Política
Jueves 21 de Diciembre de 2017

A pesar de la grieta, la Legislatura consensuó modificar el Código Procesal Penal

Para el senador Lisandro Enrico "no salió la ley ideal" ya que no se introdujeron todas las modificaciones. En Diputados aseguraron que algunos cambios eran inconstitucionales.

Ayer a la tarde la Legislatura aprobó modificaciones al Código Procesal Penal, un proyecto que fue muy discutido y que enfrentó a senadores con diputados por el tenor de los cambios. Para algunos de los legisladores fue un enfrentamiento de políticas de izquierda contra las de derecha o el garantismo versus la mano dura. El debate comenzó el año pasado cuando el Ejecutivo envió un mensaje que proponía una serie de reformas para mejorar la política de persecución del delito en la provincia.

Esa primera idea de Lifschitz cuando pasó por el Senado recibió varias modificaciones (se tocaron más de 50 artículos) donde se buscó darle una mayor participación y derechos a la víctima en el proceso judicial, mayores facultades y responsabilidades a los fiscales para la investigación y reducir lo que los senadores entendían como ventajas con las que contaban las personas que cometían algún delito. El proyecto se debatió cinco veces entre ambas cámaras.

También, en esos cambios que se introdujeron en la Cámara alta, se incorporaron figuras como la del arrepentido y la del infiltrado, que finalmente fueron excluidas en la Cámara de Diputados porque entendían que eran figuras inconstitucionales y por eso el senador Lisandro Enrico (UCR-General López), con resignación y un gran enojo, terminó admitiendo que "salió la ley posible", en referencia a lo que tuvieron que ceder para que al menos algunos de los cambios prosperen.

El legislador del sur provincial apuntó directamente contra los diputados al recordar que en la sesión en la que introdujeron cambios por primera vez advirtieron que si el proyecto que salía de la Cámara baja se modificaba no se votaba. "Algunos apostaron a que no haya cambios en la ley. Los que todavía piensan que el garantismo y el abolicionismo es una forma de orientar las decisiones de la Justicia apostaron a que esta ley no salga, ni siquiera que salga la versión de la Cámara de Diputados", dijo Enrico que aseguró que con estos cambios se dio un paso adelante, a pesar de que no fueron todos los que se pretendieron.

Después el senador aseguró que el gran escollo para el avance del debate fue el punto de la prisión preventiva donde tuvo que ceder y dejar las cosas casi como estaban. "Por ese tema de la prisión preventiva la ley casi no sale. Hoy en la Argentina hay una cantidad de detenidos y varios son exfuncionarios políticos", dijo Enrico en referencia a los diputados provinciales del kirchnerismo que fueron quienes cuestionaron con mayor dureza las modificaciones que propuso el senador.

Además, el representante de General López dijo que aunque no se logró el máximo objetivo en ese punto sí se introdujo un cambio importante. "Hoy en todos los juzgados, en todas las audiencias y en todos los juicios que se llevan adelante en la provincia de Santa Fe, si el delito no tiene una pena mínima mayor a tres años, no hay prisión preventiva posible. Con estas modificaciones que estamos haciendo queda abierta la posibilidad a que el fiscal, si considera que la persona que está llevada a juicio puede ser un peligro procesal tenga la posibilidad de aplicar la prisión preventiva aunque el mínimo sea inferior a los tres años.

Por su parte, el diputado radical Jorge Henn intentó pararse en el medio de la grieta del derecho penal que dividía a senadores y diputados al asegurar que "primó el sentido común" y que eso permitió introducir algunos cambios. "Había posiciones más cercanas al garantismo, otras en las que la violencia había que tratarse más desde lo que se denomina comúnmente mano dura. En el medio estaban quedando un conjunto de normas que garantizaban mayores derechos a las víctimas cuando es y cuando no es querellante, que pueda ser escuchada y que su opinión tenga mayor importancia", expuso.

En cuanto a los plazos de detención algunos planteaban que debía haber 24 horas más, aunque finalmente eso quedó en 48 horas más la posibilidad de una prórroga por otras 48 horas.

"Nosotros no queríamos legislar para la tribuna y que después salga un fallo de inconstitucionalidad y que esto quede en la nada", argumentó Henn y agregó: "Desde la convicción jurídica nosotros creemos que una persona tiene que estar presa cuando hay condena y que puede haber algunas excepciones donde pueda haber encierro a pesar de que no haya condena porque esa persona pueda frustrar la investigación o pueda ir sobre la víctima. Por eso la prisión preventiva quedó igual y como en la mayoría de los códigos procesales tiene que haber alguna forma de frustrar el proceso para que la persona quede detenida" sin condena".

En tanto, el diputado socialista Rubén Galassi, aseguró: "Estamos en el camino de mejorar una realidad que es flagelante para los ciudadanos. Esta reforma es importante porque le brinda al sistema judicial nuevas y mayores herramientas para responder a la necesidad de justicia expresada por la comunidad".

Derechos humanos
En su argumentación en el recinto, Enrico reiteró en varias oportunidades que la que salió no fue la ley ideal sino la posible. También apuntó en varias oportunidades de su discurso contra los diputados garantistas y aseguró que "hubo un cambio en los derechos humanos". Sobre ese punto dijo: "Como presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores hace seis años que veníamos con que los derechos humanos eran solo para un grupo de víctimas del terrorismo de Estado de la década del 70 y para el resto no había derechos humanos. La seguridad es un derecho humano como la vida, como la libertad. Esa es la mirada que nosotros queremos seguir haciendo".

La referencia a los derechos humanos del senador Enrico fue cuando exponía cuáles eran las modificaciones que se habían logrado sobre la prisión preventiva. Mientras que aseguró que uno de los logros fue acotar la prisión domiciliaria que se redujo solo a los casos de las personas mayores, las mujeres embarazadas y personas con enfermedades terminales. "El resto no puede estar presa en la casa, tiene que ir a la cárcel", concluyó.

El acuerdo final permitió destrabar un tema que se comenzó a debatir el año pasado, en momentos muy calientes. El Senado le dio la primera media sanción al proyecto cuando en el sur provincial se realizaba la primera marcha multitudinaria denominada Rosario Sangra. Las idas y vueltas del proyecto que se debatió hasta el final hicieron que el tiempo pase y la presión social por el tema de la seguridad disminuya, aunque sigue siendo una de las temáticas más importantes para todos los santafesinos. Tal vez esa fue una de las claves que permitió lograr un acuerdo.