La Legislatura realizó este jueves algunos cambios a la Ley 13.013 que rige al Ministerio Público de la Acusación (MPA) y también metió mano a la Ley 13.014, que hace lo propio con el Servicio Provincial de Defensa Penal. La nueva redacción de esas leyes hace que los fiscales titulares y adjuntos y defensores titulares y adjuntos sean removidos con el mismo procedimiento que los fiscales regionales y general y los defensores regionales y general. Eso significa que serán los diputados y senadores los encargados de acusar y juzgar a los funcionarios del MPA dejando de lado a la Auditoría General de Gestión que era el órgano disciplinario original.

Las modificaciones pasaron por ambas cámaras con un tratamiento exprés y este viernes los fiscales ya salieron a advertir que esas modificaciones pueden significar un condicionamiento a la independencia que requiere su trabajo.

En el segundo semestre de 2017 quedaron expuestas a la vista de todos las tensiones entre un amplio sector del poder político y funcionarios del MPA. El voltaje comenzó a subir con la detención del jefe policial de la Regional V, Adrián Rodríguez, en un supuesto caso de cohecho que posteriormente no fue (solo terminó imputado en la causa por las horas extras de la policía). Luego se difundieron por varios medios de comunicación escuchas telefónicas al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien aseguró que el pinchazo a su teléfono fue al menos irregular. También hizo mucho ruido el allanamiento a la Municipalidad de Santa Fe en una causa en la que se investiga un supuesto desvío de fondos hacia asociaciones civiles que estarían vinculadas con el intendente José Corral. A esta lista también se puede agregar que hay varios senadores que están siendo investigados en diferentes causas por supuestos desvíos de fondos.

Todo eso sucedió en medio de un proceso electoral que tuvo elecciones primarias el 13 de agosto y generales el 22 de octubre. Tanto Pullaro como Corral hablaron de operaciones políticas y a la par el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, puso en práctica una reestructuración de las fiscalías que corrió de esas causas a los fiscales que las tenían en sus manos: Roberto Apullán fue destinado a la oficina de Flagrancia y Turno; y María Laura Martí ahora trabaja en la oficina de Investigación y Juicio. Algunos sectores del peronismo y de la izquierda aseguraron, a partir de esos movimientos, que hubo una presión de parte del Ejecutivo provincial y del municipio de Santa Fe para que se planchen las causas que habían explotado en pleno fragor electoral.

La Asociación de Fiscales y Fiscales Adjuntos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, Fiscalía Regional Uno, advirtió en un comunicado que lo aprobado el jueves "afectaría gravemente la independencia y autonomía funcional del Ministerio Público de la Acusación, pilar básico del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, en contradicción con el sistema Republicano de Gobierno y, de esa manera, vulnerando la División de Poderes y los principios constitucionales del Estado de Derecho".

En el mismo sentido se expresó públicamente la Asociación de Fiscales del MPA provincia de Santa Fe. En un comunicado que lleva la firma de su presidente, Guillermo Apanowicz, aseguran que con las modificaciones "se ha reemplazado un modelo de régimen disciplinario legal, previsible y transparente por un sistema de dudosa constitucionalidad, que afecta la independencia de poderes, propia de un modelo republicano de gobierno".

"Al mismo tiempo deja a cada uno de los fiscales en una posición completamente vulnerable frente a los factores de poder de la provincia", se advierte en el escrito.

Por último se argumentó: "En este sentido, la asociación considera que se genera un riesgo cierto de menoscabo de la calidad institucional de la provincia dado que la nueva ley condiciona a los fiscales que pretendan impulsar una investigación contra personas con incidencia política a ser destituidos a través de una simple votación de la Legislatura".

En febrero de 2018 el nuevo sistema penal cumplirá cuatro años de vigencia. Los primeros chisporroteos entre el poder político y funcionarios del MPA y del Servicio Provincial de Defensa Penal se vieron el año pasado. En esa ocasión la Legislatura puso en marcha por primera vez el procedimiento para la remoción del entonces fiscal regional de Reconquista, Eladio García, y del entonces defensor General de la provincia, Gabriel Ganón. El primero fue suspendido de su cargo y ahora es fiscal de la oficina de Ejecución y Control de la Fiscalía Regional Uno, mientras que el segundo fue destituido a meses de que venciera el mandato de su cargo.

Ahora los legisladores, además de tener la potestad de enjuiciar y destituir a la cúpula del MPA y de la Defensa Pública provincial, también tendrán el control sobre la base de la pirámide de los fiscales y de los defensores. Eso es leído por los fiscales como una pérdida de su autonomía y, aseguran, que los deja en una posición vulnerable frente al poder político de turno.