inmueble.
Según la investigación judicial, los ocupantes de las motos tenían sus cabezas cubiertas con "gorras o elementos similares" y respecto de Sandoval se puso de manifiesto que fue quien "intervino en la organización previa, facilitando las motos y las armas de fuego utilizadas. Asimismo le imputó la portación ilegítima de las armas de guerra utilizadas para el hecho por no tener autorización". Por eso fue procesado como "planificador, organizador e instigador del hecho".
Por otra parte Rodenas atribuyó el móvil del ataque a un problema en la seccional 10ª. "Los móviles que habrían animado el accionar de los imputados parecerían diluirse en una serie de hechos específicos y territoriales contra quienes, persuadidos de la gravedad de los hechos acontecidos en la zona con el comisario Ronald Cuñé (ex titular de esa comisaría) y el inspector de zona Bengoechea, inician una tarea vinculada a la erradicación de los episodios de conflicto, a resultas de la cual se sucede el atentado al gobernador en vano intento de sostener influencias en la zona", se expresó en el dictamen judicial.
En su descargo, Sandoval siempre sostuvo su inocencia y lo volvió a ratificar ayer en una ampliación de indagatoria que le tomó la magistrada. "Jamás haría algo así contra el gobernador, yo lo voté, lo volvería a votar y no tengo nada (en) contra (de) él", dijo el muchacho de 24 años que estuvo tras las rejas 13 meses. Además, cargó contra el comisario Cuñé, y pidió "que lo investiguen a él que se encarga de engarronar chicos y gente por cuestiones de dinero que no le quisimos dar".
Por su parte, de acuerdo al auto de procesamiento el policía Pablo Alejandro Espíndola trabajaba en la comisaría 10ª y tenía estrechos contactos con Ema Pimpi. Es más, en el escrito de Rodenas se remarca que Espíndola "lleva a la madre de Sandoval a la cárcel a visitar a su hijo" y lo procesó por encubrimiento agravado. Al oficial le secuestraron una pistola calibre 11.25 que fue utilizada en el atentado a Bonfatti.
"Se infiere con claridad que el hallazgo del arma en un Ford Fiesta depositado en la comisaría 10ª fue el resultado de la maniobra efectuada por el policía Espíndola para aprovechar la coyuntura y atacar al titular de la seccional (Cuñé), que venía obstaculizando el negocio sobre estupefacientes. La estrategia de amedrentamiento ya se había avizorado en los incendios en los frentes de las casas de la zona e intentaba coronarse logrando el desplazamiento del jefe policial para eludir sus condicionamientos", señaló Rodenas entonces. Y concluye que el atentado al gobernador habría sido consecuencia del accionar de las autoridades de la comisaría 10ª contra la banda liderada por Sandoval, "en un vano intento de sostener influencias en la zona".
Pero ahora, pasados 13 meses del hecho, la jueza dispuso que ambos procesados sigan la causa en sus domicilios. Consideró que Sandoval no tiene antecedentes penales, que estará en la casa de su madre y que no reviste peligro procesal o de profugarse. Y tanto para Ema Pimpi como para el oficial Espíndola dispuso que se articulen tareas entre la TOE, la Dirección de Asuntos Internos y la seccional 10ª para que se establezca un estricto control sobre los procesados.